Temen que Vivienda exija "antecedentes personales" a deudores habitacionales

“En ningún periodo de ningún otro gobierno se había hecho algo similar. Jamás”. Así sentencia la dirigenta nacional de Andha Chile a luchar, Roxana Miranda, luego de conocer un borrador de un decreto del Ministerio de Vivienda en el que se establecen los beneficios que se les otorgaría a los deudores habitacionales vulnerables y sus requisitos.

 

Según indica la letra e) del artículo 3º del decreto aún sin número -al cual tuvo acceso El Dínamo-, las solicitudes de postulación se deben suscribir en un formulario provisto por el Serviu y/o el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Y nada de eso extraña a los postulantes.

 

 
Sin embargo, dicho formulario incluye -según indica el documento- un “mandato al Serviuy/o al Minvu para requerir todos los antecedentes -inclusive los personales- que se estimen necesarios para verificar la veracidad de la información proporcionada, como asimismo el cumplimiento de los requisitos que lo habilitan para acceder a estos beneficios”.

 

Los “antecedentes personales” a los que se refiere ese párrafo se detallarían en un documento entregado a los municipios respecto a los subsidios habitacionales. En él, según explican desde Andha Chile a luchar, se alude a la exigencia de antecedentes que el Ministerio “estime convenientes”. Entre ellos figurarían “la adquisición de vehículos, viajes al extranjero y otros”.

 

Según Constanza Lizama, abogada de la Universidad de Chile que asesoró a los deudores habitacionales en el análisis del documento, asegura que “el artículo 19 nº4 de la Constitución defiende la vida privada de las personas, su honra y su intimidad. El mandato busca afectar este derecho, al requerir información de todo ámbito. Porque tampoco hace un detalle particular de qué antecedentes específicos se van a pedir, y aún cuando se tiene antecedentes específicos, son absolutamente innecesarios para lo que quiere el gobierno, que es establecer si esta familia se encuentra en una situación socioeconómica que les permita acceder a estos subsidios”.

 

También se refiere a la excepción que hace este proyecto de decreto respecto a la Ley que impide que el Servicio de Impuestos Internos (SII) entregue información de sus contribuyentes: “El artículo 35 del Código Tributario impide al SII revelar datos que los contribuyentes le entregan”. Según la abogada, “esta reserva la hace un decreto, y la prohibición es de carácter legal. Y un decreto no puede ser excepción a una ley. Y tampoco puede investigar la vida privada de las personas, porque es inconstitucional”.

 

Aún así, a Lizama le extraña que “un decreto haga una excepción a la ley. Me parece muy grave, porque en el Ministerio deberían tener absolutamente claro que con un decreto no se puede hacer una excepción a la ley. Es una cosa básica de legalidad”.

 

Respecto a la insistencia del documento en pedir más información que en gobiernos anteriores, para confirmar la veracidad de los datos, la abogada desestima ese argumento. “Ellos mismos hacen la encuesta Casen y la ficha de protección social, y aún así no creen en los sistemas que ellos mismos tienen y recaban más información”. Con eso, según Lizama, “están diciendo que las cifras que ellos tienen para ver la realidad económica del país no son veraces”.