Informe de DD.HH de la UDP condena violencia y represión en movimientos ciudadanos

“Las violaciones de derechos provocadas por funcionarios de Carabineros que se han mostrado en otros años, como los asesinatos por la espalda de jóvenes mapuche en la Araucanía, tomaron la forma de funcionarios presionados por mantener el orden público sin aparente contención política a los límites de su actuación. A las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanza aguas disolviendo marchas pacíficas en lugares residenciales, y los jóvenes denunciando fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados en marchas estudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen, y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta”.

Estas son las algunas de las apreciaciones contenidas en el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2011  de la Universidad Diego Portales, que viene haciendo un seguimiento del tema desde el año 2007, tras las primeras movilizaciones sociales de los estudiantes secundarios. “Durante 2011, la protesta se ha situado en el centro de la noticia; se han realizado las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia, pero su masividad y la atención que han recibido hasta ahora contrasta con la satisfacción de los derechos involucrados”,  se señala en el capítulo Protesta social y derechos humanos, que efectúa  un escrutinio del comportamiento del Estado de Chile a la luz de los estándares internacionales a los que se ha sometido voluntariamente, y de sus disposiciones constitucionales.

Estas percepciones son relevantes para comprender el entorno de restricciones que enfrenta la protesta social en Chile,  afirma  la investigación, tanto desde la perspectiva del  ejercicio de derechos constitucionales, como de restricciones que van desde amenazas de prohibición a regulaciones innecesarias o injustificadas en una democracia, y proyectos de ley que buscan desplazar el eje de responsabilidad por el resguardo del orden público desde el Estado a los particulares.

Las mismas actitudes inciden directamente en la forma en que intervienen las fuerzas de orden y seguridad pública, se agrega.

En relación a este tema, se recomienda, entre otras medidas, derogar el Decreto Supremo 1.086, que data del año 1983. ” Además de ser un instrumento de jerarquía inferior a la ley –lo que sitúa al Estado de Chile en situación de incumplimiento de los estándares–, permite, en contra del texto expreso de la Constitución, la prohibición del ejercicio del derecho de reunión”, se señala.

Sobre Carabineros: “uso de la fuerza innecesaria es un delito”

Sobre la actuación de Carabineros, se afirma que el uso de la fuerza innecesaria es un delito y que se debe promover una reforma legal de los procedimientos de investigación internos de la institución. “A la fecha, dichos procedimientos son informales y carecen de efectividad. Los ciudadanos que desean formular sus reclamos contra las actuaciones policiales desproporcionadas carecen de un debido proceso en su favor”, se puntualiza.

El Informe 2011 fue presentado a la prensa por su director y editor general, el académico Jorge Contesse, en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. A las 18.30 horas de hoy se realiza el lanzamiento oficial, con la participación del decano de la Facultad de Derecho UDP, Juan Enrique Vargas, del propio Contesse y de la abogada y ex Defensora Nacional, Paula Vial, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer y la Senadora de la República, Lily Pérez, quienes comentarán el estudio.

La novena versión del Informe revisa sucesos relevantes desde el punto de vista del respeto y protección de los derechos humanos ocurridos durante el último año. En particular, se da seguimiento y se exploran situaciones nuevas en relación con los siguientes temas: Verdad, justicia y memoria: las violaciones a los derechos humanos del pasado; Protesta social y derechos humanos; Política criminal y derechos humanos; Sistema penitenciario y derechos humanos; Justicia militar y derechos humanos; Derechos humanos de las mujeres; Derechos humanos de los pueblos indígenas; Diversidad sexual y derechos humanos; Energía, justicia ambiental y derechos humanos; Derechos humanos en la relación de trabajo: el caso del acoso moral. Cada uno de los capítulos culmina con recomendaciones al Estado de Chile.

Tragedia en cárcel de San Miguel

Este año, el Informe enfoca el tema de las condiciones carcelarias a partir del incendio de la cárcel de San Miguel, a fines de 2010.

“Entonces los chilenos nos enteramos de lo que meses antes había causado gran impacto a quien era ministro de Justicia, Felipe Bulnes: las condiciones en que viven los presos no son dignas para ningún ser humano, así haya cometido un delito grave. Numerosos reportes, de organismos estatales y no estatales, lo venían advirtiendo por años, pero la autoridad política y penitenciaria parecía preocupada de otras cosas, sin atender lo que son sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

El texto sentencia que la tragedia tuvo su origen en una política penitenciaria deficiente, con recursos escasos, falta de competencia de quienes deben administrar las cárceles y ausencia de mecanismos institucionales para cautelar los derechos de los internos, y en una política criminal expansiva que ha traído como consecuencia el hacinamiento incesante de los recintos penitenciarios.

HidroAysén

En medio ambiente, el Informe saca al pizarrón  al proyecto HidroAysén, aplicándole un test de justicia ambiental que permite vincular los resultados del proceso de evaluación ambiental de proyectos energéticos con los estándares de derechos humanos. La realización de este proyecto y otros similares, se advierte, puede  significar “una discriminación sustantiva, de hecho y sistémica, en tanto supone la generación de desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros”.

El capítulo sobre derechos  de los pueblos indígenas analiza por primera vez  los problemas que enfrenta el pueblo rapanui en materia de derechos fundamentales, violados sistemáticamente a lo largo de su historia, según el estudio. “La creciente demanda por entregas de terreno, el crecimiento sostenido de la población rapanui, lo vulnerable del ecosistema y lo reducido de la superficie de la isla hacen urgente una decisión colectiva y consultada sobre los destinos del territorio”, se sostiene.

En el ámbito laboral, se llama la atención sobre el acoso moral en el empleo (o mobbing)  un fenómeno que pareciera ser invisible pero extendido – de acuerdo a las escasas cifras existentes- y que finalmente ha sido  reconocido y abordado por los tribunales y parte de la doctrina especializada. En ese marco se mencionan casos donde existen fallos judiciales,   como el de Nora Melo, que fue objeto de humillaciones por haber adoptado la religión musulmana.

Entre los avances, el Informe destaca el proyecto de ley sobre acuerdo de vida en pareja, APV, que el gobierno envió al Congreso incluso con la oposición de parte de sus propias filas. Y en el plano internacional, el juicio que lleva adelante al Corte IDH contra el Estado de  Chile por el caso de la jueza Karen Atala, cuyo fallo se conocerá en 2012. Sin embargo, también advierte que las  reformas a la ley antiterrorista y a la justicia militar continúan al debe en lo que a estándares internacionales se refiere. Lo mismo que ocurre con la discusión de la ley antidiscriminación.

Por último,   se informa en detalle un caso denunciado por el propio Informe (2009), el del joven José Huenante, desaparecido en 2005 en Puerto Montt  en circunstancias no aclaradas y que involucra a miembros de Carabineros. “Este caso ha pasado por la justicia penal reformada y la justicia militar y ambos sistemas han sido incapaces de determinar responsabilidades y, menos, sancionar”, se afirma, “por ello se requiere avanzar de una vez en una reforma integral, que abandone el modelo de fuero o privilegio de nuestra justicia militar para dar paso a una verdadera justicia especializada”.