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8 de Marzo de 2012

Senadora Allende llama a acoger y respetar fallo contra Central Castilla

Para la parlamentaria, la resolución confirma que el proceso de aprobación del proyecto termoeléctrico "presenta vicios y presiones indebidas".

Por Redacción
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La senadora Isabel Allende manifestó su conformidad con la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que falló a favor de los vecinos y pescadores de Totoral, quienes presentaron una serie de recursos, durante 2011, en contra de la resolución de la Seremi de Salud de Atacama que cambió la calificación de “contaminante” a “molesta” de la Megacentral de carbón Castilla.

“La Corte confirma lo que hemos venido sosteniendo hace tiempo: el proceso presenta vicios y presiones indebidas que apuntan a aprobar el megaproyecto sí o sí, sin considerar sus impactos y sin justificar su necesidad. Así quedó demostrado anteriormente con un dictamen de la Contraloría de septiembre de 2011″, afirmó Allende.

La parlamentaria señaló que “el fallo es claro y contundente al revertir la decisión del ex Seremi de Salud, Nicolás Baeza por recalificar el proyecto Castilla  como ‘molesto’ y no ‘contaminante’ revocando un dictamen del año 2010 en este sentido. Y no sólo eso, sino que deja sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental emitida por la autoridad”.

La senadora Allende explicó que “los efectos prácticos de esta resolución, que aún puede ser apelada, es que se detiene el proceso de la Central y se debe realizar nuevamente el procedimiento de evaluación. Exigimos que este proceso sea transparente, riguroso y con estricto apego a la ley. Llamamos al gobierno y a los servicios involucrados a acoger este fallo y respetarlo desde ya“.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado para que “el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en breve plazo redacte un nuevo informe consolidado de evaluación, considerando lo que siempre se ha sostenido: que el proyecto es efectivamente contaminante. Así, de manera definitiva, las autoridades regionales deben rechazar este proyecto, pues de no ser así resultaría evidente el vínculo del Gobierno con los intereses de las grandes empresas y, no con los de la comunidad”.

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