El dichoso 6%

El Gobierno insiste en la aprobación de la reforma provisional, tachando de enemigo a los legisladores – ya sean de derecha, centro o centroizquierda – de la clase trabajadora. Las críticas caen en saco roto, los argumentos del Ejecutivo no convencen a nadie. La insistencia en destinar una parte de los ahorros para ser repartido entre necesitados no convence; nadie confía en el Estado.

Si el 6% adicional en las cotizaciones (léase aportes del empleador) se reparte entre el beneficiario (empleado) y un fondo solidario, esto no será un adicional sino una automática obligación impuesta a repartir una parte de la jubilación, la suma de los aportes durante su vida activa. El 6% adicional de todas maneras parece más una bandera populista que algo efectivo pues causará el aumento de los precios y servicios en general. La propuesta apunta a la ideología de la izquierda según la que todos tienen que trabajar para todos: los que por alguna razón ganan más que otros, deben – aunque de manera ínfima – aportar en el sostenimiento de los que ganan menos y, aún peor: de los que nunca aportaron o sólo aportaron durante una parte de su vida activa.

A lo que la propuesta se opone indudablemente es la meritocracia. Si la reforma realmente quiere aumentar las pensiones a cuesta de las empresas (empresarios) entonces en vez del 6% debería plantear, por ejemplo, sólo el tres o cuatro y buscar otra fórmula para recaudar el resto cuyo destino sería “la solidaridad”. No es sólo la oposición que, valga la redundancia, se opone a que el aumento se reparta, sino sin duda casi todos los futuros beneficiarios: l@s emplead@s. La diferencia entre éstos y los políticos es que éstos últimos, con justa razón, refutan la propuesta para no abrir una puerta legal a futuras intenciones ideológicas.

Otra parte de la reforma desea cambiar el sistema de las AFP que en la realidad – sin negar que es un enorme negocio para las administradoras – con su gestión comercial, usando los aportes como capital de inversiones, actualmente representa más del cincuenta por ciento del monto acumulado al jubilarse una persona. Es decir que si por ejemplo el ahorro suma 50 millones, unas 25 de ellas son el resultado de la participación de sus ahorros en los negocios donde invirtieron las AFP. En caso de que las pensiones fuesen manejadas por el Estado, el resultado sería, como máximo, un ajuste inflacionario (UF) y quizás algún tipo de interés; el Estado no está preparado para hacer negocios ni inversiones. No falta decir además que nadie, absolutamente nadie, ni una sola persona tiene confianza en un eventual manejo público de sus ahorros.

Los inmensos capitales que manejan las AFP se transformaron en uno de los motores principales de la economía. Una repente desaparición de las AFP, es decir de ese capital causaría un tremendo quiebre en el ya cojo crecimiento y dispararía un empobrecimiento general, una crisis inédita del sistema chileno. El Estado usaría los aportes para pagar sus deudas y el groseramente obeso aparato público, engordado durante los gobiernos de Bachelet e hinchado por el gobierno de Boric.

Regulando el sistema de AFP y agregando otros tipos de entidades jubilatorias, el sistema es evidentemente bueno. El Estado puede agregar una administradora oficial; aunque dudo mucho que tenga no sólo capacidad de competir, sino muchos aportantes voluntarios.

En cuanto a la solidaridad, ya me referí al fracaso de “bonuslandia”, el sistema de bonos y otro tipo de dádivas cuyo financiamiento es el bolsillo de tod@s. El reparto del bendito 6% sólo sería uno más de ellos. Hay tantos posibles recursos para la solidaridad que es casi imposible enumerarlos: reducción de autoridades, empleados públicos, parlamentarios, asesores, etc. y sus sueldos; facilitar la inversión con el consecuente aumento de recaudación; control de evasión y el empleo sin contrato (aporte)… la lista es enorme. Sólo falta la voluntad del gobierno pues no creo que encontraría oposición activando esos temas.