La ley de protección a la infancia que tiene a las ONG en pie de guerra contra Lavín

El miércoles pasado, en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) tuvo lugar una reunión que dejó en punto prácticamente muerto el ambicioso proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

La iniciativa, que ponía a Chile a tono con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, prometía alinear, en un esquema inédito, a las diferentes instituciones de los poderes Ejecutivo y Judicial en un sólo objetivo: el resguardo de los derechos de todos los niños y niñas del país, independientemente de su condición social, su estructura familiar, su etnia o lugar de nacimiento.

Con ello se liquidaba una deuda que venía arrastrándose desde 1992, año a partir del cual el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas comenzó a recomendarle insistentemente al estado chileno perfeccionar su marco jurídico de protección a la infancia.

Hasta enero de este año, todo indicaba que Chile podría sacudirse de la carga de ser el único país latinoamericano que no posee una iniciativa semejante. Ese mes el trabajo de una mesa técnica integrada por los ministerios de Desarrollo Social y Justicia, representantes de las distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan con la infancia y la UNICEF, dio como resultado el proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

Dicha tarea fue ampliamente celebrada. “Ojalá todos los proyectos de ley fueran elaborados como éste”. Con esa frase felicitó el ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín, en las dependencias de su cartera, el consenso alcanzado entre las organizaciones ciudadanas y el Ejecutivo en la formulación de la iniciativa.

Ese apoyo gubernamental, sumado a un previo compromiso casi unánime del Congreso, avizoraba un favorable trámite legislativo, que se sumaría a la iniciativa que pretende dividir el Servicio Nacional de Menores (Sename) en dos reparticiones: una de protección, en el ministerio de Desarrollo Social, y otra de infractores de ley, a cargo del ministerio de Justicia.

El compromiso, en ese momento, fue que durante el receso por vacaciones el proyecto sería revisado por las divisiones jurídicas de los ministerios de Justicia y Desarrollo Social, para luego ser visado por la Secretaría General de la Presidencia y por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. En marzo, se dijo, estaría listo para ser enviado al Congreso a comienzos de abril.

Algo pasó entre medio. Nadie sabe bien qué. Lo cierto es que aquel proyecto, a la vuelta de vacaciones, jamás volvió a ser el mismo.

Así lo comprendieron las distintas organizaciones que habían participado en su elaboración cuando transcurrió marzo sin que hubieran recibido ninguna señal alentadora de parte del MDS.

Recién a fines de abril hubo contacto. Pero ya no estaba Lavín en la conversación. Tampoco el proyecto original. Tan sólo la comunicación verbal y escueta, según coinciden varios representantes de las ONG’s, de que la iniciativa había cambiado después de pasar por la Segpres.

Lo que se anunció a partir de entonces fue un nuevo y desconocido “borrador”, armado por funcionarios de la unidad jurídica del ministerio (María José de Las Heras y José Muñoz), quienes a partir de ese momento pasaron a liderar las tratativas.

El equipo de asesoras ministeriales con el que se habían entendido inicialmente las organizaciones (la psicóloga laboral Blanquita Honorato, la abogada Andrea Martínez, y la ingeniera comercial María Elena Arzola) pasó a un discreto segundo plano, dicen los participantes de la mesa.

El nuevo borrador del MDS fue dado a conocer recién a mediados de mayo, ante la sorpresa de las ONG’s y de la propia Unicef. Poco y nada quedaba del proyecto inicialmente consensuado, que contemplaba, entre otros puntos, la derogación de la antigua Ley de Menores de 1967, un catálogo amplio de derechos, garantías judiciales y administrativas para los niños cuando se violan sus derechos, la figura de un Defensor del Niño, la regulación de las policías y la prohibición de violencia o maltrato contra los niños.

ONG´s toman distancia

El miércoles pasado fue el último encuentro y el equipo del MDS mantuvo su postura. Las ONG’s también: apoyarán el proyecto consensuado inicialmente, o nada.

“Estamos tomando distancia. Sentimos que hubo defraudación en todo el sentido de la palabra. Por la decepción, y porque primero fue un sí y después un no; porque primero tuvimos a unos interlocutores, que fueron suavemente dejados de lado para poner a otros más rígidos”, opina Felipe Viveros, asesor legal de la campaña Movilizándonos, que desde 2008 articula a diversas organizaciones y redes locales de infancia.

