El secuestro
El régimen de Maduro conoce bien las flaquezas del Estado chileno en materia de seguridad. En primer lugar, la porosidad de las fronteras. Y no cabe duda de que cuenta con una red de colaboradores en nuestro país, algunos de los cuales forman parte de la legión de delincuentes que introdujo en los últimos años.
Lo que queda día a día más claro, aunque el Gobierno no lo quiera o no lo pueda reconocer, es que fue una operación política. REFERENCIAL/AGENCIA UNO/ARCHIVO
Patricio Gajardo es analista político
El teniente primero Ronald Ojeda esperaba por edad su ascenso a capitán del Ejército venezolano, cuando en abril de 2017 fue aprehendido por “traición a la patria”. Siete meses después se fugó junto a otros uniformados. Estuvo escondido y reapareció en Chile, en 2021. Tras vivir un tiempo en Quillota se instaló en Independencia, en la Región Metropolitana, donde la madrugada del miércoles 21 de febrero fue secuestrado por al menos cuatro personas que simularon ser efectivos de la PDI. Un mes antes había sido incluido por el régimen de Nicolás Maduro en un listado de 33 ex efectivos acusados de conspirar para matar al presidente de facto.
Los antecedentes del caso, por ahora, apuntan a dos hipótesis: una operación de extracción de la inteligencia venezolana; o bien, un urdido plan de venganza del crimen organizado. Respecto a la segunda hipótesis, si hay un involucramiento del crimen organizado de todas maneras, contó con un impulso político, contratando los servicios para llevarlo a cabo.
Sin embargo, dado los procedimientos usados para secuestrar a Ojeda, es un operativo calcado al uso habitual de la policía política venezolana, cuando detiene por razones políticas. Y la razón es entregar un mensaje a otros refugiados, asilados u opositores activos contra el régimen de Maduro.
El mensaje es simple: el “puño de Maduro” puede actuar -y lo hace- en cualquier parte contra los opositores.
El efecto fue inmediato, ya que el nivel de preocupación en la comunidad venezolana aumentó exponencialmente y especialmente entre los que comparten el estatus con Ronald Ojeda de asilado.
Hay militares, políticos, abogados –e incluso familiares de dirigentes del régimen de Maduro- que vinieron a Chile en el más completo anonimato. En la comunidad venezolana, haya o no habido participación del crimen organizado, coinciden en que fue un delito por razones políticas.
El abogado y comunicador Braulio Jatar coincide en que el hecho es de una inmensa gravedad, más aún porque afectó a un asilado, y que al menos existe un grupo comando que secuestró a Ojeda y está operando en Chile.
El régimen de Maduro conoce bien las flaquezas del Estado chileno en materia de seguridad. En primer lugar, la porosidad de las fronteras. Y no cabe duda de que cuenta con una red de colaboradores en nuestro país, algunos de los cuales forman parte de la legión de delincuentes que introdujo en los últimos años. Varios opositores venezolanos que residen en Chile han relatado que, frecuentemente, son vigilados y hostigados por los colaboradores del régimen.
El Gobierno ha reiterado “que no va a haber ninguna conjetura, no vamos a avalar ninguna hipótesis, hasta que la investigación no confirme una dirección válida” y utilizó una expresión ambigua al decir que era un “secuestro atípico.” Con esto, gana tiempo considerando los vínculos de adhesión ideológica que algunos parlamentarios chilenos, y en especial del Partido comunista, tiene con el régimen chavista.
No olvidemos que el 18 de enero, el Gobierno chileno firmó un acuerdo de “colaboración policial” con el régimen venezolano en una ceremonia en Caracas a la que asistieron el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri. ¿Cuánto vale, realmente, un acuerdo como ese? Yo creo que es poco o nada lo que se puede esperar. Lo que queda día a día más claro, aunque el Gobierno no lo quiera o no lo pueda reconocer, es que fue una operación política.
