El abogado antipinochetista que se convirtió en el favorito del gobierno

Desde inicios del gobierno de Sebastián Piñera su rostro se ha vuelto recurrente en La Moneda. Según propia confesión “hay ocasiones en que tengo que ir 3 ó 4 veces al día y hay semanas en que voy una vez” a Palacio. Juan Domingo Acosta Sánchez es hoy uno de los abogados penalistas más reconocidos y exitosos entre sus pares. Titulado en 1984 de la Universidad Católica, es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y socio del estudio jurídico Espina, Zepeda y Acosta, donde comparte con el senador RN Alberto Espina.

Su rol creció en importancia conforme fue avanzando el gobierno. Una de las primeras causas con las que comenzó a ganar notoriedad entre quienes hoy componen el Poder Ejecutivo fue cuando en representación de diputados de la Coalición por el Cambio solicitó la incautación de los computadores de La Moneda para determinar una eventual triangulación de fondos en el cambio de mando del gobierno de Ricardo Lagos a Michelle Bachelet. Por esa fecha, también asesoró a Corfo ante el escándalo que desató Inverlink.

Pese a su cercanía a miembros de RN y a que actualmente figura en la nómina de contratos con la subsecretaría del Interior -como “asesor de los centros de atención a víctimas del programa de seguridad y participación ciudadana en coordinación con el Ministerio del Interior”, con un sueldo bruto mensual que supera los 3 millones de pesos- se  declara “independiente”. Y recalca orgulloso que siempre fue contrario a la figura del dictador Augusto Pinochet. “Sigo siendo antipinochetista porque su gobierno no era democrático. No es algo de lo que me avergüenzo. No milito y no voy a militar en ningún partido político”, aclara.

Acosta ganó reconocimiento público entre 2010 y 2011 por participar -y ganar- en el juicio más bullado mediáticamente de los últimos años al defender a la familia de Diego Schmidt-Hebbel y conseguir cadena perpetua para María del Pilar Pérez, más conocida como la “Quintrala”, y su sicario.

Pero a la par con este rol, también representó en varias ocasiones al Ejecutivo ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en proyectos del área penal. El estudio del que es socio participó en la redacción de la Ley Antiterrorista y él tuvo a su cargo, además, la representación del gobierno ante el Congreso para defender el procesamiento de los mapuches en huelga de hambre por esa figura penal. Recientemente también se le ha visto en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sustentando el proyecto que busca establecer un registro público de pedófilos y prófugos de la justicia.

Fue en el marco de esa discusión en la Cámara Baja donde tuvo un intercambio apasionado de opiniones con Juan Pablo Mañalich, penalista de la Universidad de Chile e hijo del actual ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien afirmó que además de “desprolija” desde el aspecto técnico, la iniciativa “resulta infamante y que, al respecto, debe tenerse en consideración que el derecho penal moderno suprimió las penas que tienen tal carácter, por estimarlas incompatibles con la dignidad humana”.

Acosta, por su parte, defendió la legalidad de la iniciativa al considerar que “el proyecto se refiere, en consecuencia, a una pena existente en nuestro ordenamiento jurídico, de modo que no puede sostenerse que haya un retroceso en la evolución de nuestra legislación penal”.

Ley Hinzpeter

Su último papel de notoriedad pública fue la redacción del polémico proyecto de Ley de Orden Público, propuesto por el Gobierno para endurecer las penas a aquellos que incurran en saqueos o intenten armar barricadas, debido principalmente a las violentas escenas de desórdenes que se han visto en los últimos tres meses, en el que compartió roles con el ex ministro de la dictadura, Miguel Otero.

El senador Espina lo califica como “un tipo brillante, trabaja gratis para las comisiones que asesora en el Senado y siempre se le ha consultado sobre diversas materias. A estas alturas deben ser unas 50 leyes en las que le hemos preguntado. Por ejemplo, en la Ley de Responsabilidad Juvenil, en la Ley de Femicidio y la última fue la Ley de Antidiscriminación”. Agrega que su cercanía con el Presidente Piñera se arrastra desde hace algunos años, pese a que no cree que sean amigos. “Sí lo conoció y dimensionó su capacidad cuando debió revisar sus cuentas en la campaña presidencial anterior a esta a raíz de unas facturas falsas”, cuenta Espina.

En ese sentido, desde Palacio destacan su proactividad. Al respecto, Acosta dice que “aunque tengo contrato con el Ministerio del Interior si me piden que vea algún proyecto que prepara la Segpres lo reviso. No soy amigo de María Luisa Brahm, pero la conozco desde hace años porque ella iba un curso más arriba que yo en la universidad“, comenta Acosta.

A su vez, el abogado Juan Pablo Hermosilla destaca su rol independiente. “Lo ha sido toda la vida. Es un tremendo abogado, introvertido, pero muy cálido y meticuloso. Cercano al centro y antipinochetista”.

Actualmente ejerce como docente de pregrado en la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello, casa de estudios en la que imparte el ramo de derecho penal y en la que además toma exámenes de grado. En el marco de esta activididad  en la UNAB, Acosta también ha generado un estrecho vínculo con el decano de Derecho,  Gonzalo Cordero, ex “samurai” de Joaquín Lavín y uno de los seis socios directores de la empresa de asesoría comunicacional Azerta, que -así como Acosta en el área legal- se ha vuelto una de las favoritas del gobierno en el área comunicacional.