Cárcel de San Miguel: Informe asegura que un 83% de los anuncios del gobierno no se han cumplido

Al cumplirse un año de la tragedia de la cárcel de San Miguel, donde 81 reos perdieron la vida en un incendio, el Centro Democracia y Comunidad hizo público un informe que indaga sobre el nivel de cumplimiento de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para combatir el hacinamiento en los centros penitenciarios.

El informe de 41 páginas, titulado Informe de sobre el sistema carcelario chileno y compromisos de gobierno,  asegura en sus conclusiones que de las 42 mejoras propuestas por La Moneda tras el incendio, tanto estructurales como de gestión en los centros penitenciarios, sólo se han ejecutado 7,  es decir un 17% , mientras que el 83% restante no se han cumplido.

“A casi 2 años de gobierno, habiendo transcurrido dos Cuentas Públicas del 21 de mayo, la tramitación de dos presupuestos nacionales y tres olas de propuestas en la materia de cárceles, el avance de las medidas anunciadas es muy deficiente”, dice el informe, agregando que “las mejoras en el tema penitenciario formaban parte del programa de gobierno de la Alianza. A ellas se sumó, en octubre de 2010, una propuesta llamada “11 medidas en 90 días”. Entre otras, se contemplaba la implementación de sistemas de vigilancia a distancia a través del uso de brazalete electrónico, iniciativa que aún se encuentra en el Parlamento pendiente de tramitación. Otras, como las que buscan solucionar el déficit de camas y frazadas para los condenados, no registran la compra de los artículos”.

En el caso de otros anuncios que involucran proyectos de ley, como el reemplazo del Sename por el Servicio Nacional de la Infancia y de la Adolescencia dependiente del Ministerio del Desarrollo, los indultos conmutativos a quienes tengan beneficio de salida diaria o cumplan reclusión nocturna, o las reformas a Gendarmería, las iniciativas aún no ha sido ingresadas en el Congreso.

Adicionalmente, existen trabas para la fiscalización ciudadana. En efecto, la página de Transparencia Activa no funciona con los contenidos básicos exigidos por la ley, como por ejemplo, mantener actualizada la publicación de la dotación, y el sistema OIRS tiene una línea telefónica que está congestionada y quienes atienden no cuentan con información suficiente.

El texto del reporte hace hincapié en que, si bien tanto en el actual gobierno como en los anteriores puede observarse una tendencia hacia el cumplimiento de los estándares internacionales en materia carcelaria, mejorando las condiciones en que se encuentran los presos, “esa mejora ha sido lenta, la planificación es insuficiente y la situación se mantiene crítica, especialmente respecto al hacinamiento”.

En cuanto al detalle de los cambios prometidos, el informe hace una distinción entre las medidas de cambio estructural, centradas en “el cambio de alguno de los pilares que influyen y podrían resolver los problemas de hacinamiento, de trato indigno, rehabilitación y sistema penal para menores y adolescentes“, y las de mejoramiento de la gestión, que “mejoran las condiciones de vida de los reclusos” y guardan estrecha relación con los primeros, que son de base.

Las mejoras que implican un cambio estructural son las que presentan el grado de avance más escaso. En ellas, la tasa de cumplimiento es de un 9,5%, “es decir, se han cumplido totalmente 3 medidas de un total de 21”, indica el Centro Democracia y Comunidad.

Respecto a las mejoras de gestión, detalla el documento, “el seguimiento resultó muy complejo”, situación que -según el informe- sería un reflejo de la forma poco clara en que han sido tratados hasta ahora los temas carcelarios y penitenciarios. Según la  Asociación de Funcionarios de Gendarmería, “a excepción de la erradicación de la práctica de auto alimentación, ninguna medida (…) ha sido cumplida a cabalidad”. Si bien se han tomado medidas tendientes a disminuir el hacinamiento en algunos centros, como el femenino de San Joaquín, “el precario nivel de cumplimiento de estas medidas es preocupante, ya que la intención inicial de cumplirlas era de 90 días y ha transcurrido un año“, señala el Centro Democracia y Comunidad.

Finalmente, el informe indica la detección de otros problemas a lo largo del desarrollo de la investigación. Se señala que habría una falta de comunicación entre las autoridades del Gobierno, Gendarmería y SENAME para “la evaluación de políticas públicas, fijación de prioridades y asignación de presupuesto”.

También se encontró “una debilidad del presupuesto asignado al sector” el que no sería suficiente para la construcción de los recintos penales requeridos “ni tampoco para su adecuada mantención”. Los fondos serían también insuficientes “para las subvenciones al sector privado y los programas de reinserción“, destacando que en dichas circunstancias, la realización de reformas estructurales se vuelve “doblemente compleja”.