Caso La Polar: comisión debate responsabilizar a ministros de Hacienda

El lunes a las 11 horas llegaron puntualmente a la sede del Congreso Nacional en Santiago los diputados  Gonzalo Arenas (UDI), Fuad Chahín (DC), Marcelo Díaz (PS), Juan Manuel Edwards (RN)  y Miodrag Marinovic (Ind). El grupo había sido mandatado la semana anterior por el resto de los integrantes de la  comisión de Economía de la Cámara Baja para afinar el texto con las conclusiones de la comisión investigadora del caso del caso La Polar.

La instancia parlamentaria aspira a aprobar en la sala de la Cámara Baja un escrito consensuado para determinar las responsabilidades políticas en el escándalo que estalló en el mes de junio, cuando salieron a la luz las repactaciones unilaterales de la empresa que afectaron a casi un millón de clientes, desatando una debacle bursátil y un conflicto político que salpicó a este y al anterior gobierno por la falta de regulación con que ha operado el retail.

El Dínamo tuvo a acceso a parte del borrador que trabajan los legisladores -que hasta el momento acumula cerca de 15 páginas- y que en su parte central explicita el consenso entre la oposición y la Alianza sobre la  culpabilidad de los directores y ejecutivos de La Polar, que lideraba el ex gerente general de la empresa, Pablo Alcalde. De hecho, los diputados van más allá y se aventuran a hablar de hechos constitutivos de delitos. “Los responsables directos son los ejecutivos y directores de La Polar S.A. en la perpetración de hechos de carácter delictual, en especial los que formaron parte del comité de directorio. Con su actuar se transgredió lo preceptuado en los artículos 10 y 59 de la ley de mercado de valores y 39, 41, 46 y 50 bis de la ley de sociedades anónimas”, señala el documento preliminar.

Los legisladores también  apuntan a realizar un diagnóstico que sitúe este tema más allá de un perjuicio al consumidor, sino que exponga el caso como ejemplo de las falencias de la regulación del Estado al sistema financiero.

¿Cómo consignar esas falencias de las instituciones del Estado? Ese es el punto que genera discrepancias al interior de la comisión.

La Concertación ha dicho que está dispuesta a que esa crítica generalizada llegue también a quienes ejercieron cargos claves durante los gobiernos de la Concertación por su inacción  al no regular estas áreas y no adoptar medidas proactivas, dado que había múltiples señales de empresas cometiendo abusos. Y en ese marco hay disposición para que salgan al ruedo los nombres de los ex ministros de Hacienda Nicolás Eyzaguirre y Andrés Velasco (hoy en carrera presidencial). “Vamos a generar un reproche general y eso incluye a los últimos ministros de Hacienda, al Banco Central y a las superintendencias de Valores y Seguros, de Bancos y de Pensiones”, dice un integrante concertacionista de la comisión.

En un principio la idea de apuntar a las administraciones pasadas le  pareció atractiva a la Alianza, según comenta una fuente UDI. Sin embargo, al interior del gremialismo el asunto ha sido motivo de debate y de más de una reunión de análisis, pues varios creen que la atractiva oferta en realidad puede ser un boomerang, pues deja en una posición muy debil al actual ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien incluso podría quedar expuesto a una  acusación constitucional.

Otra fuente gremialista comenta que -incluso- varios al interior de la bancada UDI le reprocharon al diputado Arenas su disposición al diálogo con la Concertación por los costos asociados para las autoridades del gobierno de Sebastiàn Piñera. Tanto es así, que fuentes de ese partido aseguran que la  bancada habría designado a los diputados Frank Sauerbaum y Gustavo Hasbún como emisarios para reescribir parte de las conclusiones, aunque ello signifique llegar a la Sala con un informe de minoría.

Miembros de la comisión sostienen que otro punto de conflicto ha sido la forma de consignar la responsabilidad que les cabe a las superintendencias de Valores y Seguros, de Bancos y de Pensiones, ya que unos son partidarios señalar a sus actuales titulares como responsables y otros estimann que lo correcto es señalar a la entidad sin personalizar.

Dentro de las Superintendencias la más cuestinada por la comisión es la de Bancos, que hoy dirige Carlos Budnevich. “Hay una responsabilidad institucionalidad de la Superintendencia de Bancos a partir del año 2007. Nosotros entendemos que a partir de una circular del Banco Central en 2007, ellos debieran ser responsables de la fiscalización de las tarjetas y el tema financiero del retail. Estimamos que eso no se cumplió, el fenómeno de La Polar viene a lo menos de 2006 y 2007 y entendemos que la ‘súper’ de bancos debió fiscalizar in situ La Polar, dado los antecedentes que tenía”, afirma el diputado independiente por Magallanes, Miodrag Marinovic.

