Proponen registro de inhabilidad para el trabajo con menores

Los diputados Felipe Harboe (PPD) y
María José Hoffmann (UDI), en compañía de los padres de Sebastián
Navarrete y Borja López, ambos niños fallecidos en establecimientos
preescolares, se reunieron este lunes con el ministro de Educación,
Joaquín Lavín, para pedir suma urgencia al proyecto que busca
sancionar penalmente las agresiones y negligencias a pequeños en
jardines infantiles y salas cuna.

Sebastián Navarrete, de seis meses,
murió en marzo de 2001 a raíz de una asfixia provocada por una
cinta adhesiva que fue colocada en su boca para evitar que continuara
llorando en un jardín infantil en Las Condes, en tanto Borja López,
dejó de existir al ser olvidado en un automóvil en las afueras de
un jardín infantil de Huechuraba, el 19 de octubre de 2010.

Harboe expresó que “el ministro
Lavín accedió a dar suma urgencia al proyecto que presenté en 2009
y se va a iniciar la pronta tramitación de éste para evitar que en
el futuro tengamos más situaciones que lamentar“.

“Este proyecto, agregó, va a ser
una iniciativa en memoria de Sebastián y de Borja, para que ningún
otro niño tenga que sufrir las consecuencias de la agresión, el
maltrato y en este caso, la muerte“, afirmó Harboe.

Por su parte, la diputada Hoffmann,
quien además es la presidenta de la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados, valoró la iniciativa de Harboe, así como
también “el testimonio de amor que están dando las familias
que con mucho dolor les ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles
y creo que este proyecto viene hoy día a regular un vacío y una
falta de conciencia en entender que estos hechos graves tienen que
tener sanciones muchos mayores“, expresó la legisladora.

El diputado Harboe presentó este
proyecto en noviembre del año 2009, luego de conocer a los padres de
Sebastián Navarrete.

La propuesta tiene por objetivo
aumentar las sanciones para las personas que ejerzan funciones al
interior de establecimientos de educación preescolar, sean salas
cuna o jardines infantiles, así como castigar a aquellos que tengan
jardines infantiles ilegales; aplicar una pena mínima de tres años
de presidio a aquellos que causen lesiones o produzcan negligencias
contra menores, ya sea guardadores, administradores o ejerzan
cualquier tipo de función en trabajo con niños, y además establece
que se cree un registro de inhabilidades para que esas personas nunca
más trabajen en alguna institución pública o privada que tenga
relación con el cuidado de menores.