Propuestas para proteger y fortalecer la educación particular subvencionada

Según cálculos de Acción Educar, un 54% del total de la matrícula asiste a un establecimiento particular subvencionado. Además, sistemáticamente ésta ha sido la alternativa más preferida por las familias. Hoy, de acuerdo con los últimos datos otorgados por el SAE, el 70,1% de las primeras preferencias de postulaciones de las familias es destinado a colegios particulares subvencionados, alcanzando su máximo histórico; es por ello que, en el contexto de la tramitación de nuevas reformas educacionales, deben evitarse medidas que la perjudiquen o la dejen atrás.

La crisis del Servicio Local de Educación Pública de Atacama a fines de 2023 dejó en evidencia el estado de fragilidad en el que se encuentra el sistema educativo en la región y las dificultades de las autoridades del Gobierno para prevenir y enfrentar la situación; en tiempos en que la reactivación educativa era calificada como una materia prioritaria, los estudiantes perdieron más de ochenta días de clases, revelando además una grave falta de matrícula en el sistema público estatal y la necesidad urgente de favorecer la creación y desarrollo de instituciones particulares subvencionadas dada su mayor valorización por parte de las familias al estimar que entregan un servicio de mayor calidad.

En enero de este año, suscribiendo un Protocolo de Acuerdo y ante la evidencia del daño causado a estudiantes y sus familias, el Gobierno se comprometió a modificar la normativa que frena el aumento de cupos en el sistema particular subvencionado. Sin embargo, el proyecto presentado conserva las restricciones que impiden expandir la oferta educativa, quedándose tan solo en buenas intenciones.

En abril el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que pretende corregir las graves deficiencias que enfrenta la educación pública, no obstante, en él también establece criterios normativos que la benefician injustificadamente, al pretender que ésta pueda expandirse con preferencia en desmedro de la educación particular subvencionada.

Lamentablemente, del panorama descrito es posible constatar una silenciosa intencionalidad que va contra la evidencia, la cual da cuenta de lo imprescindible y valorada que es la educación particular subvencionada. Nuestro país, desde los orígenes de la República, ha desarrollado un sistema de educación de naturaleza mixta, el cual, si bien ha sido objeto de revisión y debate, se ha mantenido en el tiempo. Todas estas restricciones, y aquellas que se pretende implementar, perjudican el enfoque sistémico, y esto ocurre justamente cuando la realidad nacional da cuenta de una necesidad urgente de nueva oferta educativa de calidad y a eso debieran abocarse entonces las políticas públicas por venir.

Con el fin de equilibrar la situación, desde Acción Educar, hemos elaborado una agenda corta con propuestas para proteger y fortalecer la educación particular subvencionada y de esta manera, contribuir en la búsqueda de soluciones que mejoren, en el más breve plazo, la delicada situación en la que se encuentra, la cual se agravó a partir de la Ley de Inclusión de 2015, la cual generó las primeras diferencias y perjuicios. En este contexto, moderar las excesivas atribuciones de la Superintendencia de Educación y la carga administrativa e incertidumbre que genera su actuar para las comunidades educativas, así como modificar los requisitos que actualmente se exigen para impetrar el beneficio de la subvención estatal, son aspectos claves y prioritarios en los cuales se debe avanzar. Estas medidas permitirían que sostenedores, directivos y docentes, se puedan enfocar su misión educativa en beneficio de sus estudiantes, mientras el Estado asume un rol colaborador y de apoyo dentro de un sistema que debiese movilizarse por completo con el fin de proveer una educación de calidad para todos.