Estas son las mineras que lamentan el fallo adverso a Castilla
Se calcula que los proyectos en la zona norte necesitarán unos 1.100 Mw de suministro eléctrico a partir del 2015.
Ayer se conoció la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarando inválida la resolución del ex seremi de Salud de la región, que cambió de “contaminante” a “molesto” la calificación de la Central Castilla.
Castilla apelará del fallo ante la Corte Suprema. Si el máximo tribunal ratifica la sentencia, el proyecto sería practicamente inviable, afirmó el subsecretario de Energía, Sergio del Campo.
Como consigna La Tercera, se estima que este resultado adverso al proyecto termoeléctrico puede tener efectos negativos para cuatro grandes yacimientos mineros de la Región de Atacama, por lo que respecta al precio que tendrían que pagar por la energía. Es la opinión de la consultora eléctrica María Isabel González, quien sostiene que “de que se haga esa iniciativa (Castilla) depende la viabilidad de varios proyectos mineros, que son más marginales en producción, y no tienen un espacio más grande para pagar muy caro por la energía. Si no se hace, esos proyectos mineros se ven comprometidos”, dice.
Los posibles afectados, cuyos proyectos se encuentran en estudio de factibilidad o en proceso de inversiones en la zona, son El Morro, de GoldCorp (US$ 3.900 millones); Cerro Casale (US$ 5.250 millones), de Barrick, Relincho (US$ 4.000), de Teck, y Caserones (US$ 3.000 millones).
Según estimaciones del sector minero, a partir de 2015, estos proyectos necesitarían unos 1.100 Mw de suministro eléctrico. Y es justamente con ellos que Castilla tendría que negociar la venta de energía.
El Sistema Interconectado Central (SIC) enfrenta serias dificultades en la zona norte, debido a las restricciones de transmisión desde el sur. Mientras la demanda es de 720 Mw, la energía que llega es de 730 Mw. El panorama no cambiará sino hasta 2018, cuando entre en funciones una nueva línea de transmisión.
María Isabel González considera que la sentencia de la Corte de Antofagasta “es una mala señal” para los inversores, quienes ven en entredicho la certeza jurídica y la validez de los sistemas de evaluación ambiental.
