La silenciosa aprobación que tiene en alerta a la agricultura nacional

El pasado 11 de mayo había poca gente en las tribunas de la Cámara Alta. La atención nacional estaba centrada en HidroAysén y en las protestas posteriores a su polémica aprobación. Nadie miraba al Senado, que aquel día dio luz verde -previo visado de las Comisiones de Agricultura y de Relaciones Exteriores- al acuerdo sobre el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91)”. Fue una votación que pasó casi desapercibida, tanto por su complejo nombre, como por el poco ruido en las gradas y en la prensa. Y a muchos les convenía que así fuera.

Pero ¿en qué consiste la “protección de las obtenciones vegetales”? En palabras simples, se trata de establecer el registro y la propiedad intelectual sobre nuevas especies vegetales y semillas. Es decir, -y he aquí uno de sus puntos más polémicos- abre la puerta a modificaciones genéticas y, por ende, a la creación de transgénicos, a la vez que adscribe a Chile a las normativas internacionales de la UPOV.

 

Pero para sus opositores, hay una arista aún más cuestionable y es que -según ellos- la iniciativa transgrediría la riqueza ancestral del país al prohibir que agricultores -sobre todo los pequeños y medianos- reproduzcan, guarden e intercambien semillas o variedades vegetales en total libertad ya que, como consecuencia de esta nueva norma, ahora pasarían a ser propiedad de empresas o particulares registradas ante el Ministerio de Agricultura. Es decir, las semillas comenzarían a tener dueño con toda la complejidad económica y legal que ello implica.

 

Para sus defensores, en tanto, la propuesta no sólo consolidaría el compromiso asumido por Chile al firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sino que también atraería inversión extranjera en un mercado que bordea los US$ 400 millones anuales por exportaciones y que ubica al país en el sexto lugar como abastecedor de semillas en el mundo, con una participación de mercado del 5%.

 

Sin duda. un sector con gran potencial de crecimiento, que dada la importancia estratégica de la votación del Senado desplegó un amplio lobby para asegurar el voto favorable de los parlamentarios.

 

El rol de Von Baer

 

En ese escenario, parlamentarios y opositores revelan que fueron claves las gestiones que en el Congreso encabezó de manera visible Erik Von Baer, padre de la ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, y dueño de la conocida empresa “Semillas Baer”.

 

El empresario de origen alemán es también el segundo vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile (Anpros), entidad que aglutina a productores, comercializadores e investigadores de semilleros y que tiene en su directorio a representantes de las Southern Seed Productions, semillas Pioneer Chile Ltda, semillas Tuniche Ltda, Agrícola Llahuen, Anasac, Syngenta y Monsanto Chile.

 

Esta última firma se ha hecho conocida en el mundo por su polémico plan de expansión adquiriendo empresas semilleras en diversos lugares para controlar un sector que es la llave de toda la cadena alimentaria. Se le acusa, además, de ser responsable junto a un par de otras transnacionales de la contaminación transgénica del maíz campesino, entre otras acciones cuestionables.

 

Según fuentes parlamentarias, Von Baer, ganador del Premio Nacional a la Innovación Agraria 2008, llegó hace poco más de un mes hasta la comisión de Agricultura del Senado, acompañado de varios productores de semillas para “exponer sus puntos de vista”.

 

El empresario habría advertido que de no ser aprobada la iniciativa “corremos el peligro de que nos vayan a embargar cualquier envío de fruta o de semillas en el extranjero ya que estamos incumpliendo un acuerdo internacional y arriesgamos castigos”.

 

Para el padre de la ministra, la propuesta permitirá, por ejemplo, estandarizar la calidad de las semillas y consolidar a Chile como país productor de semillas de calidad. “Chile puede ser un Silicon Valley de la genética vegetal, pero si no tenemos un marco legal que proteja esas innovaciones y tecnologías, nadie se va a dedicar a eso”, dijo al diario Austral.

 

Opositores

Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram asegura que los que están a favor “alegan que sólo se patentarán nuevas variedades, pero Chile no tiene ninguna ley de protección a plantas naturales o nativas, entonces con esto será fácil que se patenten especies originales”, advierte, al tiempo que acusa un discreto, pero amplio lobby de las grandes empresas.

 

“Los intereses de la industria estuvieron “bien representados por Alberto Espina (RN), Juan Antonio Coloma (UDI y Carlos Larraín (RN). Ahora todos sabemos también quién es este señor Erik von Baer”, ironiza la ejecutiva de Terram.

 

Desde la oposición, la senadora Ximena Rincón (DC) concuerda que “la aprobación de este Convenio abre la puerta a los cultivos transgénicos, a los vegetales genéticamente modificados y estoy en contra de aquello”. En la misma línea se pronuncia su par del PPD, Jaime Quintana.

 

Asimismo, las organizaciones sociales y ambientales reclaman que no han sido escuchados y que la semilla campesina está en peligro. Por ello Rincón y el senador Alejandro Navarro (MAS) pidieron al Gobierno más tiempo para transparentar e informar a la ciudadanía sobre el alcance de esta iniciativa.

 

El presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), también entró al ruedo al sostener que la Comisión de Medio Ambiente debe igualmente analizar el convenio porque “tiene que ver con la obtención de semillas, los transgénicos y eso significa que hay muchos pequeños agricultores y comunidades indígenas cuyas especies van a ser patentadas”.

 

Tras su aprobación en el Senado y en las comisiones de Agricultura y Relaciones Exteriores, el proyecto ahora está en manos del Presidente Sebastián Piñera, que tiene las facultades de veto. Y eso es lo que reclaman ahora los parlamentarios de oposición y los pequeños agricultores.

 

El senador Quintana dice además , que espera “amarrar” el proyecto de transgénicos, que también se discute en el Senado a la espera de modificaciones y un paso atrás en esta iniciativa.

 

En tanto, esta mañana los senadores Rincón, Navarro y Quintana anuncieron que recurrirán al Tribunal Constitucional para impedir que el proyecto sea promulgado por el Presidente Piñera. 

  

Datos de la industria

– Monsanto controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica. Syngenta, Bayer y Dupont/Pioneer, son otros gigantes de la industria. – En Chile, la empresa agrícola Anasac -ligada a la familia Nun- vendió a Monsanto los activos del negocio de procesamiento y exportación de semillas de maíz y soya en la comuna de Paine en una operación por US$19 millones. Anasac se convirtió así en distribuidor y proveedor de Monsanto Company que aumentó en 25% su producción. – La producción local de Monsanto -que se concentra en las regiones Metropolitana y Del Maule, además de algunos lugares específicos en Arica o Quillota- corresponde en un 70% a maíz, 28% a soja y 2% a canola, dejando a Chile dentro de los primeros siete países que más producen para la firma. – Otros de los interesados en que la idea prospere son Chile Bio, entidad que pertenece a la red internacional CropLife, con presencia en más de veinte países. Las compañías que lo componen son: Dow AgroSciences, Monsanto, Pioneer, Syngenta. – Según informaciones de prensa, semillas Baer vende anualmente casi 1,3 mil millones de pesos y controla el 44% de las semillas certificadas de trigo, el cultivo con más superficie de Chile y el 80% del lupino, además de cuotas importantes en el mercado de la cebada y el raps.