El psiquiatra y Procultura: una dimensión desconocida

La Fundación Procultura fue creada en 2010 por el siquiatra Alberto Larraín. Fue novicio jesuita, trabajó en el consultorio de Salud Mental de Peñalolén, municipio encabezado entonces por el alcalde Claudio Orrego (hoy ex DC), a quien apoyó en las primarias presidenciales de 2013. Luego se acercó al Frente Amplio (FA) y al diputado Gabriel Boric.

La fundación obtuvo personalidad jurídica en mayo de 2010 e inició actividades ante Impuestos Internos, con la ambigüedad necesaria para realizar una serie de actividades, sin ninguna relación una con otras.
Fue exitosa la carrera de Procultura, logró convenios entre la fundación y varias instituciones estatales en una diversidad de rubros. Las actividades iban desde ayuda contra el suicidio, turismo creativo y pintar fachadas.

Los cuestionamientos surgieron a raíz del Caso Convenios, que destapó la polémica de Democracia Viva, que obtuvo fondos de forma irregular de parte del Serviu y la seremi de Vivienda de Antofagasta. Ambas instituciones públicas, de hecho, tenían en total 5 contratos con Procultura, lo que despertó las primeras sospechas por los traspasos desde la Seremi de Vivienda a la Fundación Democracia Viva.

En el marco de esta investigación, se solicitó la restitución de los montos, que aún no se entregan, lo que terminó con una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado contra la fundación por apropiación indebida.

Uno de los traspasos que llamó la atención de Procultura fue la transferencia de $629 millones para un programa de recuperación del casco histórico de Antofagasta, que consistía en la limpieza y pintura de tres edificios, y se exigió en la propuesta la capacitación de 38 funcionarios que trabajarían y elaborarían los informes técnicos. Dicho proyecto fue avalado por Miguel Crispi.

También se adjudicó un programa de prevención del suicidio por 1.683 millones desde el gobierno regional de Santiago. El gobernador de la Región Metropolitana entregó un detalle de cómo el organismo ha intentado la restitución de más de $1.000 millones por parte de la Fundación Procultura, luego de concluir sin resultados el programa. Trató de recuperar los dineros con las boletas en garantía, pero no fue posible por una cláusula de un seguro que no hacía exigible dichos documentos. La reacción del Gore Claudio Orrego en X fue señalar “esto no es un engaño sino un delito”.

A esto se suma la pregunta cómo Procultura se adjudicó tantas propuestas distintas, y en las que en muchas de ellas, era evidente la falta de experiencia. También se advirtieron contradicciones entre la ex subsecretaria Tatiana Rojas y lo expuesto por Miguel Crispi sobre el caso Democracia Viva, que hizo estallar el caso Convenios.

Rojas señaló en la comisión que informó de la situación de Democracia Viva el 7 de Junio de 2023 a Miguel Crispi y al ministro Montes. El 16 de junio se hizo público el caso por el diario digital Timeline.

La declaración se contrapone a la que otorgó el jefe del Segundo Piso, ya que dijo que fue él quien tomó contacto con la ex subsecretaria y “le dije (a Rojas) que se investigue y se tomen las decisiones que se tienen que tomar donde corresponde”. Crispi quedó en una situación complicada, recuerden que había señalado que había tenido información por “un rumor” por lo tanto, no había tomado iniciativa alguna.

Desde el Congreso habló el presidente de dicha comisión, Rubén Oyarzo (ex-PDG), quien afirmó que “sale hoy día la ex subsecretaria Tatiana Rojas diciendo una declaración totalmente contraria con lo que dijo Miguel Crispi. Claramente aquí alguien está mintiendo, y somos tontos hasta las 12 nomás”.