Sepa por qué los llamados “impuestos verdes” son más impuestos que verdes

La reforma tributaria anunciada por el presidente Piñera la semana pasada incluyó un factor sorpresa que el común de la gente ha tendido a celebrar como la única y real novedad del anuncio: los llamados “impuestos verdes”.

Suena bien y políticamente correcto aquello de gravar baterías, pilas, ampolletas, aceites, neumáticos y envases (de metal, tetra y plástico) -todos productos de baja vida útil y larga o nula degradación-, con un impuesto que irá a un fondo que financie iniciativas de reciclaje, y que recaudaría US$ 100 millones al año, de acuerdo con la información entregada por Hacienda.

Mejor aún, si ese impuesto no se le cobra al usuario, sino al fabricante o al importador del neumático, de la bolsa plástica, de la pila o de la ampolleta.

En efecto, la iniciativa plantea que los importadores deberán pagar el gravamen (expresado en determinada cantidad de UTM por tonelada o por metro cúbico, según la naturaleza del producto) antes del retiro de las especies de la Aduana, y que los productores nacionales deberán hacerlo dentro de los doce primeros días del mes siguiente al que se realizó la venta.

Sin embargo, pocos saben que esta idea fue gestada entre cuatro paredes por los ingenieros de la reforma tributaria, liderados por Hacienda, sin considerar la opinión de ninguno de los actores involucrados, los que hace años y hasta la víspera del anuncio de la reforma venían trabajando mano a mano con el Ministerio del Medio Ambiente en un proyecto totalmente distinto para manejar los residuos sólidos en el país.

Se trata de la llamada ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), que busca que los productores e importadores de baterías, pilas, ampolletas, aceites, neumáticos y envases se hagan responsables de su rol “contaminante”, pero no a través del pago de impuestos, sino del compromiso de hacerse cargo del paradero final de esos productos cuando estén convertidos en residuos.

Este principio fue impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1999 y en Chile venía trabajándose en él desde el gobierno de Michelle Bachelet, a través de la entonces Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

Y no es que el gobierno actual se haya desentendido de ese proyecto al asumir. Muy por el contrario, el nuevo Ministerio del Medio Ambiente, liderado por María Ignacia Benítez, se involucró en él, a través de reuniones de trabajo periódicas, seminarios, exposiciones y un calendario de actividades al que adhirieron todas las industrias involucradas.

La señal que estos sectores habían recibido era que cuando estuviera aprobada en el Congreso la nueva institucionalidad medioambiental (que crea los Tribunales y la Superintendencia), inmediantamente se le daría curso a la REP.

Eso es lo que dio a entender el equipo el equipo técnico del ministerio en diciembre pasado, durante un seminario de Residuos Electrónicos realizado en la sede de la Cepal, y lo que confirmó el subsecretario Ricardo Irarrázabal a mediados de marzo de este año en una entrevista concedida al Diario Financiero, en la que anunció que “próximamente” entraría al Congreso la ley REP.

Una “tomadura de pelo”

“Y de la noche a la mañana salen con los impuestos verdes. Nadie nos avisó nada. Y no sabemos en qué queda la normativa en la que veníamos trabajando, si se va a dormir un par de años más o qué. No hay nada claro. La ministra ha dicho que a futuro se va a crear un fondo de reciclaje, pero para eso es necesario otro proyecto de ley que nadie conoce”, reclama Mariana Soto, gerente general del Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM).

La sorpresa fue la misma para organismos como la Sofofa, la Asociación de Industriales del Plástico (ASIPLA) y la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC), entre otros organismos, los que apenas conocido el contenido de la reforma llamaron al ministerio para preguntar qué estaba pasando.

Nadie supo dar una respuesta. Ni siquiera los técnicos que habían liderado las conversaciones en torno a la REP. Ellos estaban igual de sorprendidos y más de alguno especuló con la idea de que la ministra Benítez también se había desayunado con la noticia.

“El ministerio nos había dicho que no quería crear una ley entre cuatro paredes, y que por eso nos estaba invitando. Se crearon mesas de desarrollo, y ahora salen con esto”, dice Iván Villar, vocero de la CINC.

“Ni siquiera me puedo enojar con el ministerio, porque ellos extraoficialmente me dicen que no tienen idea. Tenemos una relación de tres años. No creemos que nos estén engañando. Aquí el problema está en Hacienda, que entre todos sus problemas, tal vez ni siquiera supo de la REP. Simplemente había que recolectar plata”, agrega.

