Conflicto en Aysén se agudiza tras quiebre de negociaciones entre dirigentes y gobierno
A pesar del preacuerdo que había conseguido el subsecretario Alvarado con los camioneros, el ultimátum de los dirigentes y el posterior rechazo del gobierno puso al conflicto en su punto más crítico.
Ayer, pasadas las 8 de la noche, el Movimiento Social de Aysén y los transportistas realizaron una declaración conjunta en que descartaban de plano despejar los caminos y le dieron un ultimátum al ejecutivo de entregar hoy al mediodía una respuesta sus demandas.
Segú informa La Tercera, dos horas más tarde el ministro de Energía Rodrigo Álvarez y el subsecretario Claudio Alvarado, luego de haberse comunicado con con los ministros Andrés Chadwick y Cristián Larroulet, leyeron una fuerte y tajante respuesta. “Lo que ayer era un movimiento social, hoy se ha convertido en un grupo de presión cuyas acciones al margen de la ley son inaceptables“, señala el documento, que repite en diversos párrafos que los dirigentes no están actuando en un marco de legalidad. “Este gobierno, democráticamente elegido, que representa a todos los chilenos, no aceptará que se le pongan plazos ni condiciones para llevar adelante esta conversación, y rechazamos categóricamente la falta de voluntad de los dirigentes. Hicimos todos los esfuerzos públicos y privados”.
De este modo, la misiva del gobierno puso al conflicto, a más de dos semanas iniciado, en su punto más crítico. No sólo porque se trataba del segundo portazo en menos de 24 horas. Ya el viernes los camioneros habían vetado a última hora un acuerdo del Movimiento Social de Aysén -que agrupa a diversas organizaciones- con el gobierno para deponer el bloqueo.
El rol del subsecretario
En las horas previas, las tratativas las llevó Alvarado, una de las autoridades más eficaces de La Moneda. Fracasadas las gestiones de los parlamentarios, el subsecretario de la Segpres había logrado algunos preacuerdos. Sin embargo la declaración de los camioneros y el movimiento no fue informada al equipo de gobierno, pese a las conversaciones anteriores, y terminó por agrandar el conflicto.
Además, como consigna La Tercera, una de las alternativas que anoche volvió a resurgir en el gobierno fue la de aplicar en las próximas horas o días la Ley de Seguridad del Estado contra los protagonistas de los bloqueos, tal como lo hizo el ex Presidente Ricardo Lagos en 2002 contra los microbuseros. Las querellas que el gobierno presentaría se encuentran redactadas, identifican individualmente a los responsables y establecen duas penas, que van de entre 3 años y un día y 10 años de cárcel.