Informe DD.HH. UDP cuestiona rol de la Corte Suprema en temas indígenas

Santiago.- Tras estudiar su jurisprudencia, el informe anual realizado por la facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) concluyó que “salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado –una vez más– en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales, exponiéndolo a ser reprendido por órganos de supervisión y monitoreo de tratados”.

 

El académico Jorge Contesse indicó que pese a la vigencia del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos originarios, el Ejecutivo “no da aún muestras claras de los procedimientos que aplicará para la implementación del mismo y el Parlamento debate una reforma constitucional que interesa a los pueblos indígenas desatendiendo las recomendaciones que se le han hecho para consultarlos”. Todo esto, pese a los acuerdos posteriores a la huelga de hambre de 34 comuneros mapuche.

 

El informe entregado hoy por la casa de estudios, detectó graves falencias en la definición del mecanismo de consulta dispuesto por el Convenio 169 -dictado bajo el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet- mediante el cual “no sólo las municipalidades quedan fuera de la obligación de consultar, sino también una materia altamente sensible para la protección de los derechos de los pueblos indígenas: los proyectos de inversión”. A pesar de ir en contra del tratado internacional, el actual gobierno ha defendido su aplicación, según indica en el informe.

 

VIOLACIONES A DD.HH. DURANTE DICTADURA

 

Un avance positivo que la entidad reconoce respecto de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, es la instalación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria, pero apunta que la Corte Suprema no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a reparación de las víctimas, especialmente en el terreno de las compensaciones civiles.

 

“La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó en casi todas las sentencias del último año la demanda civil en contra del Fisco”, se consigna, agregando que el máximo tribunal reproduce de manera literal el modelo de sentencia con el cual rechaza estas acciones, como si se tratara de un formulario.

 

Otros temas que trata el informe es que con la llegada del Presidente Sebastián Piñera “se aprecia un estancamiento de las medidas adoptadas por la administración anterior en el tema de violaciones a los Derechos Humanos, ya que organizaciones de Derechos Humanos acusan al Gobierno de retener la presentación de querellas criminales”.

 

Sobre la justicia militar, el informe señala que “los casos de violencia innecesaria y maltrato de obra a Carabineros conocidos por la justicia militar han aumentado sostenidamente durante los últimos años. El Gobierno del Presidente Piñera debe definir su estrategia para dar cumplimiento a la condena de la Corte Interamericana, buscando acuerdos con el mundo militar y reexaminando las iniciativas actuales”.

 

Tareas pendientes que registra el informe son los criterios dispares para decretar la expulsión de migrantes y refugiados, esto -según el estudio- “se aparta de estándares de Derechos Humanos, e incluso decisiones de la Corte Suprema, para denegar la nacionalidad a hijos de extranjeros”.

 

En violencia intrafamiliar, pese a la creación de un marco normativo, como lo es la ley 20.066, “hasta la fecha no ha sido posible garantizar a las mujeres víctimas de violencia doméstica un acceso a la justicia que sea real, oportuno y eficaz, entre otras razones, por falta de capacitación de los operadores del sistema de justicia”.

 

En el plano de la diversidad sexual, la alusión de los candidatos presidenciales de este tema durante la campaña del 2009 “y la aparición simbólica de una pareja gay en la franja electoral del actual Presidente permiten exigir un mayor avance concreto en estos temas desde el nuevo gobierno”.

 

Otra de las violaciones a los Derechos Humanos registradas en el último tiempo es la sobrepoblación carcelaria que “ha aumentado del 45,2% al 60,6%. Las medidas alternativas a la cárcel no están siendo debidamente utilizadas. Sólo un 14% del presupuesto de Gendarmería se destina a reinserción”. (UPI)