Informe de comisión sobre el lucro también apunta a universidades estatales

No sólo las universidades privadas están siendo miradas con lupa por la comisión parlamentaria que investigó el financiamiento y el lucro en la educación superior pues se reveló que los planteles estatales también recibieron críticas.

Esto según publica El Mercurio, así se aprecia en el informe de la instancia fiscalizadora en cuyas conclusiones se sostiene que estos planteles, debido a la necesidad de generar recursos y competir con los privados, crearon instancias que, citando al contralor Ramiro Mendoza, “permiten ‘la huida del derecho administrativo'”.

Incluso el informe revela que Mendoza abordó el tema en la sesión del 14 de diciembre del año pasado, donde manifestó que “me doy cuenta de que hay un lucro encubierto en el desarrollo de ciertos emprendimientos que escapan de las reglas de control. En algunos casos será muy justificado”. La autoridad agregó que, como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, integró una fundación que vendía servicios junto a otros académicos.

En ese momento el contralor -según consignan las conclusiones del informe final de la comisión parlamentaria- expresó que era necesario “sugerir un marco que diga relación con estos emprendimientos empresariales”.

Además, las conclusiones del informe tiene duras críticas para el Ministerio de Educación, al que cuestionan el no haber ejercido las atribuciones de solicitar información específica a las instituciones de educación superior y de no dictar tres reglamentos, de los cuales se permite supervisar a las agencias acreditadoras.

Tanto los representantes de Impuestos Internos como de la Contraloría afirmaron, en las distintas sesiones de la comisión, que la única entidad con atribuciones para fiscalizar era el ministerio.

De hecho, en las propuestas finales de la comisión se le pide al Mineduc que ejerza su facultad fiscalizadora sobre nueve planteles de educación superior.

Las conclusiones del informe también critican lo que definen como “errores de diseño e implementación” del crédito con aval del Estado. “No es posible que no se haya pensado en requisitos de carácter administrativo y financiero (para acceder al crédito), en particular, si no se disponía de instrumentos para identificar subterfugios para el retiro de excedentes vía operaciones con empresas relacionadas”, sostiene el documento.