Caso La Polar: Diputados votarán informe que responsabiliza desde ministros a ejecutivos de la empresa

¿Negligencia o falta de diligencia? Esa era la interrogante que generaba mayor discusión entre los diputados miembros de la comisión de Economía, que se constituyó como investigadora del fraude crediticio de la empresa La Polar, para dictaminar la actuación de las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros en el escándalo de repactaciones unilaterales de la multitienda.

Finalmente, la primera moción se impuso entre los diputados que redactaron el informe y los entes reguladores serán calificados como negligentes en el documento de 26 páginas que se votará el próximo miércoles en la comisión y posteriormente en la Sala de la Cámara de Diputados. Pero eso no es todo, porque también se consensuó sindicar responsabilidades a los ministros de Hacienda de los últimos años y también para el Banco Central por la inacción al no realizar cambios para tener una legislación que detecte eventuales fraudes colectivos como el que ocasionó el retailer.

En ese sentido,  el texto destaca que el sistema financiero en Chile está poco regulado y que  el actual marco normativo posibilita la comisión de ciertos delitos. Por ello, el documento responsabiliza a Hacienda y al instituto emisor, además de las superintendencias, como instituciones y no a quienes ocuparon los cargos, desde 2006 en adelante. Pese a ello, se infiere que en Hacienda se apunta a las administraciones de Nicolás Eyzaguirre, Andrés Velasco y Felipe Larraín y en el ente rector a Vittorio Corbo y José de Gregorio.

Uno de los miembros de la comisión comenta que el texto “hace un juicio crítico respecto a que Chile no ha hecho las reformas correspondientes para enfrentar los abusos del sistema que eran evidentes desde hace tiempo. En ese marco, critica la debilidad del Banco Central y de quiénes han ejercido como ministros de Hacienda en los últimos años”.

El acuerdo se fraguó el miércoles a las 18 horas entre el UDI Gonzalo Arenas, el PS Marcelo Díaz, el independiente Miodrag Marinovic y el DC Fuad Chahín -con la ausencia del RN Frank Sauerbaum-, pero pese a que hubo un consenso, aún falta que la comisión vote el documento, paso que se dará el próximo miércoles 5 de octubre, y para esa instancia se espera un rechazo claro de los RN Juan Manuel Edwards y el mencionado Sauerbaum, y el independiente ex DC Pedro Velásquez, por lo que la aprobación, que no estaría en duda, no será unánime. El informe ya ha sido discutido al menos por la bancada del PS y la DC, y  existiría disposición para que se apruebe, pese a que también cuestiona a las ex autoridades de la Concertación.

Una de las principales discrepancias que existía al interior de la comisión era el rol del Sernac, el que en algún momento de la investigación se personalizó en las figuras de José Roa, ex director de la entidad, por no actuar directamente cuando tuvo noción de los casos de repactaciones unilaterales; y de Juan Antonio Peribonio, actual responsable de la institución, a quien se le cuestionó la tardanza al informar a otros organismos, la decisión de efectuar una mediación colectiva entre la empresa y los consumidores. En ese caso, integrantes de la Coalición por el Cambio y de la Concertación optaron por no responsabilizar a los personeros y más que una acusación formulan un solo un reproche por la poca anticipación con que se actuó.

Donde no hubo discusiones fue en la responsabilidad de directores y ex ejecutivos de La Polar, a quienes se apunta como los grandes gestores de la estafa masiva a los consumidores repactados. Lo mismo ocurre en el caso de la auditora PriceWaterhouseCoopers y de las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Chile por sus falencias en la detección de las prácticas irregulares que perjudicaron a casi un millón de personas.

Propuestas

Además de responsabilizar a diversas instituciones, el documento propone una serie de medidas para mejorar el panorama regulatorio en Chile. En ese sentido, plantean aumentar las penas a los delincuentes económicos, configurar el delito de estafa colectiva y, por sobre todo, clarificar las atribuciones de cada organismo estatal.

También apuntan a cambios normativos a empresas auditoras y clasificadoras de riesgo en general. En ese sentido, uno de los ejemplos citados por los legisladores fue el caso Enron en Estados Unidos, el que a partir del actuar de una clasificadora provocó que el gobierno incremente las facultades de supervisión, entregando incluso permiso para pesquisar las cuentas corrientes de los ejecutivos sospechosos de malas prácticas.