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Actualizado el 14 de Febrero de 2020

Terremoto: Cámara rechaza informe que responsabilizaba a Bachelet

La Cámara de Diputados rechazó hoy el informe de la comisión investigadora que desde marzo a la fecha indagó las eventuales responsabilidades en la falla de los servicios públicos frente al terremoto del pasado 27 de febrero. El texto que asignaba responsabilidades políticas y administrativas a la gestión de la ex Presidenta Michelle Bachelet no alcanzó la votación requerida para su aprobación, al obtener 55 votos a favor , 53 en contra y 3 abstenciones.

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violaciones de los DD.HH.
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La Cámara de Diputados rechazó hoy el informe de la comisión investigadora que desde marzo a la fecha indagó las eventuales responsabilidades en la falla de los servicios públicos frente al terremoto del pasado 27 de febrero.

El texto que asignaba responsabilidades políticas y administrativas a la gestión de la ex Presidenta Michelle Bachelet no alcanzó la votación requerida para su aprobación, al obtener 55 votos a favor , 53 en contra y 3 abstenciones.

En el capítulo de conclusiones, el informe de la Comisión Especial planteaba, a partir de los antecedentes y testimonios reunidos en la investigación, que las falencias mostradas por la institucionalidad en materia de protección civil se debieron en gran medida a la incapacidad que tuvo la Oficina Nacional de Emergencia para afrontar la situación.

Precisaba que ello se evidencia en el desconocimiento de los protocolos y del plan nacional de emergencias que se evidenció en la ONEMI la madrugada del 27 de febrero, la carencia de idoneidad profesional de quienes se encontraban de turno ese día, la falta de iniciativa ante la incoherencia de la información entregada por el SHOA y las deficiencias del sistema de comunicaciones.

Agregaba que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) tuvo un desempeño completamente ineficiente al cancelar la alerta de tsunami que se dio en un primer momento, a raíz de la incorrecta actuación de su director en base a antecedentes falsos que arrojaron sus instrumentos y que confirmarían la mala situación del servicio.

En otra parte del documento, la Comisión Investigadora evaluó el desempeño de autoridades e instituciones frente a la catástrofe. En ese marco señalaba que “a pesar de observar personalmente los saqueos y robos producidos en Constitución y contar con vasta información sobre las distintas situaciones de desorden social en las regiones afectadas, la ex Presidenta (Michelle Bachelet) posterga sin razón explicable la decisión de decretar estado de excepción constitucional”.

Los juicios más críticos de los diputados se centraron en la ex directora nacional de la ONEMI, Carmen Fernández, sobre quien manifestaron que fue la jefa de servicio que mostró mayor cantidad de falencias durante la madrugada del terremoto.

“Sorprende su desconocimiento de los procedimientos, no sólo por su calidad de directora del servicio, sino también porque ocupó el cargo de jefa del departamento de Protección Civil de la ONEMI años antes. No asumió en plenitud sus funciones como coordinadora nacional del sistema de protección civil, mostrando desconocimiento, inoperancia y una falta de preparación para el cargo, teniendo en consideración que ella estaba llamada a ser quien encabezara en términos técnicos el sistema”, puntualizaba el Informe sobre la ex funcionaria.

También los diputados planteaban un reproche a la Contraloría General de la República por deficiencias fiscalizadoras en la implementación del Plan de Protección Civil y la detección de irregularidades y deficiencias en el funcionamiento de la ONEMI en términos de no requerir información ni ordenar sumarios.

Junto con los cuestionamientos mencionados, el Informe de la Comisión Investigadora también valoraba y hacía un reconocimiento a la acción de ciertas instituciones en los momentos inmediatos tras la catástrofe y en los días posteriores en términos de auxilio a las víctimas, brindar seguridad a la ciudadanía y colaborar activamente en la reconstrucción. Mencionaba explícitamente entre ellas a Bomberos, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas y Gendarmería, esta última particularmente por evitar fugas de reos tras la destrucción de algunos recintos penales.

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