Superintendencia de Educación: así avanza la criticada apuesta del gobierno para fiscalizar el lucro
El proyecto con que el Ministerio de Educación pretende opacar la ola de críticas luego del informe de la Comisión Investigadora del Lucro ha despertado desde su anuncio una serie de críticas elevadas por los estudiantes, especialistas y parlamentarios.
Ayer, desde el séptimo piso del Ministerio de Educación, el titular de la cartera, Harald Beyer, insistió en la importancia de los 7 proyectos que actualmente están en tramitación en el Congreso, dentro de los cuales destaca la Superintendencia de Educación.
Según el Secretario de Estado la iniciativa ha contado con la participación de los estudiantes en su discusión, quienes incluso “le hicieron sus planteamientos, algunos de ellos, interesantes”.
El ministro habló tras la manifestación que sacó a más de cien mil personas a la Alameda en la tercera marcha estudiantil del año que concluyó con una carta entregada a la Moneda y al ex Congreso , y luego de que fiscal nacional Sabás Chahuán designara a las fiscalías Centro Norte y Oriente para indagar las denuncias de lucro en las universidades privadas, que emanaron del informe de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados.
La Superintendencia de Educación es la principal apuesta del Mineduc para contener las críticas por la falta de fiscalización sobre las universidades, sobre todo luego de que se conociera el escándalo financiero de la Universidad del Mar.
El proyecto fue impulsado el 20 de noviembre del año pasado por el presidente Sebastián Piñera y por el entonces ministro de Educación, Felipe Bulnes y esta semana el gobierno le puso suma urgencia, de modo que la iniciativa podría ser despachada antes de agosto.
El Ejecutivo tiene alineados a sus parlamentarios en torno al proyecto. Sin embargo, este tiene fieros detractores, entre ellos los propios estudiantes y los diputados miembros de la Comisión Investigadora del Lucro, encabezada por Alejandra Sepúlveda, que pidieron quitar la urgencia para hacer “una reflexión de fondo frente al lucro”.
También María Olivia Mönckeberg, autora de “La privatización de las universidades: una historia de dinero, poder e influencias”, ha dicho que la iniciativa “establece una engorrosa forma de hablar de precios de mercado”.
“Está en juego qué tanta autonomía tienen los establecimientos de Educación Superior”, agrega un alto funcionario del Mineduc de los gobiernos de la Concertación, quien critica la “superficialidad” del proyecto y los puntos nebulosos que tiene, como no indefinición respecto a las atribuciones Superintendencia tendría en la regulación de los precios de las carreras.
¿Aún no comprende bien qué es y cómo funcionaría la Superintendencia de Educación Superior con que el gobierno de Sebastián Piñera apuesta a callar la polémica por el lucro en la educación? Estas son las principales bases del proyecto, según la mirada de Educación 2020.
1.- ¿Qué es la Superintendencia de Educación?
Es un organismo de servicio público descentralizado, dependiente del Mineduc que tiene por objeto fiscalizar a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
2.- ¿Quién dirigiría la Superintendencia de Educación Superior?
La Superintendencia de Educación depende del Mineduc y está encabezado por el superintendente, figura de confianza del Presidente de la República, elegido por sistema de Alta Dirección Pública. Otros cargos elegidos por ADP en el Mineduc son los encargados de la Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, DIBAM, la Junta de Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB.
3.- ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?
Incrementar transparencia del sistema en general.
4.- ¿Cómo evita el lucro?
Dentro de sus principales atribuciones está verificar que las instituciones de educación superior pongan a disposición del público la información financiera que la ley les obliga a entregar; corroborar que no efectúen publicidad engañosa, formular sanciones por las infracciones en estas materias; llevar un Registro Público de los socios o miembros y directivos de las instituciones sometidas a su fiscalización.
5.- ¿Qué sanciones supone?
Las instituciones que no cumplan con las obligaciones podrán ser amonestadas, multadas, e incluso podrán ser revocadas de su reconocimiento oficial como universidad.
6.- ¿Qué medidas supone para las universidades privadas?
Pretende que al menos 3 de los miembros del directorio de los establecimientos sean independientes, es decir, no sean socios de las casas de estudio . Estos, además, no deben poseer el 10% o más del capital, ni ser cónyuges ni parientes de miembros del directorio. El proyecto también impide que los directores nombrados tengan relación laboral con quienes hayan estado vinculados a las sociedades educacionales.
