Sernac arremete judicialmente por publicidad engañosa de pulseras 'iónicas'

Santiago.- Por no entregar información que permitiera comprobar las promesas de las denominadas pulseras “iónicas” que ofrecen una serie de efectos positivos para la salud.

 

El organismo informó que las acciones judiciales se originaron ante la venta masiva de estos productos, recordando que a principios de noviembre se exigió que las firmas aludidas informaran los criterios científicos que avalaran la veracidad de los efectos en la salud por el uso de la pulsera, “no obstante, ninguna entregó pruebas que comprobaran la promesa publicitaria“.

 

Las pulseras, que se venden en Paris como “Biolectik”, en Ripley como “Vitazen” y en Cruz Verde como “pulsera iónica”, tienen un precio cercano a los $10 mil y prometen en su propaganda una serie de beneficios como mayor vitalidad, energía, resistencia, equilibrio e incluso dilatar los vasos sanguíneos, estabilizar la presión, fortificar los huesos, equilibrar el apetito, reducir el estrés y disminuir el tiempo de recuperación después de un esfuerzo físico. Para probar estos beneficios, se dan a conocer una serie de testimonios de deportistas o actores.

 

Agregó el Sernac, en el caso de la pulsera Biolectik incluso la letra chica señala que los efectos variarán de acuerdo al “campo biomagnético” de cada persona, por lo que aunque fueran comprobables los beneficios, no serían para todos igual, pero se induce a engaño a los consumidores al no informarlo claramente.

 

“El Sernac, para tener mayores antecedentes en resguardo de los consumidores, consultó con el Ministerio de Salud, quien confirmó que la pulsera Biolectik se anuncia como un producto de utilidad médica sin tener autorización o reconocimiento como tal”, comunicó el organismo.

 

Respecto de otros tipos de brazaletes, informó que no se encontraron pruebas que avalen promesas como “potencia tu bienestar, siéntete mejor y busca el equilibrio” o “vitalidad, energía, resistencia, flexibilidad, equilibrio”.

 

Las empresas denunciadas arriesgan multas que llegan hasta las 750 UTM (cerca de $28 millones) y el juez podrá determinar la suspensión de las emisiones publicitarias cuando la gravedad de los hechos y los antecedentes acompañados lo ameriten.

 

Podrá asimismo, exigir al anunciante que, a su propia costa, realice la publicidad correctiva que resulte apropiada para enmendar errores o falsedades.