Fiscal del caso Tsunami: “Chile merece saber lo que pasó”
De acuerdo a lo señalado por la prosecutora Solange Huerta, lo que se busca son responsabilidades de tipo penal, técnica y no política ni administrativa.
Según la fiscal a cargo de investigar las responsabilidades tras la fallida alerta de tsunami de febrero de 2010, Solange Huerta, los planes de emergencia vigentes en nuestro país no contemplan responsabilidades para los jefes de Estado.
Ante la responsabilidad que le cabría a la ex presidenta Michelle Bachelet en este proceso, Huerta sostuvo que “lo que estamos investigando son responsabilidades del tipo penal, es decir, saber qué personas tenían responsabilidad técnica en la toma de decisiones, técnica”. Es decir “quiénes tenían que tomar las decisiones, si tenían todos los elementos para tomarlas y si tomaron las decisiones adecuadas”, indicó.
En este aspecto, dijo, “nuestro plan de emergencia no establece una responsabilidad de ese tipo para los Presidentes o ex Presidentes de la República”, dijo la prosecutora en declaraciones a Radio Cooperativa.
Debido a ésto, aclaró, “nuestra investigación se ha concentrado en las responsabilidades técnicas y que pueden generar responsabilidad penal”, ya que la Fiscalía no persigue responsabilidades ni políticas ni administrativas.
Sobre el caso, Huerta expresó que “me encantaría estar dedicada exclusivamente esta investigación pero ello no es posible”, debido a que hay una falta de fiscales en el Ministerio Público. A pesar de esto, la fiscal afirmó que “el compromiso mayor en esta investigación” ya que “Chile merece saber lo que pasó y con ese nivel de responsabilidad he asumido esta investigación”.
La fiscal consideró que la pesquisa pudo haber tomado menos que los dos años que ya lleva, pero “hemos intentado recrear una bitácora, sabemos que nos van a quedar espacios en blanco pero queremos ser lo más exactos posibles”.
Huerta agregó tras esta reconstrucción “sabíamos desde un primer momento que no se alertó a la población civil respecto de la posibilidad de ocurrencia de un tsunami”. Se ha establecido que “se cometieron errores que en nuestra legislación tipifican un delito culposo y las decisiones técnicas debieron haber sido otras”, subrayó.
Sobre las investigaciones que se han hecho respecto al Servicio Hidrográfico y Océanográfico de la Armada (SHOA) y a la Onemi, la fiscal Huerta indicó que ello “no es un secreto”. Añadió que el SHOA se encargaba del análisis técnico, pero “también ahí se indica la importancia de la transmisión de la información respecto de lo que sucede en las costas”.
