Escala conflicto entre Interior y Transparencia: Ubilla recurre al TC por correos electrónicos
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se niega a revelar el contenido de unos mails donde le solicitó a la Gobernación Provincial de Melipilla, que restituyera más de 300 millones de pesos destinados al proceso de reconstrucción en la comuna más afectada por el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Un nuevo capítulo en la pugna entre la Subsecretaría del Interior y el Consejo Para la Transparencia, por el contenido de correos electrónicos donde la repartición le exigió a la Gobernación Provincial de Melipilla que restituyera $305 millones que eran para labores de reconstrucción, se escribió el pasado lunes 26 de diciembre.
Ese día el subsecretario Rodrigo Ubilla Mackenney, envió al Tribunal Constitucional un requerimiento -incluyendo un informe en derecho del abogado Luis Cordero- relativo a la privacidad de los email entre funcionarios públicos.
“Venimos a entablar acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, solicitando se declare la inaplicabilidad del inciso 2º del artículo 5º de la Ley 20.285, de 2008, sobre Acceso a la Información Pública, en la parte que dice “y toda información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”, señala el escrito.
Según el subsecretario del Interior, la exigencia del CPLT para que transparente el contenido de los correos electrónicos vulnera la Constitución de la República, pues estos “no serían información pública, sino reservada que se encuentra protegida por las garantías del artículo 19 Nº 4 y 5 de la Carta Fundamental”.
Asimismo, añade que el criterio sostenido por el Consejo Para la Transparencia, en cuanto a que los servidores públicos y autoridades, por el solo hecho de serlos, no gozan de ciertas garantías constitucionales -como la vida privada, la inviolabilidad de las comunicaciones y el debido proceso-, “vulnera, de la misma manera, el derecho a la igualdad ante la ley, por tratarse de una distinción arbitraria y contraria al principio de proporcionalidad, siendo, por tanto, ilegítima”.
Terremoto en Melipilla
El reclamo de ilegalidad se generó luego que el 8 de febrero de 2011 se conociera la devolución de los fondos a través de un informe de la Controlaría. Ante esto, el alcalde de Melipilla –la comuna de la Región Metropolitana más afectada por el terremoto del 27 de febrero de 2010– Mario Gebauer (PPD), le pidió explicaciones al Ejecutivo.
Sin embargo, invocando la causal de secreto del artículo 21 N°2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la repartición de Ubilla aseguró que “dar a conocer dichos antecedentes vulneraba la esfera de la vida privada” de las autoridades.
Tras la respuesta, el jefe comunal concurrió al Consejo para la Transparencia que, luego de revisar los antecedentes, consideró que sí correspondía que se transparentaran los oficios, memorandums y correos electrónicos remitidos desde el Ministeio del Interior a la Gobernación Provincial de Melipilla y viceversa.
La acción legal ante el Tribunal Constitucional no es la única que ha presentado la subsecretaría, pues antes de recurrir al TC, Rodrigo Ubilla envió a la Corte de Apelaciones de Santiago otro reclamo de ilegalidad.
