Stop ACTA: Comisión Europea pide analizar legalidad del tratado
Se busca determinar si el acuerdo comercial internacional contra las falsificaciones, (ACTA), es incompatible con los derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de información o la protección de datos.
La Comisión Europea (CE) decidió hoy someter al examen del Tribunal de Justicia de la UE el acuerdo comercial internacional contra las falsificaciones, conocido como “ACTA”, para aclarar la “legalidad” del mismo.
El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, anunció en una declaración a la prensa que la CE quiere “clarificar la legalidad de este acuerdo”, que ha sido negociado entre la Unión Europea y otros diez países del mundo para luchar contra la piratería, pero que ha levantado muchas críticas entre los defensores de un internet libre.
De Gucht señaló que la Comisión, que ha negociado el tratado en nombre de los Veintisiete, preguntará a la máxima instancia judicial europea si es de alguna manera incompatible con los derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de información o la protección de datos.
El acuerdo, que se empezó a negociar en 2008, pretende reforzar la protección de la propiedad intelectual en diversos sectores, que van de la moda a la industria, y su principal novedad es que incluye, por primera vez en este tipo de pactos internacionales, un capítulo exclusivamente dedicado al medio digital.
Precisamente, la manera en que “ACTA” podría afectar a los usuarios de internet ha generado un amplio debate en todo el mundo y ha levantado las críticas de sectores como el de los internautas, pero también de grupos políticos como el Partido de los Socialistas Europeos, que había instado al Parlamento Europeo a no ratificar el texto.
“Comparto las preocupaciones de la gente por las libertades fundamentales”, declaró De Gucht, y también dijo “comprender la incertidumbre sobre lo que ‘ACTA’ significará realmente para estos asuntos clave”.
Así, señaló que someter el acuerdo al tribunal europeo era un “paso necesario”, a fin de que el debate sobre “ACTA” se fundamente sobre “hechos” y no “informaciones erróneas o rumores” que circulan en internet.
“‘ACTA’ no censurará páginas web para cerrarlas, ‘ACTA’ no menoscabará la libertad de internet ni la libertad de expresión”, puntualizó.
Para el comisario, la corte europea, con sede en Luxemburgo, deberá proporcionar una “orientación” sobre los “límites que la UE no debería sobrepasar”.
La vicepresidenta de la CE y responsable de Justicia, Viviane Reding, indicó por su parte en un comunicado que la protección de los derechos de autor “nunca puede ser una justificación para eliminar la libertad de expresión o información”, y añadió que “bloquear internet nunca es una opción”.
Aunque destacó que ACTA no impondrá en Europa nuevas normas, Reding dijo “entender la preocupación de muchas personas sobre cómo ACTA podría ser aplicado”.
Por lo que respecta al proceso de ratificación del tratado, que debe ser examinado por los parlamentos nacionales de los Veintisiete y también por el Parlamento Europeo, De Gucht indicó que depende de esas instituciones el seguir adelante con él o esperar al veredicto del Tribunal de la UE.
“El Parlamento Europeo ha pedido más claridad sobre la sustancia” del acuerdo, apuntó.
El ponente del informe en la Eurocámara sobre ACTA, el socialista británico David Martin, confirmó en otro comunicado que el PE esperará a la sentencia del Tribunal para pronunciarse, y aseguró que se debe garantizar “un buen balance” entre los derechos de propiedad intelectual, básicos para la economía y la creación de empleo, y las libertades individuales.
“Aunque (la consulta al tribunal) retrasará inevitablemente el proceso de ratificación, confiamos en que la corte defienda la legalidad de las provisiones” del tratado, afirmó el Consejo de Editores Europeo (EPC).
El temor principal de los detractores de “ACTA” es que se prime la defensa de los derechos de autor por encima de la de los derechos fundamentales, y que la gestión de los contenidos internet sea modificada.
En cambio, la CE siempre ha mantenido que el acuerdo se ajusta a las leyes europeas y que, en todo caso, armoniza y establece nuevos estándares mínimos a los que tendrá que adaptarse la legislación de terceros países.
Además de la UE y sus 27 Estados, también han negociado el texto Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, Marruecos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda; todos ellos representan la mitad del mercado mundial.
