José Andrés Murillo: “Los niños maltratados no son sólo los niños del Sename”
Para el director de Fundación para la Confianza un proyecto de ley de protección integral de la infancia debe contemplar, como aspectos irrenunciables, la figura de un defensor autónomo y la voluntad del Estado de prohibir explícitamente cualquier tipo de maltrato a los niños.
El filósofo José Andrés Murillo, uno de los denunciantes del caso Karadima, es de los que se empeñan en convertir en energía activa y creadora la indignación frente a tal o cual desidia o injusticia de la sociedad civil.
Hace poco presentó su libro Confianza Lúcida, donde de alguna manera plantea la justificación filosófica y los lineamientos que sustentan su opción. Ahí define a la “confianza lúcida” como una alternativa al sin sentido de la desconfianza generalizada que surge frente a los abusos masivos de las instituciones, en contraposición a la “confianza ciega”, ese espacio propicio para los abusos.
Su Fundación Para la Confianza, que desde fines de 2010 busca promover el buen trato infantil través de relaciones sanas y protectoras, y proporcionar espacios de prevención de abusos a la intimidad, especialmente sexuales, responde también a ese ánimo de fortalecer la confianza lúcida y el empoderamiento del yo.
Desde esa tribuna no sólo ha creado una red de apoyo y protección de las personas que podrían ser víctimas de esas situaciones, sino que también ha participado activamente en las discusiones y debates en torno a la necesidad urgente de que Chile salde una deuda histórica: la creación de una ley integral de protección de la infancia.
Esa iniciativa estuvo a punto de cuajar a fines de enero de este año, pero hoy enfrenta un importante traspié en el seno del gobierno, para desconcierto de todas las instituciones no gubernamentales que habían logrado un consenso con el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que ha liderado la discusión del proyecto.
“En Chile, país que ratificó hace más de 21 años la Convención por los Derechos del Niño, aún no hay una ley que haga garantizable los derechos del niño de manera efectiva, pese a que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le ha llamado la atención varias veces por ello”, dice Murillo, quien planea próximamente viajar a Ginebra para entrevistarse con el presidente de ese comité internacional.
¿Cómo ves el hecho de que el proyecto consensuado que había hace algunos meses ahora sea una iniciativa totalmente distinta, desprovista de varios puntos irrenunciables para las instituciones que participaron en su discusión?
Participé en varias reuniones y estuve presente en el momento en que el gobierno, la sociedad civil y la UNICEF dieron por cerrado el acuerdo para promulgar esta ley. Después de eso, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) tenía que darle una última revisión, pero hubo algunas interpretaciones con las que no todos estamos de acuerdo. Se pierde el sentido de la protección integral, porque ya no está el foco puesto en el niño como sujeto de derechos, sino en el niño como simple objeto de protección, de vulneración.
Además, no está explícita la protección y el compromiso de parte de todos los organismos unificados para proteger el ejercicio de los derechos del niño, que no tienen que ver con un momento ideológico, ni con un gobierno u otro. Aquí hay una melodía de fondo, que es la Convención de los Derechos del Niño, y que no es algo arbitrario ni caprichoso de un gobierno en particular. Por eso estamos preocupados.
¿Piensas que sigue siendo viable llegar a una ley consensuada y de buena calidad?
Yo soy un optimista. Creo que cuando uno establece una ruta a seguir, a veces hay pasos correctos y otras veces pasos en falso. Y estos últimos son simplemente una manera de ir corrigiendo el camino. Yo no creo que estemos en un momento cero. Estamos en un momento de negociación en el que evidentemente hay visiones distintas acerca de qué es la infancia. En mi opinión, éste es un momento filosófico importante en el que tenemos que ver cuáles son las visiones que hay detrás. El camino no ha sido fácil, sin embargo, tiene que haber una energía complementaria urgente para que salga un proyecto realmente enfocado en los derechos del niño y no sólo en los intereses de los adultos, dos cosas que muchas veces se confunden.
Los niños son seres humanos que necesitan de nuestro compromiso radical, absoluto e incondicionado para ejercer activamente su infancia y para que podamos proporcionarles un mundo más confiable. Un mundo confiable para un niño es un mundo confiable para un adulto también. Pero un mundo confiable para un adulto, no siempre es un mundo confiable para un niño.
¿Qué contenidos del proyecto consideras irrenunciables?
La necesidad de crear un defensor autónomo de los derechos de los niños, y con poder real, me parece que es irrenunciable. También la voluntad irrestricta por parte de todos los órganos del Estado y de todos los miembros de la sociedad, incluyendo a la familia, de prohibir explícitamente cualquier tipo de maltrato a los niños.
Otra idea del proyecto consensuado era eliminar la visión, para muchos sesgada, según la cual niño maltratado equivale a niño pobre.
Los niños maltratados no son sólo los niños del Sename ni los que están en situación de calle o de vulneración. Todos los niños, sin excepción, deberían contar con un espacio real garantizable para el ejercicio de sus derechos. Esa es una idea de fondo que todos debemos defender, no sólo la sociedad civil y la Unicef, sino también el gobierno. Y está en nosotros la capacidad de dar a conocer y explicar la urgencia y el fundamento real de este punto de vista, que tampoco es un capricho ni una ideología. Siempre está detrás, como insisto majaderamente, la melodía de fondo, que es la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado de Chile, razón por la cual tiene rango constitucional.
