Estudio afirma que el 51% de los proyectos comprometidos ni siquiera han ingresado al Congreso
Si se suman las iniciativas presentadas pero aún no aprobadas, el nivel de incumplimiento asciende al 80,9%, según estudio de CDC.
El Centro Democracia y Comunidad, CDC, entregó hoy el informe de evaluación de cumplimientos de los anuncios legislativos del Gobierno, el que muestra un 80,9% de proyectos pendientes de aprobación o que simplemente ni siquiera se han enviado al Congreso para su discusión, mientras que sólo 19,1% de los compromisos, en más de dos años de gestión de Sebastián Piñera, se ha concretado.
Dividido en las áreas de crecimiento y agenda económica, empleo y emprendimiento, seguridad ciudadana, educación, salud, pobreza y equidad, calidad de la democracia y otros – que incorpora ámbitos como vivienda, energía o medio ambiente – el estudio de CDC abarcó en total un universo de 262 anuncios en la agenda legislativa, desde la asunción del Presidente Piñera. De esta forma, se convierte en el primer análisis a fondo de los más de dos años de ejercicio del actual gobierno.
La directora ejecutiva de CDC, Cristina Orellana, destacó que “esta vez, además revisamos el ítem de proyectos ingresados y no cumplidos y encontramos cifras preocupantes porque 32 de esos proyectos no ha tenido ningún movimiento en los últimos 6 meses. Con la carrera presidencial desatada entre sus ministros y a 22 meses de su fin, es recomendable que el gobierno cumpla la gran cantidad de compromisos en los que sigue en deuda con la ciudadanía, ya sea porque no ha presentado proyectos o por su propia ineficacia legislativa, antes de volver a hacer anuncios el próximo 21 de mayo”.
En este sentido, sostuvo que si bien el balance que hizo recientemente el Ejecutivo sobre el nivel de avance en esta materia, situándolo muy cerca de la mitad de lo prometido, Cristina Orellana aclaró que “una cosa es dar por cumplido simplemente enviando proyectos al Congreso y otra muy distinta es agilizar la discusión y lograr que esas iniciativas se aprueben. Y en esto, por más que quiera culpar a los partidos o a la oposición, es el gobierno el que ha pecado de inoperante”.
La Directora Ejecutiva de CDC estimó que proyectos como el que crea el voto de los exiliados y de chilenos en el exterior, Plebiscitos comunales, Estatuto Especial Trabajador Agrícola (mujer temporera), forman parte de aspectos clave del programa de gobierno de Sebastián Piñera y por ello la falta se agrava al constatar la escasa o nula atención que La Moneda les ha dado.
Si se revisa el porcentaje de cumplimiento por eje, ninguno supera el 40%. Entre los porcentajes más bajos se encuentran Democracia y modernización (4,6%) Trabajo (5%), Otros (11,9%), Salud (15,4%) Pobreza y Equidad (26,7%). Los sectores de más alto nivel de cumplimiento son Economía (28,3%), Educación (29,2%) y Seguridad (33,3%).
En términos de anuncios que aún no cuentan siquiera con un proyecto ingresado al Parlamento, el mayor déficit lo registra Trabajo (65%), seguido por Democracia y modernización (60,5%), Otros (59,3%) y Economía (47,8%).
ECONOMÍA Y EMPLEO
Al profundizar el análisis por ejes, el estudio de CDC enumeró el Estatuto Pyme, fortalecimiento de gobiernos corporativos, cambios a las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, una zona franca para Aysén y modernización de la ley de quiebras como las tareas más relevantes aún al debe en la agenda económica. En el ámbito laboral, eliminar el multirut, modernizar la Dirección del Trabajo, perfeccionar el seguro de desempleo y el sistema de indemnizaciones, las modificaciones a la negociación colectiva y la ley de capacitación.
ÁREAS SOCIALES
En Seguridad Ciudadana, uno de los fuertes entre las promesas de campaña de Sebastián Piñera, los anuncios sin avances son la creación de servicios de la infancia y adolescencia y de prevención penal y rehabilitación de menores, reformas a Gendarmería, endurecimiento de penas para ciertos delitos, indultos y beneficios para reos por buen comportamiento, un registro de condenados por delitos sexuales y fortalecimiento del poder judicial.
Para el ámbito educacional, “un 70,8% de incumplimiento es más grave aún si consideramos el contexto de demandas ciudadanas para una mejor educación en Chile”, sostuvo Cristina Orellana, quien detalló entre los pendientes la rebaja del interés del CAE, la regulación de aranceles universitarios, incentivos tributarios para familias de más de dos hijos, estímulos a la educación técnico profesional, alternativas a la municipalización y un nuevo estatuto docente.
Una reforma tributaria, el proyecto de acuerdo de vida en común, reformas a la sociedad conyugal, reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y otras materias relativas a las distintas etnias conforman los temas sin cumplir en el ítem Pobreza y Equidad. En Salud, en tanto, una de las áreas que más creció en nivel de cumplimiento, “precisamente por ser la menos activa el año anterior, con escasos avances en temas legislativos”, según Cristina Orellana; siguen sin proyecto temas como dar más atribuciones a la Superintendencia de Salud, modificar el Auge y la regulación de licencias médicas, mientras que la reforma a la ley de Isapres y las normas que perfeccionan la venta de fármacos, permanecen durmiendo en el Congreso.
REFORMAS POLÍTICAS Y OTRAS ÁREAS
El magro 4,6% de cumplimiento que el gobierno ostenta en materia de Democracia y Modernización se explica en gran medida por el largo listado de iniciativas aún sin ingresar al Parlamento: reforma a la ley de partidos, al sistema binominal, regulación del lobby, reforma del Congreso Nacional y de Contraloría, mejoramientos a la ley de Alta Dirección Pública y al Consejo de Transparencia, entre otras.
Por último, el estudio de CDC enumeró algunos de los temas de otras carteras en las que el Ejecutivo está al debe, como la Ley del Deporte, la creación del Ministerio de Cultura, creación de un seguro hipotecario en caso de cesantía, mejoras a los gobiernos corporativos de empresas del Estado y una serie de normativas para incentivar el uso de energías limpias y permitir mayor participación ciudadana en las decisiones relativas al medioambiente en Chile.
