Familiares de DD.DD. acusan al Gobierno de trabar juicio

Santiago.- La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) acusó hoy al Gobierno de incumplir la legislación internacional en los juicios por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Según Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, el Ejecutivo traba la acción de los organismos del Estado que deben velar por el cumplimiento de esas normas.

Como ejemplo, Pizarro mencionó el inminente “desmantelamiento”, a fines de este año, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

También, “la retención, por parte del Gobierno, de más de 60 querellas que ese Programa debería haber interpuesto hace varios meses ante los tribunales”, subrayó la dirigente a los corresponsales de la prensa extranjera.

Según datos de la AFDD, desde el término de la dictadura, en 1990, el Estado chileno no supera las 40 querellas interpuestas por las casi 3.200 víctimas de ese período, aunque los procesos superan los 420, poco menos de 100 de ellos ya terminados totalmente.

La diferencia, según Pizarro, está en las acciones penales emprendidas por los propios familiares, colegios profesionales, o los propios organismos de derechos humanos.

De todas maneras, el Programa de Derechos Humanos es, desde hace al menos 15 años, parte coadyuvante en casi todos los juicios por los 1.198 detenidos desaparecidos, y sus abogados han cumplido una importante labor para el avance de las causas en los tribunales, destacó.

Los desaparecidos forman parte de los 3.200 chilenos que, según datos oficiales, murieron a manos de agentes del Estado durante la dictadura (1973-1990), mientras otros 28.000 fueron torturados o encarcelados por razones políticas.

Sólo en 2009 con la creación en Chile del Instituto Nacional de Derechos Humanos, este Programa del Estado fue habilitado legalmente para interponer sus propias acciones penales por este tipo de delitos.

Lorena Pizarro también criticó a los gobiernos de la Concertación por la Democracia por haber tenido “un tibio compromiso” para hacer parte activa al Estado chileno en estas causas.

La AFDD dijo que desde hace tres meses viene solicitando una audiencia al ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, para pedir explicaciones por lo que estos familiares consideraron una “retención” de las 60 querellas que los abogados del referido Programa han redactado.

“La defensa de los derechos humanos que el presidente Sebastián Piñera hace en sus giras al extranjero no se corresponde con lo que en Chile hace realmente su Gobierno”, afirmó Pizarro, que indicó que estas denuncias están contenidas en una carta que la FDD envió este jueves a Hinzpeter.

El jueves, el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, de quien formalmente depende el Programa de Derechos Humanos, se comprometió a agilizar la presentación de esas 60 demandas penales.

Ello, después que miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep) ocupasen las oficinas de ese Programa, para exigir un pronunciamiento sobre el asunto.

Hasta ahora, en Chile hay más de 700 ex agentes, entre militares y civiles, procesados por este tipo de delitos.

De ellos, 68 cumplen condenas efectivas de prisión, incluidos los jefes de los dos organismos represivos que sustentaron el régimen de Pinochet, los generales Manuel Contreras, que dirigió la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y Hugo Salas Wenzel, que comandó la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la anterior. 

je/ns/mr