“Lo que el ministerio tiene en la mano hoy, más vale no tenerlo”, dice Osvaldo Torres, director ejecutivo de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas (Achnu). “Nuestros nuevos interlocutores no entienden los nuevos paradigmas jurídicos y sociales de la protección integral de niños y adolescentes. Y no estamos disponibles para respaldar un proyecto que no fija un marco jurídico de igualdad ante la ley para los menores de 18 años. El borrador del MDS sustenta la idea de seguir teniendo un Estado subsidiario, que focaliza ayudas específicas para quienes van quedando en el camino, y no se hace cargo de que son todos los niños los que tienen derechos”, acusa.

Torres aventura que la estrategia ahora consistirá en explicarle al Parlamento la “errada visión” de los asesores de Lavín respecto del proyecto, y alertar que en esas condiciones dividir el Sename puede generar aún más problemas en la situación de los niños y de los funcionarios del servicio.

Hasta ahora las razones que ha dado el MDS para modificar la iniciativa consensuada inicialmente, apuntan a la legitimidad jurídica (constitucionalidad) de algunos contenidos del proyecto.

Sin embargo, las ONG’s que participan en la mesa ven en ese argumento el claro rechazo al paradigma de protección integral de los derechos de los niños y a los efectos jurídicos que conlleva. Así lo entiende, por ejemplo, Felipe Viveros.

Jorge Martínez, coordinador de Desarrollo Institucional de Corporación Opción, va en la misma dirección al señalar que el proyecto original involucra un rol activo del Estado, que ahora estaría obligado a generar la estructura institucional que garantice los derechos universales de los niños.

“Me parece que hay una tensión interna en el gobierno. Este rol distinto del Estado puede que les complique, ideológicamente hablando. Creo que hay un sesgo ideológico. Temen que un Estado activo en materia de derechos de la infancia, después sea un Estado activo en derechos sociales, políticos y económicos”, opina.

¿Falta de recursos? “No creo que el tema pase por ahí, porque si se puede construir un puente (Chacao) que va a costar cuatro Senames, se puede trabajar en la protección de la infancia sin problema”, dice Martínez.

Y esa protección de la infancia, tal cual fue concebida al comienzo, despejaría, a juicio del representante de Opción, el ingreso de los niños y niñas al sistema. “Si se aprobara no habrían 7 mil niños en lista de espera para los programas de reparación del Sename”, explica.

Por su parte Nicolás Espejo, encargado del área legal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lamenta que un documento que surgió de una mesa transversal y que la Unicef consideraba de altos estándares esté en suspenso.

“Se reconocían instituciones que son muy importantes para que las leyes de protección funcionen. Ahora sabemos que no se derogará la Ley de Menores, cuando ésa ha sido la recomendación expresa del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas a Chile”, afirma.

Aún así, señala que la Unicef seguirá apoyando técnicamente al Ejecutivo, “pero al mismo tiempo vamos a tener una agenda intensa de trabajo con el Congreso, que es el que debe aprobar el proyecto”, advierte.

Un tono menos conciliador expresa Carlos Muñoz, vocero de la Red de ONGs de Infancia y Juventud (Roij). En su opinión, al llegar al acuerdo consensuado en enero, las distintas organizaciones no gubernamentales que participaron en la mesa ya habían cedido lo suficiente. “Ya no hay espacio para más negociaciones”, concluye.

Consultado por el tema, el MDS se limitó a enviar la siguiente respuesta escrita de parte de María Elena Arzola, jefa de Estudios de la División de Políticas Sociales del ministerio:

“El Ministerio de Desarrollo Social ha dedicado gran esfuerzo en la labor de legislar en materia de protección de derechos de la Infancia y Adolescencia. Para ello hemos generado instancias de participación y de trabajo conjunto. En este sentido y dada la importancia del tema, nuestro objetivo actual es presentar una propuesta seria, viable y factible de ser aprobada en el Congreso Nacional, para que nuestro país pueda al fin contar con una Ley de Protección Integral de Derechos”.