Violencia sexual: ONG denuncia patrón de agresiones policiales contra manifestantes mujeres

Una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables de apremios ilegítimos cometidos en contra de una estudiante universitaria durante una manifestación de apoyo a la educación y al movimiento realizada en Aysén fue interpuesta por Corporación Humanas. A juicio de la organización, la acción judicial evidencia un patrón de conducta policial contra jóvenes estudiantes sólo por el hecho de ser mujeres.

Patricia Rada, abogada de Corporación Humanas, sostuvo que en el caso de Ana -en que se produjeron apremios ilegítimos contemplados en el artículo 150-A del Código Penal-, se vuelve a constatar un patrón de agresión de carabineros hacia jóvenes estudiantes mujeres, que tiene un fuerte componente de violencia sexual. “Esta forma específica de represión se ha constituido en un patrón de conducta policial hacia las mujeres estudiantes, por su condición de género”, sostuvo.

Anteriormente, Corporación Humanas había interpuesto otra querella por violencia sexual cometida en contra de una estudiante del Liceo Darío Salas, Javiera Sepúlveda de 14 años, detenida por Fuerzas Especiales de Carabineros durante la instalación de un campamento en la rivera del río Mapocho, en la que participaron estudiantes secundarios pertenecientes a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).

“Los abusos policiales que se han generado en las movilizaciones estudiantiles, en el caso de las mujeres tienen una marcada connotación sexual, constitutiva de una violación a los derechos humanos de las mujeres consagrados en tratados internacionales”, aseguró la abogada de Corporación Humanas.

Rada explicó que el Estado chileno debe respetar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belem Do Pará), vigente en Chile desde 1998, que prohíbe la violencia física, psíquica y sexual en contra de las mujeres, tanto si ocurre en el espacio público como privado, en particular si es cometida o tolerada por el Estado o sus agentes.

 Obligada a desnudarse, tocada

Tras ser acorralada por un vehículo policial durante manifestaciones estudiantiles, la joven universitaria fue detenida y empujada contra la camioneta de carabineros, recibiendo golpes en las piernas y en la boca de parte de dos efectivos que no portaban placa ni su nombre visible.

Después de dos horas de espera en el vehículo policial, fue conducida a la 38º Comisaría de Puente Alto en un grupo de diez detenidos de entre 15 y 24 años, siendo ella la única mujer. Ya en la comisaría mantuvieron a todos de pie mientras les hacían preguntas sobre sus creencias, de forma muy violenta y los funcionarios policiales constantemente se dirigían hacia ellos y ella con garabatos.

“Luego de esto una carabinera me llevo al baño de mujeres, donde -de manera muy prepotente- me ordenó que me desnudara, ante lo cual le señalé que esto no era legal y que no me podía ordenar esto”, relata la universitaria.

Agrega que “al escuchar mi respuesta la funcionaria sacó una luma y me dijo “tú creí que no es legal”, mientras sostenía el bastón en la mano. Ante esto, le señalé que lo que ella me ordenaba era un trato vejatorio, además le señalé que estaba menstruando. Minutos más tarde ingresa al baño otra funcionaria de carabineros, esta vez ambas insistieron, forzándome a que me desnudara, y luego me obligaron a hacer sentadillas y a voltearme reiteradamente durante unos minutos”.

Al salir de la comisaría, la estudiante universitaria fue llevada a constatar lesiones en una camioneta con cinco funcionarios varones, uno de los cuales la amenazó con que “este es un buen lugar para perderse” mientras pasaban cerca de un sitio eriazo, mientras la miraba y otro funcionario le tocaba la pierna.

En el centro asistencial se constató que la joven tenía lesiones leves, sin embargo, la doctora que realizó el examen omitió dejar constancia de la herida y la contusión que presentaba en la boca, ni tampoco se le dio una copia o constancia alguna de este procedimiento.

Luego del proceso de evaluación médica, en medio de burlas hacia ella y el resto de los detenidos por parte de carabineros, regresaron a la 38° Comisaría de Puente Alto y la llevaron a un calabozo, donde debió esperar entre 3 y 4 horas y luego fue dejada en libertad.

Asimismo, al momento de ser detenida por funcionarios de Carabineros, éstos le solicitaron su cédula de identidad, la cual nunca le devolvieron, señalando que no se encontraba en su poder, razón por la cual debió sacar una nueva.