"ANEF y modernización del Estado: al debe", por Marcelo Brunet

Siento orgullo de haber trabajado en la administración del Estado -en mi caso, la municipal. Por eso, me ha desagradado apreciar el paro de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) que impide a los usuarios de la administración ser atendidos como corresponde. 

 

 

La actual dirigencia de la ANEF se quedó atrapada en la visión sindicalista de los años 60, la de los “compañeros” y la de la “marcha popular”. Pero estamos en 2010. Y nadie les avisó. Están al debe, y nadie se los dice. Nos han acostumbrado, una vez al año y a finales de éste, a tomar palco de una discusión inútil y para el anecdotario.

 

 

Siento que a quienes hemos trabajado en la administración del Estado nos debería dar rabia y pena ver a la ANEF protestando por más o menos migajas. Concentrémonos en el tenor de la discusión: que si es un 8% o un 3% de reajuste. Que se exige que el Gobierno no reemplace profesionales por otros que considera más acordes con su cosmovisión de sociedad. Que se alega por fueros pasados de moda. Que se pide más protección para sus –cada vez menos- afiliados y más cortapisas de entrada a nuevos funcionarios. Penoso. Desfasado. Peleando por minucias. Los funcionarios públicos y el país no se merecen esto.

 

 

La calidad del empleo público es deplorable. Y la ANEF se concentra en un mísero reajuste. Ésa es la verdad. Pero después de todo, ¿para qué involucrar a  la verdad en esta discusión si la consigna vende mucho más? En virtud de ésta no se dice ni una palabra de que, tras 20 años de la Concertación, los funcionarios a contrata anual son 100.809, versus las 80.523 personas que integran plantas. Mucho menos del 10% de honorarios que se crearon en esos años. Ni tampoco que en 2006 fueron despedidos poco más de tres mil 500 funcionarios.

 

 

Menos aún se comenta de los 4.500 desvinculados al inicio del gobierno de Frei, según datos de la Dirección de Presupuestos de junio de 2010. Y ni hablar de los desafilados por doña Michelle. No, mejor concentrémonos en el reajuste; deben pensar ellos. Y piensan mal. Si quisieran proponer algo serio, podrían plantear tres o cuatro simples ideas que podrían revolucionar el sistema administrativo, quitándoles de encima a los funcionarios públicos el lastre de la percepción popular del funcionario “sacador de vuelta”,  experto en dilatar trámites y sin proactividad alguna. 

 

 

¿Qué pasaría si la ANEF propusiera un Código del Trabajo para todos? Difícilmente lo haría. Su dirigencia señala dicho estatuto como una conquista propia. Para ellos, la creación del Estatuto Administrativo, en 1945, les permitió “dejar su impronta en el patrimonio laboral de los trabajadores”. 

 

 

Impronta que hoy, por cierto, impide negociar colectivamente; permite que se queden en ella funcionarios inoperantes; evita el pago de indemnización por años de servicio a los contratados por períodos específicos e impide incentivar con mejores remuneraciones a quienes hacen su trabajo en forma eficiente.

 

 

¿Qué pasaría si la ANEF propusiera modificar el sistema de calificaciones de los funcionarios públicos, sacándolo del ámbito de competencia de sus superiores jerárquicos y concentrándolo en las manos de un ente externo? Eso existe: funciona muy bien desde hace años en el Poder Judicial y su Corporación Administrativa. Pero es difícil que lo propongan los actuales directivos: es sabido que muchos mandamases “incentivan” a los evaluadores a que pongan buena nota a sus subalternos por diversas motivaciones.

 

 

¿Qué pasaría si la ANEF propusiera reajustes plurianuales, que dependan del crecimiento económico? No habría razón para parar –ilegalmente, por lo demás- y “hacerse ver” en las calles. ¿Y si quisiera modificar el desacreditado sistema de Alta Dirección Pública por un modelo que de verdad funcione?

 

 

Este engendro, nacido producto del escándalo MOP-Gate y sellado con la mediática visita de Longueira a La Moneda para rescatar a un alicaído gobierno de Ricardo Lagos, generó una institucionalidad poco relacionada con la realidad. ¿A usted realmente le parece lógico que el director del Sernac tenga que ser elegido por un criterio no político? ¿O el director de Sernapesca? ¿O el superintendente de Quiebras? Esas simples ideas entronizan, a mi juicio, mucho más con el ideario de Clotario Blest.

 

 

Don Clotario afirmaba que “somos gremialistas y no políticos; la justicia social y la confraternidad humana son las bases de la ANEF. Buscamos el perfeccionamiento económico, cultural y social; el perfeccionamiento moral de nuestros asociados, basados en principios de honradez, disciplina y sacrificio”. Sólido. Mucho más que esta “pelea corta” que todos los años protagoniza, para la tribuna, la actual ANEF. 

 

 

 

 

 

 

 

  Marcelo Brunet Bruce es abogado y licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Teoría Constitucional y Derecho Constitucional. Es autor de “Manual de Derecho Político, Sociedad y Estado” y de variadas publicaciones científicas en el ámbito del derecho público. @marcelobrunet en Twitter.