Mercado laboral y comercio informal ¿dónde están las soluciones?

Nuestro mercado laboral está en una profunda crisis que, en noviembre del año pasado, el economista David Bravo describió como una “emergencia laboral no declarada”. En la región de Valparaíso, la situación es aún más crítica que el promedio nacional. Un reciente estudio de Fundación P!ensa sobre el estado del mercado laboral revela que el estallido social y la pandemia han dejado efectos permanentes, impidiendo la recuperación de las tasas de ocupación previas.

El documento también muestra que la proporción de mujeres con trabajo informal, que había disminuido tras el cuarto trimestre de 2019 debido a una gran salida de la fuerza laboral —asociada al estallido y a la pandemia—, volvió a aumentar a fines de 2022, alcanzando casi el 47% de los ocupados informales. Es un porcentaje mayor al registrado antes de la pandemia, lo cual es al menos preocupante. Una reforma al mercado laboral es imperativa y urgente, especialmente ante el aumento del comercio informal que sigue creciendo a nivel nacional, sumando 82 mil personas en el último trimestre, según datos del INE.

La situación no parece tener un horizonte claro de solución. La reforma de pensiones ha dominado la agenda legislativa no solo en este gobierno, sino también en los dos procesos constitucionales y en la administración del expresidente Piñera. Este enfoque, de que una cosa es mejorar las pensiones y otra es la reforma al mercado laboral (cuando están evidentemente ligados), ha dejado poco espacio para debatir propuestas que aborden de manera integral los problemas de este último. Lo peor es que, como se ve el panorama de la actual reforma radicada en el Senado, todo indica que el tema pasará al gobierno que asuma en marzo de 2026.

En las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado no se han mostrado avances significativos en impulsar mejoras al mercado laboral. Aunque en el Congreso y en el Gobierno se están haciendo esfuerzos para mejorar la seguridad, la certeza jurídica y el respeto a las instituciones —condiciones básicas para mejores trabajos—, no hay propuestas específicas para fomentar el empleo. Un análisis de las tablas de estas comisiones durante 2024 muestra poco progreso en leyes que incentiven el trabajo y desincentiven la informalidad.

En su última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric declaró su compromiso de reducir las tasas de informalidad a mejores números que cuando asumió en La Moneda, una promesa que veremos si efectivamente se cumple a fines del próximo año. Sin embargo, el panorama parece desalentador ya que, para cumplirla, es necesario que el Ejecutivo proponga las reformas para que sean debatidas ahora, cosa que aún no ha comenzado y tampoco se sabe cuándo empezará.

Para abordar la crisis del mercado laboral necesitamos reformas integrales y políticas públicas efectivas. Esto incluye establecer leyes que promuevan el dinamismo del empleo formal, garantizando derechos laborales y facilitando la contratación. Programas de capacitación técnica y empresarial pueden fortalecer las capacidades de las personas, brindándoles herramientas para iniciar sus propios negocios o acceder a empleos mejor remunerados. Además, es crucial implementar programas de transición que permitan a los trabajadores migrar de la economía informal a la formal de manera gradual, ofreciendo beneficios fiscales, asesoramiento y apoyo durante el proceso.

Parafraseando un poco al presidente Boric, quien dijo recientemente en la sede de la UNESCO que “invertir en educación es también invertir en seguridad” —frase con la que concuerdo—, invertir en el mercado laboral también es invertir en mejores pensiones. Sin mejoras en el empleo formal y una disminución de la informalidad, los problemas de nuestro sistema de pensiones seguirán siendo una herida abierta.

¿Estará el presidente a la altura de sus promesas? Solo el tiempo lo dirá, pero es mejor que empiece a actuar antes de que la “emergencia laboral no declarada” se convierta en una catástrofe visible para todos.