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1 de Abril de 2011

Solicitarán a Contraloría revisar ordenanza municipal de Huechuraba sobre educación

El senador Jaime Quintana (PPD), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, anunció que solicitará un dictamen a Contraloría respecto a la ordenanza emitida por el concejo municipal de Huechuraba, que busca perseguir hasta con cárcel a los apoderados que no envíen a sus hijos a clases.

 

Por Andrea Medina
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El senador Jaime Quintana (PPD), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, anunció que solicitará un dictamen a Contraloría respecto a la ordenanza emitida por el concejo municipal de Huechuraba, que busca perseguir hasta con cárcel a los apoderados que no envíen a sus hijos a clases.

 

Según indicó el parlamentario “la alcaldesa Carolina Plaza y el concejo municipal, han excedido sus facultades, por lo que solicitaré un dictamen, respecto de este tema al contralor General de la República, ya que consideramos que la medida cae en un grave problema de legalidad, sobre todo considerando que no existe delito si no hay una ley que lo estipule. Si el objetivo de la alcaldesa era revertir el alto ausentismo escolar en su comuna, eligió el peor camino: criminalizar este problema”.

 

Quintana además agregó que “esta ordenanza atenta contra los principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional, como lo es el de igualdad ante la ley ya que la medida sólo perseguirá a los apoderados de establecimientos municipales, por lo que me sorprende cuando la alcaldesa señala que la constitución indica el porcentaje de asistencia que debe tener un niño para pasar de curso, situación que no se nombra en ninguna parte de la carta fundamental”.

 

El senador enfatizó que “esta es una medida absolutamente extrema, que cae en lo absurdo, sin sustento jurídico y que no debiera ser contemplada en el contexto estudiantil. Estos problemas no se resuelven con cárcel sino a través de otras vías de acción de los distintos departamentos de los municipios, que deberían revisar por qué se producen estas situaciones y tratar de, en vez de castigar a los padres, apoyarlos. Cuando la ciudadanía pone el foco en la calidad de la educación, el abuso sexual y el bullying en los establecimientos escolares, la alcaldesa Plaza busca meter a la cárcel a los apoderados, eso es inexplicable”.

 

Por último, el parlamentario indicó que “no podemos cometer más errores como los que vimos en el incendio de la cárcel de San Miguel donde murió un vendedor de CD pirata, realmente no quisiéramos ver un papá en la cárcel porque su hijo no fue al colegio” .

 

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