Sernac

Otro punto de discrepancias fuertes entre los miembros de la comisión es la asignación de responsabilidad al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Fuentes de la comisión comentan que al respecto hay dos posiciones nítidas: quienes creen que la mayor responsabilidad es del ex director de la entidad José Roa, postura que defiende con fuerza el RN Juan Manuel Edwards,  y quienes evalúan mal la gestión del actual director José Peribonio, postura en la que están  concertacionistas como Fuad Chahín.Y las diferencias se han explicitado a gritos en la comisión, según comentan.

“No estoy dispuesto a negociar sobre la responsabilidad de José Roa. El recibió más de 1300 denuncias sobre La Polar durante su mandato y su cargo lo obligaba a que cuando hubiera más de 50 denuncias debía iniciar una mediación colectiva. Quieren empatar y a Peribonio lo acusan por no avisar a la Superintendencia de Bancos, cuando él inició la mediación con sólo 198 casos”, dice Edwards.

Informe es lapidario con PricewaterhouseCoopers

Un punto que concita adhesión transversal es la responsabilidad de la auditora externa PricewaterhouseCoopers y de las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Chile, claro que entre los integrantes de la comisión hay matices.  La responsabilidad es evidente en opinión de los parlamentarios de la Concertación, pero la Alianza quiere que el informe consigne lo siguiente:  “Los hechos indican que la empresa auditora externa no habría actuado con la diligencia y cuidado, limitando su lugar sólo a la detección de errores contables y no de fraude”. En cambio, la Concertación quiere cambiar los conceptos y afirmar que la empresa auditora actuó con “negligencia” y “falta de cuidado”.

“No quisimos hacer tanto juicio de valor, sino que contrastar los hechos, además la gente ya tiene un claro juicio sobre esto y sabe que los responsables básicos son los directores y gerentes por querer tratar de defraudar a los accionistas y a la gente. Por lo tanto, nosotros no nos hacemos cargo más de eso y le damos énfasis a las propuestas”, afirma uno de los legisladores, quien recuerda que la SVS está realizando una investigación sobre el rol de Price.

Y sobre  el rol de las AFP, el diputado RN Frank Sauerbaum  dice que “para nosotros hay poca cautela, poca rigurosidad entre quienes pertenecen al directorio y representan a las AFP porque tienen una participación cuando se hacen las inversiones. Nosotros consideramos poco riguroso que se invierta en acciones y no se haga el seguimiento respectivo o que en ocasiones los directores no participen en las juntas“.

Propuestas de la instancia

La idea de los legisladores que participaron en la instancia es clara: reformar el marco regulatorio en que se dan las operaciones financieras para evitar la repetición de casos como La Polar. “Estos informes tienen que generar las bases para una nueva institucionalidad porque no resuelven la parte judicial, penal ni civil, entonces lo que tenemos que hacer es responderle a la ciudadanía y tenemos que llegar a que estas cosas no vuelvan a suceder”, afirma el UDI Gustavo Hasbún.

Por ello, están estudiando diversas propuestas. Entre estas destacan: cambios normativos a empresas auditoras y clasificadoras de riesgo en general, para dotarlas de poder efectivo. Para eso, ponen como ejemplo el caso Enron en Estados Unidos, el que a partir de la actuación de una clasificadora llevó al gobierno a aumentar las facultades, incluso permitiendo la fiscalización de las cuentas corrientes de los ejecutivos sospechosos de malas prácticas.

De hecho, plantean establecer un comité de expertos auditores que, a su vez, revise el trabajo de los auditores externos y exigir por regulación firmas de auditoras distintas para la auditoría de estados financieros y para los informes de procedimientos.

También apuntan a restringir a una cantidad “razonable” los directorios en los que puede participar una persona. Sauerbaum plantea que “es un chiste, hay directores que tienen la misma responsabilidad en 15 empresas, son directores de 15 empresas. Eso en EE.UU. no existe. Humanamente es imposible tener en la cabeza 15 estados financieros de empresas distintas y hacer una buena labor”.

Otra alternativa que se plantea es generar un aumento de penas a los delincuentes económicos. “Es fundamental que Chile empiece a sancionar con fuerza estos temas y establecer sanciones a entes que, debiendo hacer su ‘pega’ no la hicieron, y también ajustes normativos, como aclarar si las responsabilidades del retail, del ámbito financiero y del comercio dependen o no de la Superintendencia de Bancos”, afirma Marinovic.