El legado del Presidente

Algunas horas después de que el presidente Boric rompiera el hielo en Enade con sus metáforas futboleras, el Ministro Marcel confirmaba a una audiencia ya más distendida el ingreso al Congreso Nacional del proyecto de ley que crea la “Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad”. Muchos de quienes hemos abogado incesante e incansablemente por la creación de esta agencia por ya más de una década, esperábamos con ansias confirmar en qué medida ese sueño se hacía realidad. Y luego de conocer su contenido, no es exagerado afirmar que, de aprobarse en el curso de esta administración, este podría llegar a ser el principal legado del P-presidente Boric.

En efecto, a pesar de haberse plasmado en distintos programas de gobierno, desde el de la presidenta Bachelet en 2005 hasta el del presidente Piñera en 2010 y 2018, ningún proyecto de ley pudo ver la luz (de hecho, algunos no alcanzaron siquiera a cruzar el túnel Lo Prado). Distintos grupos de expertos como el Consorcio para la Reforma del Estado de 2009, el Grupo Res Pública en 2013, el CEP y la Mesa del Acuerdo Nacional para el Desarrollo Integral en 2018, también plantearon la importancia avanzar en esta materia. Sin embargo, el custodio de la calidad de las políticas públicas nunca antes había sido propuesto con la autonomía, envergadura y claridad con que se manifiesta en esta oportunidad.

¿Por qué tanto revuelo por la creación de un nuevo servicio público en una burocracia que continúa expandiéndose? Bueno, a medida que los países crecen y progresan, sus instituciones se complejizan, y también su regulación. Eso ocurrió en Chile, y sus leyes, reglamentos y programas llegaron a formar un entramado regulatorio cada vez más complejo que rara vez se evalúa, y prácticamente nunca se simplifica. El resultado de la inexistencia de una institucionalidad de evaluación de impacto regulatorio (RIA) es el deterioro de la certeza jurídica, largos plazos para la obtención de permisos y regulaciones que no cumplen su propósito. Ya en 2018 la OCDE señalaba que nuestro Estado carecía de una institucionalidad moderna y eficaz de formulación y evaluación de impacto de políticas públicas, lo que redundaba en leyes y reglamentos cuyo diseño y discusión podría no estar a la altura de lo que el país requería, afectando su productividad y dificultando la inversión.

Chile no es el único país que ha enfrentado estos desafíos, y todos aquellos que lo han resuelto en forma exitosa cuentan con un órgano coordinador y articulador de los procesos de revisión regulatoria del Estado.

Pero la creación de una agencia no es la panacea; su gobernanza y atribuciones son también fundamentales. El proyecto del ministro Marcel entiende que en la calidad y consistencia de la regulación se juega la confianza de la ciudadanía en el Estado, puesto en la eficacia de las políticas públicas y programas sociales se juega la experiencia de las personas con el aparato público. Por ello, no escatima en darle a la nueva agencia autonomía del ciclo político dotándola de un Consejo de 5 integrantes nombrados, por un período de 5 años, por el presidente de la República de una terna ADP. Pero lo relevante, es que estos consejeros no podrán ser removidos por pérdida de confianza, sino que por faltas graves en el cumplimiento de sus obligaciones, garantizando un actuar alejado de presiones políticas. En efecto, sin esa autonomía la agencia no podría acometer su mandato legal ya que evaluar programas sociales y proyectos de ley y decretos supremos, puede incomodar a las autoridades de turno cuando ésta determine que su impacto o efectividad acarrea más costos que beneficios.

Con este proyecto de ley hemos arribado, entonces, a la primera estación de un derrotero tantas veces señalado como indispensable para modernizar nuestro Estado. Resta ahora continuar la travesía en compañía de legisladores que entiendan la importancia para el país de crear en el plazo más breve posible esta Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad.