Tribunal mantienen prisión preventiva para ex ejecutivos de La Polar
En la audiencia de revisión de prisión preventiva de los ex ejecutivos de la multitienda, el tribunal consideró que no han variado sustancialmente las circunstancias por las que fueron formalizados, en diciembre pasado, por la Fiscalía Centro Norte, en calidad de autores de los delitos de infracción a la Ley de Mercado de Valores, a la Ley General de Bancos, uso de información privilegiada y lavado de activos.
Tras cinco horas de alegatos, el juez del 2° Juzgado de Garantía César Orellana ordenó mantener la prisión preventiva de los imputados en el caso La Polar Pablo Alcalde y Julián Moreno, al considerar que “siguen siendo un peligro para la sociedad’’.
En la audiencia de revisión de prisión preventiva de los ex ejecutivos de la multitienda, el tribunal consideró que no han variado sustancialmente las circunstancias por las que fueron formalizados, en diciembre pasado, por la Fiscalía Centro Norte, en calidad de autores de los delitos de infracción a la Ley de Mercado de Valores, a la Ley General de Bancos, uso de información privilegiada y lavado de activos, todos en carácter de reiterados, ilícitos que habrían sido perpetrados mientras ocupaban altos cargos gerenciales en la empresa, entre 2006 y 2011.
Tras los alegatos, que se extendieron por casi cinco horas, el juez César Orellana sostuvo que “hay que considerar que los bienes jurídicos que se afectan son variados: la fe pública, la transparencia del mercado y la libre competencia; antecedentes que necesariamente colocan a la situación en que ellos se enfrentan en una categoría de la máxima importancia. Se agrega a esto un dato no menor: que es haber actuado en grupo; esto es, actuar mancomunadamente para el logro de un fin objetivo, que en este caso era falsear los estados de morosidad, los estados financieros, aportar en términos generales al mercado un estado de salud próspero para la empresa La Polar que estaba absolutamente reñido con la realidad”.
El magistrado estableció que debido a “la gravedad de los ilícitos en que se han visto involucrados todos los imputados, se da una pérdida de confianza de los agentes del mercado en el propio mercado; hay un perjuicio patrimonial importante que no sólo ha afectado al sistema accionario de valores, sino que a otros sistemas, como lo son el de AFP y el público en general. Se suma a todo esto, tanto el número de delitos imputados como la reiteración de los mismos”.
En base a estos argumentos –agregó- y sin siquiera considerar la pena probable que se les puede imponer si son condenados, “el tribunal entiende que caen en el escenario de ser un peligro para la seguridad de la sociedad. En base a ello, se mantiene esta medida cautelar”.
