Fiscalía estudia interrogar a ministros de la Suprema por adjudicaciones de contratos
Según fuentes del Ministerio Público, a los ministros se sumarían otros funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que habrían tenido conocimiento de los cuestionados procesos de licitación.
La reunión entre el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, tuvo una antesala en la cita que sostuvieron el mismo Juica con los integrantes del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), a primera hora de la mañana de ayer. En ella se decidió la entrega a Chahuán de los antecedentes sobre la cuestionada adjudicación de contratos para la construcción de tribunales.
El informe entregado al Ministerio Público contiene la auditoría y el sumario que descubrieron la concentración del 83% de los contratos de edificación en la constructora Cosal S.A. y sus inmobiliarias relacionadas: El Vergel S.A., Juan XXIII y Centro Iquique. Todas ellas, vinculadas al empresario Samuel Levy. El monto involucrado asciende a los $ 63 mil millones, por proyectos llevados a cabo entre 2005 y 2007.
Entre 2007 y 2011, las firmas relacionadas con Cosal se adjudicaron nuevos contratos en licitaciones públicas, por un total de $ 13 mil millones. La mayor cantidad se concentra en el año 2009, donde hubo 39 licitaciones de infraestructura institucional, según la página web del Poder Judicial, con inversiones por $ 29.780 millones. Ocho de estas licitaciones quedaron en manos de Cosal, El Vergel, Juan XXIII y La Frontera, por $ 8.555 millones (28,7% del total).
Junto a Milton Juica, en la reunión estuvieron presentes los ministros Sergio Muñoz, Rubén Ballesteros y Patricio Valdés, consigna La Tercera. Luego de ésta, el timonel del máximo tribunal le hizo entrega a Sabas Chahuán de los antecedentes, los que incluían el audio de la sesión del CAPJ donde Juica recomendaba no denunciar los hechos, ya que por la envergadura de la investigación “nos podemos ir a las pailas”.
Desde el Ministerio Público anunciaron que en el curso de la investigación podrían deponer “ministros de la Corte Suprema que integran el Consejo Superior”, a lo que se sumarían ex funcionarios del CAPJ que tuvieron conocimiento de estos procesos de licitación.
Ayer, Chahuán ratificó que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abriría una investigación de oficio para determinar si existen o no ilícitos en los procesos de adjudicación, señalando que los antecedentes serían derivados al fiscal regional Andrés Montes “para que se instruya una investigación, para ver si hay un delito penal más allá de una falta administrativa. Se va a tratar de hacer lo más rápido posible, sin que implique ligereza”.
