Chile en la encrucijada: crecimiento, competitividad y futuro

Los años electorales tienen riesgos y oportunidades. Lo primero, por la inevitable propensión a hacer promesas incumplibles. Lo segundo, porque nos mueve a proponer y debatir ideas de política pública que creemos necesarias para el progreso.

Nuestro país enfrenta hoy una poco auspiciosa proyección de crecimiento económico (1,8% anual para los próximos 10 años según el Comité Consultivo para el PIB Tendencial), un débil mercado laboral (con alto desempleo e informalidad y baja tasa de ocupación) y una importante carga fiscal (con un déficit el último año de 2,9% del PIB, muy por sobre lo presupuestado). A lo anterior, se suma la incertidumbre derivada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, nada menos que nuestros principales socios comerciales.

El contexto amerita un esfuerzo colectivo para proponer condiciones habilitantes que permitan retomar la senda, algo extraviada, hacia el desarrollo.

La caída de la inversión en los últimos años -de 26% del PIB en 2013 a 23% en 2024- es dramática, lo que requiere promover una profundización del ahorro, que también ha caído fuertemente en los últimos años, como consecuencia del retiro de US$50.000 millones de los fondos de pensiones. Para la atracción de capitales tanto nacionales como extranjeros, debe ser prioridad recuperar la competitividad tributaria, lo que implica reducir el impuesto corporativo al menos al promedio de la OCDE, que hoy se ubica en 23,5%. Aunque, si se quiere emular a los países de la OCDE más exitosos en las últimas décadas, como Estonia, Polonia o Irlanda, debiéramos bajarlo aún más.

El debilitado mercado laboral se ha visto afectado no solo por el reciente aumento en los costos de contratación asociados a la reforma previsional, sino también por el alza del salario mínimo que no se condice con aumentos de productividad laboral, y por la Ley de 40 horas. Frente a los impactos que tendrá la inteligencia artificial generativa, es necesario apuntalar el mercado laboral formal con medidas concretas, como avanzar en la ley de sala cuna, repensar el sistema de indemnización por años de servicio, potenciar las habilidades digitales de nuestra fuerza laboral y, en general, flexibilizar las disposiciones que rigen dicho mercado y así disminuir la informalidad.

Es bien sabido que el país enfrenta también un escenario fiscal complejo, con una deuda pública bruta que rasguña el 45% del PIB, considerado el nivel máximo prudente, y un pago anual en intereses que supera el 1% del PIB. Además, hemos tenido déficit en el balance fiscal efectivo en 13 de los últimos 16 años. Urge abordar de una vez los gastos del sector público que permitan también aliviar la creciente carga tributaria que han tenido que soportar los contribuyentes. Se deben priorizar medidas de control de gasto, como racionalización de programas públicos, reducir la evasión del sistema Red -ex Transantiago-, controlar el abuso con las licencias médicas de funcionarios públicos y reducir exenciones como las que ocurren en el impuesto a los combustibles.

En materia de competitividad internacional, factor clave para una economía pequeña y abierta al mundo como la nuestra, debemos seguir profundizando nuestras redes comerciales con países como los Emiratos Árabes Unidos, India e Indonesia, para diversificar nuestras fuentes de comercio en el contexto de creciente tensión comercial global.

Por último, pero no menos importante, urge que el Estado se modernice y se adapte a los estándares del mundo digital. Hace unas semanas se publicó un estudio del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, encargado por el Consejo de Modernización del Estado. De las medidas propuestas, destacan dos: avanzar en la reingeniería radical de procesos para empresas, lo que implica eliminación y fusión de permisos, y establecer una Dirección de Servicios Compartidos Transaccionales del Estado, cuya función sea operar las plataformas tecnológicas transversales -Mercado Público, Clave única, Sistema de Gestión Financiera del Estado, entre otras-, y reducir así el trabajo en silos del aparataje estatal, con mayor interoperabilidad entre las caras del Estado.

Hoy, más que nunca, debemos trabajar unidos para enfrentar los desafíos del presente y trazar un futuro próspero y sostenible. Es responsabilidad de todos impulsar reformas estructurales que fortalezcan el crecimiento, mejoren la competitividad y aseguren hacer de Chile un mejor lugar para vivir. Solo así podremos transformar las adversidades actuales en oportunidades para el desarrollo y el bienestar de las familias de nuestro país.