El proyecto del Gobierno que permitirá producir y vender transgénicos en Chile

El pasado 11 de mayo el Senado  dio luz verde al convenio Upov91, que permite la obtención de ciertos derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. La iniciativa, aprobada sigilosamente en la Cámara Alta, provocó un alto revuelo por su efecto en el mercado de los transgénicos.

Si bien las empresas productoras esperaban que el convenio se cerrara, no lo hacían con las mismas ansias con que aspiran a que se despache del Congreso el proyecto sobre “bioseguridad de vegetales genéticamente modificados”.

La iniciativa -que es por la que se han jugado transnacionales como Monsanto, Pioneer, Anasac y Syngenta- nació como una moción parlamentaria presentada el 15 de noviembre de 2006 por los senadores Eduardo Frei (DC), Alberto Espina (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Andrés Allamand (RN) y Fernando Flores (ex PPD).

¿Qué proponía? Que se produjeran y comercializaran transgénicos en el país, cuestión que está prohibida por ley. Y es que en la actualidad las empresas que generan este tipo de productos, están obligadas a enviarlos al extranjero. La posterior comercialización de productos modificados genéticamente solo es posible vía importaciones.

Pese a lo prometedora que parecía la propuesta para las compañías del agro, ésta fue perdiendo fuerza en el Senado. Eso, hasta que el 13 de abril de 2011 el Presidente Sebastián Piñera envió una indicación sustitutiva para reactivarla.

En ella, el gobierno señala que “el uso liberado de un vegetal genéticamente modificado (VGM) por primera vez en el territorio nacional con fines de cultivo para consumo humano y/o consumo animal y forestal deberá ser autorizado por el Ministerio de Agricultura”. Además, resalta que “entre los objetivos de la presente ley está regular la comercialización de alimentos derivados de VGM presentes en el mercado nacional”.

El lobby de ChileBio

Quienes conocen de cerca el proceso, afirman que el segundo aire que tomó el proyecto se debe al fuerte lobby desplegado por las grandes transacionales que operan actualmente en el país como Monsanto, Pioneer, Anasac y Syngenta, llevan años abordando el tema con distintos parlamentarios.

Los representantes de las señaladas firmas  se agruparon en ChileBio, una asociación gremial que se ha impuesto como objetivo principal darle impulso a este proyecto de ley.

En este sentido, han encontrado un apoyo particular en el senador por Arica y Parinacota Jaime Orpis (UDI), que incluso habría acompañado a los empresarios en sus visitas a la región, donde están instalados varios de los cultivos nacionales y transnacionales.

Con el objeto de impulsar el proyecto, que hoy está en primer trámite en el Senado, ChileBio ha tomado contacto con  el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, quien -además- es amigo personal del presidente del panel de Monsanto Chile, Alfredo Villaseca.

Dura  oposición

Sin embargo, los gigantes del agro están inquietos por la embestida de algunos miembros de la Comisión de Medioambiente del Senado, como Antonio Horvath y Alejandro Navarro, que han exigido que el proyecto de algunas garantías mediambientales.

En la Comisión de Agricultura, en tanto, Ximena Rincón (DC) y Jaime Quintana (PPD) han manifestado abiertamente su desacuerdo con esta iniciativa, tanto es así que el 17 de mayo pasado anunciaron que acudirían al Tribunal Constitucional. Los parlamentarios además han apelado a que se acelere la tramitación del proyecto que obliga la rotulación de transgénicos.

Disputa en tribunales

Un punto no menor en esta pugna, lo constituye la decisión del Consejo Para la Transparencia, que mediante un dictámen el 25 de junio de 2010  pasado obligó  al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) a transparentar la ubicación de los cultivos transgénicos en el país. Una decisión que en su momento fue valorada por el senador Horvath, quien aseguró que “es muy importante que la comunidad sepa dónde se trabaja con transgénicos, sobre todo para adoptar los resguardos necesarios”.

Sin embargo, las empresas optaron por la vía judicial para impedir que se dieran a conocer sus datos de producción públicamente. Así,  24 de las 26 empresas involucradas -entre ellas Monsanto y Anasac- interpusieron un recurso de ilegalidad, sobre el cual se pronunciará la Corte de Apelaciones en las próximas semanas.