Caso Bombas: Vocero de Defensoría apunta a responsabilidades de Interior
El vocero Andrés Rieutord dijo que "a pesar de toda la potencia y fuerza que el Ministerio Público ejerció en esta causa, a mi juicio, tanto la actuación de la defensa pública como la resolución de los Tribunales fue ajustada a derecho".
El vocero de la Defensoría Pública en el Caso Bombas, Andrés Rieutord, aseguró que el organismo cuestionó constantemente la actuación del Ministerio Público, y consideró que “la resolución de los tribunales fue ajustada a derecho”, a pesar que se excluyeran el 70 por ciento de las pruebas que había recopilado el Ministerio Público para inculpar a los imputados.
El abogado señaló que “permanentemente, la defensa y la Defensoría Penal Pública en particular instaron por revisar y cuestionar la actuación del Ministerio Público”. Rieutord aseguró que habían más de 30 tomos de evidencia por la defensa para lograr este objetivo. “Lo que queda en cuestionamiento, es cómo se puede levantar una acusación de este tipo, y que de inicio el propio Ministerio Público retire evidencia, considerando la gravedad de las medidas cautelares impuestas a estas personas”, detalló el profesional a ADN HOY.
La vocería agregó que “a pesar de toda la potencia y fuerza que el Ministerio Público ejerció en esta causa, a mi juicio, tanto la actuación de la defensa pública como la resolución de los tribunales fue ajustada a derecho al final, sin perjuicio de la gravedad de todo esto, para que se operara acorde a la legalidad del procedimiento”.
Respecto al sobreseimiento planteado para el Caso Bombas, el abogado de la Defensoría Pública explicó que en los próximos días tendrán que resolver si piden sobreseimiento respecto de todos o de algunos de los imputados. Además aclaró que hay que hacer la diferencia de qué cargos quedarían sobreseídos, pues son dos cosas diferentes.
Rieutord afirmó que pueden existir posibles responsabilidades civiles para los fiscales por la situación, aunque sostuvo que el Ministerio Público es independiente del Ministerio del Interior. Esto, respecto a las presiones del Ministerio en el caso, que incluyeron un cambio de fiscal, trasladándose Alejandro Peña a la secretaría de Estado.
“Es una situación bastante grave, conocida públicamente, entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, y ellos tendrán que zanjar cualquier situación al respecto”, afirmó el profesional, quien en lo personal señaló que “entiendo que el Ministerio Público es un ente autónomo, y sería importante tener esta situación como ejemplo”.