Edificios que botó el terremoto: empresas siguen construyendo y Serviu busca acuerdos

Tras el 27-F, probablemente la imagen que más quedó en la retina de los chilenos y del mundo fue la del edificio Alto Río, derrumbado por completo a unas cuadras del centro de Concepción. Dejó 8 muertos, 7 familias derrumbadas y muchas más sin su hogar. Una triste postal de la catástrofe que se replicó a lo largo de Chile en diversas magnitudes. El sismo 8,8 grados en Richter dejó al descubierto una serie de irregularidades a nivel de construcciones, además de deficiencias de fiscalización por parte del gobierno.

 

Así como cayeron complejos sociales, también hubo daño estructural en departamentos que incluso tenían por valor superior a 100 millones de pesos. A días del aniversario del terremoto, las pugnas entre inmobiliarias, constructoras, el ministerio de Vivienda y los dueños de los inmuebles siguen abiertas. A continuación, en qué están estos procesos.

 

 

Alto Río, en Concepción 

 

El derrumbe del edificio de la constructora Socovil, dejó 8 muertos. El año pasado se cursó una querella por cuasidelito de homicidio en contra de los jefes de obra Mario Leal, José Paredes y Héctor Torres, los ingenieros Pedro Ortigosa de Pablo y René Petinelli, y los socios de la inmobiliaria Huequén y de Socovil, Felipe Parra, Ricardo Baeza y de Juan Ignacio Ortigosa.

 

El abogado de algunos vecinos, Renato Fuentealba, dice que las pericias develaron que el edificio no se cayó sólo por el terremoto. Recalca que la poca supervisión sobre las obras fue tal, que “se podría haber caído incluso por un terremoto de menor magnitud”.

 

El 25 de marzo será la formalización, pero Fuentealba alerta que “Juan Ignacio Ortigosa sigue construyendo”. El año pasado, el abogado expuso que se crearon dos sociedades para, según sospecha, evitar la responsabilidad civil, lo que fue negado por los imputados Ortigosa y Baeza. Las sociedades son Liucura Ltda. y Monteverde Ltda.

 

 

Cerro O’Higgins, en Constitución 

 

También hubo ocho fallecidos en el complejo habitacional del Serviu, Cerro O`Higgins, en Constitución. En esta ciudad de la costa de la región del Maule hay 12 personas formalizadas por cuasidelito de homicidio, cuyas penas oscilan de 61 días a 3 años de presidio. El abogado de las familias de las víctimas,  Raúl Meza, dice que cualquier acuerdo reparatorio no evita acciones civiles contra el Serviu, e incluso contra el ministerio de Vivienda.

 

Más aún, cuenta que hay conversaciones con el abogado del ministerio, con tal de evitar el litigio civil, pero probablemente todo siga su curso, ya que la indemnización, por familia, corresponde a 500 millones de pesos, “sin perjuicio de lo que se va a demandar por daño moral, lucro cesante y daño emergente”.

 

El resto de las personas que vivían allí enfrentan otro problema. El dirigente Pablo Díaz asegura  que el Serviu los está presionando a firmar un arreglo extrajudicial, donde renuncian a cualquier acción civil o penal. El Dínamo tuvo acceso a este acuerdo, en cuyo punto dos dice que “los propietarios renunciarán de modo expreso, cabal e inequívoco, a cualquier acción que estimen pudiere corresponderles y (…) desistirán de las que ya hubieren iniciado en contra del SERVIU y/o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

 

 

Don Tristán, en Maipú 

 

El 15 de octubre, por el derrumbe de este edificio, se formalizó a Álvaro Mujica, representante de la constructora Mujica y González y de la inmobiliaria Francisco de Aguirre. El empresario quedó con firma quincenal y arraigo nacional. Emilio Carreño, abogado de Morgado y Cía., dice que por delito reiterado de estafa, considerando la cantidad de propietarios del edificio, la condena podría ser de mínimo “3 años y un día”.

 

Fernando Bobadilla vivía allí, y explica que les ofrecieron subsidios de damnificados (DS-40) sin límites, que todavía no han llegado. “No sé si estarán en el parlamento o en el Minvu o en el parlamento. No los podemos usar hasta que sea oficial”, se queja el joven.

 

Bobadilla asevera además que la misma municipalidad podría resultar responsable de la caída del edificio, ya que “antes ellos inspeccionaban las construcciones. Como el edificio fue entregado el primer trimestre del 2005, estábamos con la legislación antigua”. Sin embargo, Carreño especifica que “en el proceso civil, resultan acusados todos quienes tienen responsabilidad de acuerdo a la legislación. Aquí podríamos hablar del caso concreto de Don Tristán, donde la municipalidad era la encargada de la parte técnica”.

 

Marina del Sol, en Viña del Mar 

 

Otro es el escenario de los habitantes del edificio Marina del Sol, quienes pagaron aproximadamente 100 millones por departamento a la inmobiliaria Numancia, que tiene por dueño a Basilio López, propietario de la cadena de librerías Lápiz López. “Él nos dijo que los daños ascendían a 150 millones, pero después supimos que el valor de la reparación llegaba a 1.400 millones. Desde allí, los apoyos de la inmobiliaria fueron desechados por poco creíbles”, especifica Arturo Fuentes, representante de los vecinos del edificio.

 

El Dínamo intentó contactarse con la empresa, quienes enviaron una declaración por escrito, donde aseguran que contrataron a profesionales “del más alto nivel y prestigio” para construir el edificio. Especifican que que la construcción fue “ejecutada por la empresa Vimac Ltda”. Afirman también que tras el sismo contactaron a las diferentes empresas para que se comunicaran con la administración del edificio, “con el objeto de suministrarles todos los antecedentes (…) que profesional y legalmente correspondía”.

 

De acuerdo a los propietarios, exigirán alrededor de 4 millones de dólares.

 

 

Condominio Manuel Larraín, en Talca 

 

El 11 de junio los habitantes del Condominio Manuel Larraín de Talca enviaron una carta al ministerio de Vivienda, y después se reunieron con la ministra Magdalena Matte. “Allí ella se compromete a ayudarnos” recuerda Ana María Lepe, representante de los vecinos. El ministerio repararía la techumbre y la infraestructura y ellos el entorno y el interior de los departamentos. Pero después de esa conversación empezaron los problemas.

 

A fines de agosto fueron citados a una reunión con el director subrogante del Serviu, Jaime Espíndola, pero no se había hecho el estudio de costos. “Cómo nos daban opciones o alternativas sin ver si era viable la reparación” se pregunta Lepe.

 

El presidente del Colegio de Arquitectos de Talca, José Luis Gajardo, confirma que el ministerio licitó el estudio, pero sólo respondió la Universidad de Talca, que según él está inhabilitada para hacer la evaluación. “Creo que ha faltado diálogo. Algunas de estas personas tienen más de un departamento. No son muchos, y son usados como escusa por la autoridad. Incluso están dispuestos a dejar algunas de sus propiedades para arreglar el lugar donde viven” sostiene el arquitecto.

 

La dirigenta dice que el ministerio ha intentado dar subsidios a quienes pueden aceptarlos, pero que no hay solución concreta para todos. “Ha pasado un año, y todavía no se llega a nada”.

 

*Foto condominio Manuel Larraín: Diario El Centro