Hollande se opone a modificar la Constitución francesa por la “regla de oro”
"Diga lo que diga el Consejo Constitucional, he dicho a los franceses que la 'regla de oro', la vuelta al equilibrio presupuestario, no figuraría en la Constitución", declaró Hollande en una entrevista en televisión.
El presidente francés, François Hollande, se opuso hoy a una modificación en la Constitución de su país para introducir en ella la obligatoriedad de contar con cuentas públicas equilibradas, lo que se denomina la “regla de oro”.
“Diga lo que diga el Consejo Constitucional, he dicho a los franceses que la ‘regla de oro’, la vuelta al equilibrio presupuestario, no figuraría en la Constitución”, declaró Hollande en una entrevista en televisión.
El jefe del Estado galo dijo que es favorable a que ese principio se incorpore a la normativa francesa a través de una “ley orgánica”, sin pasar por la modificación de la Constitución.
El presidente francés ha recurrido esta semana al Consejo Constitucional con el fin de conocer su dictamen sobre el pacto fiscal europeo, que considera como un elemento clave ese compromiso de retorno al equilibrio en las cuentas públicas.
“Será en el marco de una ley orgánica, eso se impondrá a las leyes ordinarias, pero no considero que haya que esculpir en el mármol de nuestros textos un compromiso que, obligatoriamente, es para unos años”, indicó Hollande.
Recordó que “la Constitución no es para unos pocos años, es para siempre”.
Otros países europeos, como España en 2011, han modificado su Constitución con el fin de inscribir en ella el principio de la “regla de oro”.
En septiembre del año pasado, el Parlamento español modificó el artículo 135 de la Constitución para incorporar ese principio posteriormente cifrado en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, aprobado en marzo de 2012 por 25 de los 27 Estados de la Unión Europea.
El pacto fiscal europeo establece un techo de déficit estructural del 0,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) y sanciones automáticas para aquellos países que rebasen el 3 %, salvo oposición de una mayoría cualificada.
