Crisis educacional: los intereses que comprometen a los parlamentarios

Mañana, el ministro Joaquín Lavín llegará hasta la biblioteca del Congreso para explicar, ante la comisión de Educación del Senado, los alcances de los anuncios realizados por el Presidente Sebastián Piñera para terminar con las movilizaciones estudiantiles.

El secretario de Estado se acercará hasta el legislativo flanqueado por los senadores UDI Andrés Chadwick y Pablo Longueira, quienes desde el Senado han defendido su labor en el Mineduc y las modificaciones anunciadas por Piñera, que consideran -entre otros puntos- la modificación del sistema de financiamiento, y la creación de una Subsecretaría de Educación Superior y de una Superintendencia destinada a regular el lucro en las universidades. Todas, iniciativas que de seguir adelante suponen cambios importantes en el sector y abren el debate sobre los pilares que sostienen el sistema educativo en su conjunto.

Así la discusión en el Congreso estimula también la necesidad de transparentar no sólo el rol de los parlamentarios en el tema de la reforma educacional sino también sus reales intereses en la misma.

El propio Lavín ha debido dar más de una explicación por su actual vínculo -si es que sigue exitiendo- con la Universidad del Desarrollo de la que fue fundador. Pero él, junto al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, no son los únicos. Y es que hay varios parlamentarios que mantienen vigentes nexos con universidades y establecimientos educacionales y que aún no expresan públicamente su intención o no de abstenersecuando el proyecto esté en condiciones de ser votado en el hemiciclo.

Y el listado parte por el propio escudero del ministro Lavín, el UDI Pablo Longueira, que aparece como miembro de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, según constan en la propia página web de este plantel. Un cargo que asumió en representación de los herederos del fallecido socio Marcelo Ruiz.

Pero el actual vicepresidente gremialista no es un caso aislado. Y las declaraciones de patrimonio presentadas por senadores y diputados en el Senado y la Cámara, respectivamente, dan cuenta de ello. Estos son algunos de los vínculos que verificó El Dínamo a través de esos documentos, alguno de ellos justificados por tener hijos en el citado establecimiento:

– Senador Jovino Novoa (UDI): The Grange School S.A. Registra 2 accciones tipo A por un valor de $200 mil y 8 acciones tipo B por un monto de $736 mil.

– Diputado Mario Bertolino (RN): Colegio Inglés Católico. Posee 0,36% de la propiedad, correspondiente a 8 títulos de dominio.

– Diputado Eugenio Bauer (UDI): Sociedad inmobiliaria educacional La Cruz. Aparece con un porcentaje de derechos de 0,01%.

– Diputado Juan Carlos Latorre (DC): Universidad Pedro de Valdivia. Es miembro de la junta directiva de la joven universidad.

– Diputado Ernesto Silva (UDI): Universidad del Desarrollo. Hijo del rector y fundador de la institución, Ernesto Silva Bafalluy.

– Senadora Soledad Alvear (DC): Universidad Miguel de Cervantes. Su marido, Gutemberg Martínez, es rector del plantel.

De este grupo, tan sólo la parlamentaria falangista ya ha anunciado su inhabilidad por los vínculos de su marido con un plantel educacional. “Me he inhabilitado en otras ocasiones y por cierto que me que voy a inhabilitar cuando se discuta algún proyecto de educación superior“, afirmó la legisladora.

¿Conflicto de interés?

Según el presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, la decisión de Alvear debiera ser imitada por los demás congresistas. “Que los parlamentarios se inhabiliten es la medida más razonable, sería extraño que votaran”, aseguró el dirigente.

Jackson agrega que si un diputado o senador tiene vínculo o participación en algún establecimiento “debería transparentar todas sus acciones, toda su participación, como lo hemos exigido con el ministro Lavín para que no se generen espacios de desconfianza”.

El ex ministro de Eduación concertacionista, José Joaquín Brunner, agregó que todos losparlamentarios que tengan una situación similar, y que de alguna manera sientan que puedan tener su juicio comprometido al momento de votar sobre materias como las que están en este momento en discusión, deberían inhabilitarse de votar.

“No me parece que sea una medida mínima ni máxima, es la regla común que en estas materias se aplican y que debieran regir para ésta o cualquier otra ley. De hecho, así está establecido en el código ético que rige a los parlamentarios, el problema es que cada cual tiene que saber y tomar la decisión”, recalcó.

Quien se mostró llano a inhabilitarse fue el diputado Latorre. Eso sí, aclaró que su relación con la Universidad Pedro de Valdivia carece de conflicto de interés a su juicio, pues participa en su junta directiva ad honorem. “En todo caso mi opinión es categórica, no debiese existir lucro en la educación, y es en ese entendido, aclaro, que he participado allí por una invitación”, subrayó.