El frágil resguardo ambiental que aprovechará el negocio del litio

Una todavía débil institucionalidad medioambiental, que no guarda proporción con la envergadura de los proyectos, ni  los montos de inversión, ni los frágiles ecosistemas involucrados, es el escenario en el que comenzará a operar la liberalización de la explotación del litio, anunciada el lunes pasado por el gobierno.

Ello, considerando que la Superintendencia de Medioambiente, entidad clave en la fiscalización de proyectos de alto impacto ambiental, como lo son las explotaciones mineras, aunque existe legalmente, aún no entra en funcionamiento y sólo lo hará, en el mejor de los casos, a partir de septiembre, tal como lo anunció ayer el titular de esa entidad, Jaime Lira.

La razón es que la ley que crea los nuevos Tribunales Medioambientales, aunque está en la recta final para su promulgación, con suerte será publicada en marzo en el Diario Oficial, y a partir de entonces deben pasar seis meses para que la Superintendencia pueda empezar a operar.

Por entonces, de acuerdo con las expectativas del gobierno, estará a punto de adjudicarse el primer permiso para explotar litio en el Norte Grande bajo el esquema de Contratos Especiales para la Operación de Litio (CEOL).

Si bien estos proyectos deberán someterse al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) antes de que comience la labor fiscalizadora, para muchos la velocidad que el gobierno le imprimió a la nueva forma de explotar el valioso metal pondrá a prueba la poco fogueada institucionalidad medioambiental que existe hoy en Chile, reformulada recién en 2010.

Esta institicionalidad está compuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, que vela por la política y la regulación, el SEA, que revisa y permite las actividades productivas sometidas a su evaluación, y la Superintendencia, que fiscaliza y sanciona.

“Los salares donde están las reservas de litio son sistemas muy frágiles, y ya están sometidos a un gran estrés con la explotación que realizan allí las dos empresas que hasta ahora tenían permiso para extraer el metal (SQM y Sociedad Chilena del Litio)”, dice la ex ministra de la CONAMA, Ana Lya Uriarte.

Continúa: “Se trata de protectos complejos, que necesitan fiscalización constante y que no han estado exentos de dificultades. Por eso es que son absolutamente inviables los proyectos de explotación de litio que se han anunciado, si no se incorporan tecnologías que hoy no están funcionando en Chile y que la autoridad medioambiental tendrá que fiscalizar”.

La zona que está en juego

Según la información pública disponible, pese a que existen en Chile unos 50 salares con reservas de litio, los que presentarían mayor concentración de este metal, además del salar de Atacama, son los de Maricunga, Pedernales, La Isla y Quisquiro. Les siguen en importancia Punta Negra, Aguas Calientes Centro, Pajonales, Aguilar, Tara, Parinas y Pujsa.

Estos lugares alguna vez fueron lagos en los que se evaporó el agua, dejando grandes depósitos de sal o salmueras desde donde se extrae el litio.

Los salares siguen recibiendo agua dulce de la cordillera, que es la que sustenta valiosos y frágiles ecosistemas, con una flora y una fauna que subsiste gracias a un equilibrio único entre aguas dulces y saladas.

“Con una explotación extrema de la salmuera puede disminuir el agua dulce y dañarse ese equlibrio. Por eso hay una cuota mensual de extracción, que es inspeccionada constantemente por la Dirección General de Aguas. Esa es la situación con dos empresas funcionando. ¿Qué pasará cuando más compañías operen en la zona? Eso hay que vigilarlo de cerca”, dice un experto del Servicio Nacional de Geología y Minería.

En el noroeste argentino, donde hasta el 2010 había 22 empresas explorando salares, se han registrado graves desequilibrios medioambientales. Los proyectos han afectado también a las comunidades indígenas del lugar, que han llegado hasta la Corte Suprema de ese país para presentar sus descargos.

En opinión de Ana Lya Uriarte, considerando los ecosistemas que están en juego, el nuevo esquema que anunció el lunes el gobierno para explotar el litio incurrió en una importante omisión: una mesa de trabajo, que incluyera a todas las reparticiones involucradas en una decisión de esa magnitud, incluidos los organismos medioambientales.

“El gran ausente en este proceso es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) , instancia prevista en la ley de medioambiente y avalada por un dictamen de la Contraloría, que establece que una comisión intersectorial debe analizar las debilidades y fortalezas de una actividad productiva de alto impacto“.

En efecto, según la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la EAE contempla que un ministerio sectorial, en este caso Minería, incorpore las “consideraciones ambientales del desarrollo sustentable” a la formulación de políticas “que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad”.

Su administración está en manos de la División de Estudios del Ministerio del Medio Ambiente, cuya misión es liderar y apoyar su introducción como herramienta pública y ambiental en las distintas reparticiones del Estado.

“En este caso esa instancia (la EAE) calzaba 100%, porque le otorga legitimidad a decisiones de este calibre (la liberalización de la explotación del litio), ya que, entre otras cosas, supone un debate previo a la toma de decisión y contempla la consulta ciudadana. Para ser aplicada, falta exclusivamente voluntad política. El gobierno tendrá que explicar por qué ha omitido a todos los sectores que tienen una opinión importante en este tema”, señala Uriarte.

Consultado al respecto, el Ministerio de Minería no emitió opinión sobre los puntos señalados. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Andrés Mac Lean, señaló: “No vemos una explosión  de proyectos en torno al litio. “El ganador de la licitación desarrollará su proyecto como cualquier otro, debiendo obtener todos los permisos correspondientes y dentro ellos los medioambientales”.