En su opinión, los llamados impuestos verdes no son posibles en Chile porque la constitución chilena no los reconoce como tales y como nada se ha dicho sobre cómo ni quién va a gestionar los fondos recaudados, todo indica que fueron presentados como “verdes”, siendo en realidad mecanismos adicionales para recaudar fondos para la educación.

“Todos los impuestos van a la recaudación global, y en un presupuesto anual se decide en qué se gasta el dinero recaudado, y normalmente se usa en las urgencias mediáticas, incluso en candidaturas y en apoyos electorales. Nunca van a parar a la parte verde, porque nunca la parte verde es una prioridad”, acusa Villar.

La crítica generalizada apunta a que en el nuevo escenario es el Estado el que supuestamente se hará cargo de administrar recursos para fomentar el reciclaje (con dinero recaudadoa los privados) y no la empresa privada, como proponía la REP.

“Esto no es más que una forma fácil de recaudar dinero y conceptualmente se aleja mucho de lo que veníamos conversando. Dicen que con estos impuestos verdes se va a fomentar el reciclaje. Yo no veo por dónde. Tampoco sabemos qué tan eficiente va a ser la recaudación, de dónde salieron los US$ 100 millones anuales, cómo se estableció que las pilas, por ejemplo, deberán pagar 25,5402 UTM por tonelada. Dónde está la transparencia de esa información”, se pregunta Mariana Soto.

Al ser consultado el ministerio sobre cómo conecta el anuncio de los impuestos verdes con la ley REP y en qué pie queda esta última, la respuesta la dio el fiscal de esa cartera, Rodrigo Benítez:

“Estaba en carpeta y se había trabajado con algunos sectores un proyecto de ley que contenía lo que se denomina Responsabilidad Extendida al Productor (REP). La idea era presentarlo, pero se dio la oportunidad, dentro del marco de la reforma tributaria, de incluir estos impuestos verdes, lo cual claramente pone al país a la vanguardia en la materia, porque es la primera vez que se incorpora legalmente un instrumento económico en la gestión ambiental. Es una manera distinta de tratar el mismo problema, finalmente. No es un impuesto para recaudar, sino para incentivar con esas platas el hacerse cargo de estos residuos”.

¿Cómo? “Eso será materia de un proyecto que viene detrás. La gestión de ese fondo no está regulada en la reforma tributaria. En principio, será a través del ministerio… eso se está evaluando. Pero la institucionalidad ambiental tiene todo para poder hacerlo”, responde.

Lo que busca la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor

El origen del problema es que en Chile no existe una ley general de residuos sólidos. Por eso es que pilas, baterías, neumáticos, ampolletas, aceites, envases y bolsas de plástico en desuso andan sueltos por el territorio sin que nadie, salvo muy contadas excepciones, se haga cargo de ellos.

La gracia de la REP es que estimula que el sector privado se haga cargo de transformar esos residuos, después de alguna modificación (innovación), en una nueva materia prima capaz de generar una nueva cadena de valor.
¿Cómo? La REP propone cobrar a los usuarios finales de un producto, una tasa (que a diferencia de un impuesto supone a cambio una contraprestación), bajo el concepto “el que contamina paga”.

De este modo, a cambio del pago de esa tasa, quien coloca el producto por primera vez en el mercado (productor o importador) se encarga de que haya una solución para ese producto cuando se convierta en residuo.

“Para la REP es importante que el usuario pague, pero que sepa por qué está pagando. Se le cobra un extra de antemano (una eco-tasa), porque se va a hacer una gestión ambiental con el producto que usará, hasta convertirlo en residuo”. Al pagar la tasa, el usuario adquiere un derecho y el productor una obligación, que es garantizar que se hará cargo del residuo correctamente. De esa manera se extiende la responsabilidad a los productores, que tendrán la obligación de inventar algo para deshacerse del residuo”, explica elvocero de la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC) Iván Villar.

Ahora esa visión queda en suspenso. “Supongo que ahora, aterrizado el proyecto en el poder legislativo, podremos argumentar o fundamentar los errores que contiene el planteamiento de los impuestos verdes. ¿Errores de quién? No sabemos. Sólo sabemos que se cobrarán, por ejemplo, 1,8007 UTM por tonelada de neumáticos. Realizamos un cálculo y eso equivale a $ 500 en el caso de un neumático para autos, y a $2.500 en el caso de un neumático para camión. Este dinero es más o menos equivalente a la eco-tasa propuesta en la REP”.

“Considero que es más o menos justo cobrarle a alguien que contamine. Pero en este nuevo escenario, no tenemos un ordenamiento ni una responsabilidad, sólo una recaudación”, concluye Villar.