“Reconstrucción: la necesidad de una mirada independiente”, por Iván Poduje

Este primer año del 27-F ha estado marcado por la ausencia de un debate público sobre los alcances del plan de reconstrucción. A nadie parece llamarle la atención que el gobierno anuncie que en apenas 10 meses se ha reparado el 50% del daño generado por el quinto terremoto más grande de la historia moderna. Más increíble es que se prometa completar la mitad restante en sólo 36 meses, con dos elecciones de por medio y siete reformas estructurales corriendo en paralelo; o que este avance supersónico se haya logrado con la obsoleta legislación e institucionalidad que tenemos, la misma que ha demorado la ejecución de planes territoriales bastante menos complejos.

Lamentablemente no se ha publicado un solo reporte independiente que desmienta o confirme estas cifras. Los centros de estudio y “think tanks” han brillado por su ausencia, al igual que las universidades que tuvieron un rol central en la etapa de emergencia, pero que ahora parecen estar concentradas en realizar consultorías para apoyar la reconstrucción, en vez de evaluar su marcha y desempeño. Su ausencia se ha notado y esto es preocupante ya que la reconstrucción requiere de una tercera opinión que mire el tema con independencia, reflexión y rigor técnico.

También preocupa la mala reacción del gobierno ante las críticas. Hasta ahora cualquier cuestionamiento o posición distinta a la oficial ha sido descalificada por algunos funcionarios y autoridades con autocomplacencia y un dejo importante de soberbia. Se ha llegado al extremo de señalar que el avance ha sido más rápido que el observado en desastres de Japón y Estados Unidos, siendo que llevamos menos de un año de reconstrucción y que el grueso de la acción pública ha sido formular planes y otorgar subsidios, pero no ejecutar obras que es lo que se reporta en los casos internacionales que se comparan.

Esta actitud debe cambiar ahora. El Estado tiene la obligación de promover instancias para debatir sobre la reconstrucción y sus funcionarios tienen la obligación de responder las inquietudes que surjan, sin tildarlas siempre de “desinformadas” u “obstruccionistas”. Los méritos autoimpuestos respecto a la rapidez, eficiencia o innovación deben estar respaldados en cifras y no en mensajes comunicacionales tipo “24/7” o en balances generales que hablan de “miles de obras en construcción” o “cientos de proyectos en desarrollo”.

Se requieren bases de datos de permisos de construcción y cronogramas que detallen cuándo y dónde se levantarán obras y cómo se resolverán las trabas burocráticas que todavía existen para ejecutar grandes proyectos. Lo mismo aplica para reportar la ubicación de las viviendas, escuelas, hospitales o proyectos urbanos entregados en estos 10 meses y que permiten concluir que el 50% del daño ha sido reparado.

Por la magnitud y extensión territorial de la catástrofe, la reconstrucción tomará años y estoy seguro que no estará terminada en este gobierno y probablemente tampoco en el próximo. Decir lo contrario es crear falsas expectativas, minimizar el daño o pensar que el asunto se resuelve reponiendo casas, que es la tarea más urgente, pero que sólo representa el 25%. Por ello, junto con avanzar rápido, se deben sentar las bases institucionales para que este proceso perdure en el tiempo.

Esta es la oportunidad para dar sustento legal a los planes maestros, para reforzar las leyes de protección al patrimonio, para crear una nueva política de desarrollo urbano o actualizar nuestros instrumentos de planificación territorial incorporando mecanismos que permitan la participación de la comunidad. Un proyecto de este tipo, más un sinceramiento de las cifras, debiera congregar a todos los sectores. A oficialistas y críticos del plan. Sería una opción inmejorable para materializar el anhelo de Unidad Nacional que el gobierno ha convocado.

Iván Poduje es arquitecto, Magister en Desarrollo Urbano. Socio de la oficina de urbanismo Atisba, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, investigador asociado del CEP y miembro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas.