La querella por abuso sexual que hace tambalear a plana ejecutiva de BancoEstado

La querella por abuso sexual interpuesta el 22 de julio del año pasado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, esconde hechos y nombres que los principales ejecutivos de BancoEstado, encabezados por Pablo Piñera, hermano del Presidente, hubieran querido mantener para siempre en secreto.

En la causa, investigada por la fiscal Carolina Suazo, la periodista D. B. S. (37 años), quien se desempeñó entre mediados de 2009 y junio de 2011 como secretaria de la gerencia de Banca Corporativa y Grandes Empresas de la entidad financiera, acusa a quien fuera su superior, Camilo Concha Burgos, de abuso sexual con circunstancias de violación.

Y no se trata sólo de la palabra de esta periodista contra la de su ex jefe. Una investigación sumaria llevada a cabo por el mismo banco durante 2010, luego que la víctima denunciara la situación ante el departamento de Recursos Humanos y el sindicato de la empresa, confirmó no sólo la acusación de D. B. S. sino que acreditó la “gravedad” de los hechos.

Esta investigación interna fue incautada por la fiscal Suazo a comienzos de este año (ante la supuesta negativa del banco de entregarla por su propia voluntad) y constituye una prueba contundente en contra de Camilo Concha en el marco de la indagación.

Se suman el informe en curso, realizado por la perito Macarena Pérez, del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) de la Policía de Investigaciones, y la declaración de otra víctima, D.J.G.P., quien también habría sido objeto de acoso sexual por parte de Concha mientras se desempeñó como periodista en la misma gerencia, en 2009, antes de que D.B.S. se incorporara a la institución.

Hoy, pese a que las denuncias están acreditadas por el propio banco, Camilo Concha -60 años e ingeniero civil- sigue desenvolviéndose como gerente de Banca Corporativa y Grandes Empresas de BancoEstado, en la casa matriz ubicada en Alameda 1111.

Un cargo que de acuerdo con el organigrama de la entidad financiera se ubica en la cuarta línea de gestión después del gerente de la División Empresas e Instituciones, Emiliano Figueroa; del gerente general de Créditos, Arnoldo Courard, y del gerente general ejecutivo, Pablo Piñera.

Desde esa posición, Concha es clave para atraer al banco a grandes corporaciones, filiales multinacionales, y empresas vinculadas a grupos económicos de gran capitalización.

Concha pudo haber sido despedido del banco cuando se desató el escándalo, en 2010. Pero por ser su cargo de rango superior, las conclusiones de la investigación sumaria interna fueron sometidas a la consideración del Comité Ejecutivo de BancoEstado, integrado por el presidente Segismundo Schulin-Zeuthen, el vicepresidente Roberto Palumbo, el gerente general ejecutivo Pablo Piñera, con la participación del fiscal Andrés Medina, quien ejerce la representación judicial del banco ante los tribunales de justicia y administrativos y es, en definitiva, el encargado de resguardar la legalidad de los actos de la entidad.

Este órgano, fuera de acta, optó por sancionar al funcionario con una escueta amonestación escrita en su hoja de servicio.

Así lo confirma la carta enviada al domicilio de D. B. S. el 16 de noviembre de 2010 por la funcionaria del banco María Carmen Osorio Soffia, quien informa el resultado de la investigación efectuada por la Subgerencia de Servicios de Recursos Humanos.

Respecto de las medidas, la misiva, a laque tuvo acceso El Dínamo, señala:

“Por tratarse de trabajadores con una clara diferencia jerárquica, el cargo de responsabilidad que ostenta el denunciado, y ante la gravedad de los hechos, se tomó la medida de resguardo de trasladar a la Sra. B. a una dependencia de la Gerencia de Apoyo Logístico, donde está desarrollando sus labores, manteniendo su misma posición y nivel de empleo en las que fue contratada.
Dados los antecedentes expuestos, se recomienda mantener la medida de resguardo en favor de la Sra. B., a fin de no provocar acercamiento con la parte denunciada, y evitar que exista entre ellos dependencia directa y jerárquica, ya sea en la Gerencia de Apoyo Logístico u otra gerencia”.

Respecto de las sanciones, la carta indica:

“Dados los hechos consignados, se recomienda cursar amonestación con copia a su carpeta de vida”.

D. B.S. nunca pudo ver con sus propios ojos la amonestación, por lo que acudió a la Inspección del Trabajo, entidad que le exigió al banco acreditar la sanción.

Entonces, fue el gerente de División de Empresas e Instituciones de BancoEstado, Emiliano Figueroa, quien redactó una carta dirigida a Concha confirmándole su sanción, como mecanismo para cumplir con la exigencia de la Inspección del Trabajo.

La misiva, fechada el 21 de abril de 2011, dice lo siguiente:

“Con fecha 27 de octubre de 2010, se recibe carta de D. B. S. en su contra, quien refiere estar expuesta a conductas de acoso sexual.
En atención a lo establecido en el capítulo X del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de BancoEstado, se da inicio a la investigación respectiva, que siguió tanto en forma como en fondo lo establecido en esta normativa. Los resultados de la investigación y sus respectivas sanciones, fueron dados a conocer a ambas partes con fecha 16 de noviembre de 2010, mediante notificación escrita.
Con fecha 25 de noviembre de 2010 y siguiendo el procedimiento establecido, se hizo entrega del informe e investigación a la Dirección del Trabajo Región Metropolitana Poniente.
En reservado N°DR-75 de Dirección del Trabajo, recibido con fecha 18 de abril del 2011, se da conformidad al procedimiento elevado en el marco de esta investigación y solicita acreditar la aplicación de una amonestación escrita con copia a su carpeta de vida, en un plazo de 5 días.
En consonancia con lo anterior estamos haciendo entrega de esta carta de amonestación.
Naturalmente, tanto como la ley y nuestro reglamento interno lo indican, situaciones de esta naturaleza son consideradas graves”.

