Navarro no para de darle a la Onemi: Ahora acusa a Chacana

Como “un nuevo escándalo” calificó el senador Alejandro Navarro la no licitación y contratación directa en la que participó el director de la Onemi, Benjamín Chacana,  para suscribir la adquisición de un taller realizado el año pasado.

“Tengo en mis manos documentos, entre ellos un correo electrónico que prueba fehacientemente que el actual director de la Onemi, Benjamín Chacana, su antecesor, Vicente Núñez, y un par de funcionarios del organismo han faltado a la legalidad y probidad en un proceso de licitación, pues se benefició directamente a una empresa, la consultora de capacitación organizacional Cahuala Ltda. y para ello hubo un acuerdo previo, hecho que serán conocidos en Contraloría”, afirmó el parlamentario.

A juicio de Navarro, “Chacana no está habilitado para seguir un segundo más en su cargo” ya que “existe un correo electrónico en el cual Ángela Lira Meza, Asesora de Desarrollo Organizacional de la Onemi, le dice al profesional del mismo servicio, Fernando Silva, encargarse sobre ‘el tema de las bases’ y de asegurarse de que la licitación ‘se adjudique a Cahuala’, y le solicita “chequear” que las bases de licitación se suban al portal de ChileCompra, y que los funcionarios de Cahuala estén al tanto de ello para que postulen y ganen”, destacando que el citado correo “iba con copia a Benjamín Chacana, actualmente Director nacional de ONEMI”.

“Chacana no denunció esta irregularidad, por lo que vulneró los deberes de su cargo, más aún, cuando pese a saber la ilegalidad de la medida, firmó la factura, el recibo de la misma y la solicitud de adquisición de los servicios cuestionados”, sostuvo el senador, agregando que “nos parece necesario y sumo urgente que Contraloría se pronuncie por estos antecedentes y correos electrónicos, que cuestionan la probidad de los funcionarios implicados en ellos y la eventual asignación ilegal de la licitación que se menciona ahí”.

El legislador del MAS puntualizó que “a nuestro entender se violan diversas normas, comenzando por el hecho de que un funcionario ordene a otro confeccionar bases con el objetivo específico de que las gane uno de los ponentes o un único oferente, o elaborar estratagemas para eludir la ley y los sistemas de concurso (…) No nos parece razonable la asignación predeterminada de recursos a un ponente, mediante un concurso o asignación colusorias”.

“Solicitaremos que en caso de que hubiese pérdida fiscal, que Contraloría se convierta en juez de cuentas, para que a través del denominado Juicio de Cuentas, los funcionarios públicos implicados en este caso restituyan los dineros. Paralelamente, si se concluye que en el caso concreto se ha cometido el delito de Fraude al Fisco, solicitaremos con el respaldo de Contraloría que el Consejo de Defensa del Estado presente las acciones criminales contra quienes resulten responsables”, finalizó Navarro.