La infancia es un momento de fragilidad donde hay una urgencia de protección, donde hay una urgencia de unificación de políticas públicas que puedan garantizar que los niños vayan adquiriendo progresivamente los derechos ciudadanos que todos tenemos. Nosotros estamos del lado de los más frágiles, de los que han sufrido vulneraciones. Y en Chile los niños son constantemente vulnerados por el sólo hecho de no tener una ley integral de protección de sus derechos.
En lo cotidiano, ¿cómo se experimenta esa vulneración?
Partamos primero del hecho de que el 40% de los hogares del Sename ha cerrado en los últimos dos años por problemas de abuso sexual, maltrato, o problemas económicos. Además, hay una lista de 7 mil niños esperando para poder entrar al sistema. Por otra parte, cuando un niño, del sector que sea, levanta la voz para pedir ayuda, no tiene necesariamente una caja de resonancia donde puedan ser acogidas sus demandas, sus derechos. No hay a quién acudir. Podemos enumerar cientos de vulneraciones constantes y permanentes a los derechos de los niños, simplemente porque no hay una política integrada de protección a sus derechos. Y eso no sólo ocurre con los niños de la calle.
¿Cómo engancha esta política integrada con el espacio íntimo de la familia, donde está la primera oportunidad para romper el silencio ante un maltrato?
El 80% de los casos de abuso sexual infantil se da en ambientes de confianza, o de la familia, o de personas cercanas a la familia. Además, un 75% de los niños en Chile son maltratados por su familia, en algún ámbito -ya sea emocional, sexual o físico-, en el círculo íntimo. Hoy ya no existe impunidad o espacios libres donde las familias puedan hacer cualquier cosa, sino que el Estado tiene el deber de monitorear y garantizar que los derechos de los niños no sean vulnerados dentro de la familia, y si llegan a serlo, el Estado y la sociedad entera tienen el deber absoluto e irrestricto de transformarse en caja de resonancia de esa voces débiles.
¿Cómo debiera estar capacitada la familia o el círculo íntimo del niño?
Con una política de formación y de transformación, que es lo que algunas fundaciones como nosotros estamos intentando hacer: crear redes de padres, de profesionales comprometidos con el tema, para que podamos transformarnos en caja de resonancia. En realidad ese rol debería cumplirlo también el Defensor Nacional del Niño, que tiene que tener capacidades concretas, autónomas y efectivas de hacer cumplir los derechos. Esa debería ser la política más importante.
Ante caso de abuso uno puede levantar la bandera de la confianza, de la paranoia o de la venganza, o puede querer construir un mundo más confiable, más humano, protector y amigable para todos y los más vulnerables, que son los niños. Yo no quiero quedarme en la lógica de la venganza, de la paranoia y de la desconfianza con las familias y las instituciones, sino que quiero transformar la indignación, (porque realmente da indignación que las instituciones que deben estar al servicio de los más frágiles aprovechen esa confianza para abusar), para que haya instituciones confiables.
¿Crees que la reflexión y el debate en torno al caso Karadima le ha dado un plus a esta discusión?
Puede ser. Hay una suma de factores que han influido en que el tema de infancia se haga urgente. Puede ser que el caso Karadina sea uno de ellos. Y no sólo el caso en sí, sino la manera en que nosotros (los denunciantes) lo hemos llevado. Hemos transformado este dolor, este trauma, en una energía creativa, creadora y transformadora. Y cuando un país, una sociedad, es capaz de transformar los traumas, los dolores y las transgresiones, no en simples paranoias, rabias o deseos de venganza, sino en políticas públicas de protección, en transformaciones sociales profundas, estamos avanzando como sociedad.
¿En qué estado está la idea de ampliar la imprescribtibilidad de los delitos sexuales a menores?
Está presentado el proyecto de ley que busca la imprescrictibilidad o la ampliación en los plazos para las acciones penales en caso de abuso sexual infantil, pero no se le ha dado todavía urgencia. Y necesitamos ampliar esos plazos, porque hay lo que algunos llaman una especie de secuestro de conciencia antes de que un niño pueda darse cuenta de un abuso sexual por parte, sobre todo, de una figura de confianza, como sería un miembro de su familia, un amigo o líder espiritual, un religioso o sacerdote.
En esos casos, la víctima se demora mucho tiempo en asumir y ver con claridad que aquello que vivió fue realmente una vulneración, un abuso. Y el Estado tiene que estar en condiciones de escuchar y hacer justicia, aunque haya pasado mucho tiempo. Cuando una persona se da cuenta de lo que vivió, generalmente no tiene ninguna acción posible para poder perseguir a quien vulneró sus derechos y probablemente sigue vulnerando los de otros.
¿Qué opinas del regreso a Chile de sor Paula?
Yo estoy del lado de las víctimas y hablo desde el lado de las víctimas. Me gustaría que la Iglesia pensara más en las razones humanitarias de la víctima y no sólo las razones humanitarias de la victimaria. Este caso hay que investigarlo. Hay razones suficientes para creer que sí hubo abuso sexual por parte de una persona que tenía más jerarquía que otras, o que tenía a cargo a otras personas. Eso es inaceptable. Y también lo es que la Iglesia mantenga silencio, sobre todo por el derecho que tienen las víctimas de poder ver reivindicada su propia verdad y su biografía.