Una cuestionada indemnización

Pero los cuatro integrantes del Comité Ejecutivo de BancoEstado (Schulin-Zeuthen, Palumbo, Piñera y el fiscal Medina), todos funcionarios de la confianza exclusiva del Presidente de la República -además de la sanción cuyo tono causó sorpresa al interior del banco dada la gravedad de los hechos-, tomaron otra medida con el fin de dejar en el pasado los oscuros episodios que involucraban a su ejecutivo estrella: negociaron en aproximadamente 12,5 millones de pesos el despido inmediato de la denunciante, que se materializó en junio del año pasado, y su desistimiento de una demanda por mobbing (acoso laboral).

De acuerdo con la abogada querellante Antonella Barba, y como lo expone el texto de la querella, fue una suma de episodios de acoso los que habría experimentado D.B.S. (periodista de la Universidad Andrés Bello, separada y con una hija en edad preescolar) desde su incorporación al banco.

Pero dos incidentes en particular destacarían por su gravedad y validaron la tipificación de “abuso sexual con circunstancias de violación” ante el Poder Judicial y ante el mismo banco.

El primero ocurrió de noche, en el auto de Concha, a la salida de un evento en el Club de Golf Las Araucarias, en Buin, donde la División Empresas e Instituciones de la entidad financiera organiza su tradicional torneo de golf para clientes.

El segundo fue el que gatilló las acciones de D.B.S., y ocurrió una mañana, a la vuelta de sus vacaciones, en la oficina de Concha, quien además es director de BancoEstado Corredores de Bolsa. Según la defensa, en ambas oportunidades se produjeron forcejeos y graves tocaciones en contra de la voluntad de la periodista.

A partir de ese momento la situación de la denunciante al interior del banco se volvió insostenible. Vinieron licencias y las acusaciones ante Recursos Humanos y ante el sindicato del banco. Pero también ocho meses de inestabilidad al interior de la institución estatal.

De acuerdo a la parte querellante, D.B.S. fue trasladada a la gerencia de Apoyo Logístico, donde fue ubicada en un escritorio, en el que por tres meses no tuvo computador ni anexo telefónico para desempeñar sus labores. Con este traslado, la denunciante habría perdido continuidad, quedado excluida del ranking general del banco, y habría dejado de percibir los distintos bonos que entrega la institución a los funcionarios con cierta antigüedad.

Todos estos antecedentes le permitieron a la abogada especialista en temas laborales Antonella Barba, entablar, en primer término, una demanda por vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, o mobbing (acoso laboral) en contra de BancoEstado, representado para estos efectos por Pablo Piñera.

Fue entonces cuando la defensa del banco, encabezada por el abogado Luis Navarro Egaña, con la venia del Comité Ejecutivo, negoció la salida inmediata de D.B.S. a cambio de una suma de 12,5 millones de pesos, en circunstancias que una indemnización por despido normal no habría superado en ese momento los 2,5 millones de pesos.

De acuerdo con fuentes cercanas al banco, ese pago se hizo efectivo bajo la figura de “una transacción para poner fin a juicio laboral”. Lo que no se sabe es si puede una institución estatal llegar a este tipo de acuerdos económicos sin dar una explicación al Estado. Ése es uno de los cabos sueltos y pendientes en esta historia.

Otro es el cuestionamiento interno que se respira por estos días en el edificio de Alameda 1111, donde algunos temen las consecuencias que pueda tener para la institución el hecho de que el banco no haya denunciado por cuenta propia ante el Ministerio Público la situación, atendiendo a su reglamento interno, su Código de Ética, su carácter de entidad estatal, y el Código Procesal Penal.

Como sea, e inexplicablemente, la vía penal quedó abierta tras esta negociación en las sombras, ya que la defensa del banco no tomó la “precaución” de solicitarle un “acuerdo de confidencialidad” y de renuncia ante futuras acciones judiciales a la contraparte. Es decir, D.B.S. nunca firmó nada. Y esta omisión del banco abrió el camino a la abogada Antonella Barba y a su representada, quienes inmediatamente después de que se concretó el despido procedieron a presentar la querella por abuso sexual.

Hoy la investigación de la fiscal Suazo se encuentra en sus últimas etapas y podría derivar en la formalización de Concha, teniendo en cuenta que ya existe una investigación sumaria concluyente, cuestión que mantiene en jaque a la institución financiera.

Lo que viene

El pasado viernes 20 de abril, D.B.S. fue sometida a la última entrevista con la perito Macarena Pérez, del CAVAS. El informe, que a grandes rasgos pretende establecer la veracidad de las acusaciones y el daño psicológico de la denunciante, quien lleva más de un año sometida a tratamiento psiquiátrico, tiene previsto llegar a manos de la fiscal Carolina Suazo en los próximos días. A partir de entonces, el Ministerio Público estaría en condiciones de decidir el futuro procesal de Concha.

En tanto, el ejecutivo contrató a un equipo de abogados conformado por Fernando Feliú, Cristóbal Carrasco y Mario Vergara, tal como consta en el detalle de la causa alojada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras infructuosos intentos de El Dínamo por contactar al fiscal Andrés Medina y al propio Concha, BancoEstado, a través de su Subgerencia de Comunicaciones, se limitó a explicar que ante consultas asociadas a una querella contra un ejecutivo de esa institución, el banco “no se refiere a casos que estén judicializados. “En aquellos casos que están en Tribunales de Justicia o aún en proceso de investigación, el banco no emite opiniones o entrega mayores antecedentes”, dice su respuesta escrita.