El día que la ONU cuestionó la Ley Hinzpeter

El miércoles la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados se postergó en dos semanas la votación del  proyecto de ley de Fortalecimiento de Seguridad Pública, o la llamada Ley Hinzpeter;  que ha despertado cuestionamientos de diversos sectores, incluso desde fuera del país.

El pasado 23 de enero, 3 relatores especiales de Naciones Unidas,  hicieron llegar una carta al Gobierno en la que evidenciaban la preocupación del organismo por el contenido de la normativa puesta en trámite el año pasado por el ministro del Interior a la luz de las masivas marchas convocadas por  los movimientos sociales.

El texto, firmado por Frank La Rue,  Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Maina Kiai,  Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica y Margaret Sekkagya, Relatora Especial sobre los defensores de Derechos Humanos, “expresa preocupación porque el Proyecto de Ley pudiera resultar en restricciones excesivas de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica y en la criminalización de las personas que ejerzan estos derechos. Asimismo, se expresa preocupación que dichas medidas pudieran afectar el trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas”.

La carta además cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Resolución 15/21 del Consejo de Derechos Humanos, y hace un “llamamiento urgente al Gobierno” para que “adopte las medidas necesarias para asegurar que el derecho a la libertad de opinión y de expresión sea respetado”.

Finalmente pide que en 60 días el gobierno dé respuesta a 5 interrogantes relacionadas a detalles sobre el proyecto de ley, cómo el proyecto garantiza el trabajo de defensores de Derechos Humanos y cómo se protege la liberta de reunión, expresión y libertad de prensa.

Puedes leer la carta de la ONU por la Ley Hinzpeter acá.

Luego, y según consigna el Blog Yo no voté por él, existió un oficio emanado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, firmado por el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ángel González, y dirigida al gabinete del subsecretario del Interior, donde se solicita la “mayor celeridad” a la solicitud , “considerando la sensibilidad política y las repercusiones en la imagen internacional de nuestro país”.

Al respecto, un nuevo oficio en febrero de este año da respuestas a las solicitudes planteadas, sin embargo, sostiene que “respecto a los juicios de valor y a otras críticas planteadas al contenido del proyecto, y que se han expresado en la comunicación, se trata de apreciaciones de ciertos grupos de interés que no corresponden precisamente a hechos”, sin entregar mayores explicaciones.

Además se menciona al Instituto de Derechos Humanos como una medida de resguardo de los defensores de los derechos humanos en las manifestaciones, y cita que “durante el año 2011, el instituto realizó, coordinadamente con Carabineros un permanente seguimiento a las actuaciones policiales, especialmente en el contexto de las diversas marchas estudiantiles”.

Respecto a la libertad de prensa, el texto asegura que “no tenemos conocimiento de hechos acaecidos en los últimos años en Chile que constituyan o puedan constituir una censura o restricción general a la libertad de prensa” aunque asegura que en algunas manifestaciones “algunas personas que realizaban actividades de cobertura periodística fueron detenidos por las fuerzas policiales”, hechos que pueden ser denunciados pero que “no constituyen en lo absoluto una perturbación o restricción general o permanente a la libertad de prensa”.