En agosto comienza demolición de edificios colapsados por el terremoto en el Biobío

El intendente de la región del Biobío, Víctor Lobos, informó este miércoles que a partir de agosto van a comenzar con las demoliciones de los edificios que resultaron colapsados tras el terremoto del 27/F, con una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos. Iniciarán con el Alto Río, Torre O’Higgins, Alto Arauco y Torre Libertad.

Según el intendente Lobos, se eliminó la vía jurídica que exigía a los copropietarios un documento de desistimiento de emprender acciones legales en contra del Estado antes de deconstruir, y en el último mes se le entregó una propuesta al Ministerio del Interior que “fue acogida en 48 horas, en el sentido de atenernos estrictamente a lo que establece la ley General de Urbanismo y Construcciones, que dice que es obligación del municipio, una vez que se ha dictado un decreto de demolición, por peligro público, es obligación del municipio demoler”.

“El problema es que el municipio no tiene recursos y nosotros gestionamos el traspaso de casi 5 mil millones de pesos desde el Ministerio del Interior a la Municipalidad de Concepción, traspaso de fondos que ya se ejecutó. Enseguida hicimos que entre la Municipalidad de Concepción y el Ministerio de Obras Públicas se nombrara al Ministerio de Unidad Ejecutora Técnica, para que ellos lleven a delante todo el proceso de llamado a licitación, asignación de contrato y demolición”, apuntó la autoridad.

El MOP ya llamó a licitación a las 11 empresas que están inscritas en el registro, como especialistas en demolición, por lo que en dos semanas se van a tener los respectivos presupuestos, para realizar los contratos a la espera de la toma de razón de la Contraloría Regional, y según el intendente del Biobío, “le vamos a pedir el máximo de celeridad para que ayuden en este proceso. Por lo tanto, estaríamos dentro del mes de agosto iniciando la demolición de los edificios”.

Sobre posibles acciones legales en contra del Estado, Lobos señaló que “los copropietarios, como cualquier ciudadano, tienen el derecho a hacer valer sus derechos y demandar a quien corresponda. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, por razones de bien común, es demoler estos edificios porque son un riesgo para la ciudad, pero ellos están en su pleno derecho a después presentar las demandas que corresponda”.

Para la próxima semana se espera que la autoridad del Gobierno del Biobío se reúna con los copropietarios para recién darles a conocer el proyecto y para conocer sus aprensiones.