Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprueba nueva Ley de Pesca

Conforme al acuerdo fijado la semana pasada y dentro de los tiempos impuestos por la calificación de urgencia dada por el Ejecutivo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a la Sala el proyecto que modifica la Ley de Pesca, estableciendo criterios de sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos.

La iniciativa comenzó a discutirse el jueves de la semana pasada, tras haber concluido el trámite en la Comisión de Pesca, instancia técnica que analizó el proyecto desde marzo de 2012 hasta hace una semana atrás, cuando concluyó la votación del articulado.

El pasado jueves 12, la Comisión de Hacienda dio el primer paso al aprobar 27 de las 47 materias que le correspondían votar y que también habían concitado el apoyo unánime de los diputados de Pesca.

En la jornada de hoy, se discutió el resto del articulado, gran parte del cual fue objeto de alguna indicación, ya sea de los parlamentarios o del propio Ejecutivo, que buscó restituir algunas de las normas perdidas en la instancia anterior.

Justamente en esta línea, uno de los temas emblemáticos que el Gobierno logró reponer fue el del llamado a licitaciones respecto de los sobrestock que pudieran generar en algunas pesquerías específicas.

Específicamente, la indicación al artículo 27 señala que “en los casos que una determinada pesquería sujeta a régimen de plena explotación y administrada con cuota global de captura, se encuentre en un nivel igual o superior al rendimiento máximo sostenible, se iniciará un proceso de pública subasta de los excedentes de la fracción industrial de la cuota global que se produzcan por sobre dicho umbral. Las licitaciones que se produzcan darán origen a las licencias clase C”.

Además, se determinó que, en aquellas pesquerías que hayan tenido a lo menos tres años continuos, o tres años discontinuos dentro de los últimos cinco años, de licencias transables de pesca clase C, se deberá licitar el 15% de la fracción industrial de la cuota correspondiente al punto biológico de referencia del rendimiento máximo sostenido.

Las licitaciones que se produzcan darán origen a la licencias transables de pesca clase B.

La norma también indica que las licencias transables de pesca clase A, decrecerán en el mismo coeficiente de participación que se licite de las licencias transables de pesca clase B, hasta un límite de 15% de su coeficiente de participación.

“Las licencias transables de pesca clase B serán indefinidas y con un coeficiente fijo. Las licencias transables clase C, tienen una duración de un año y estarán expresadas en toneladas. Para determinar las toneladas a licitar se deberá restar de la fracción industrial de la cuota del año en que se aplicará la licitación, la fracción industrial de la cuota correspondiente al punto biológico de referencia del rendimiento máximo sostenible. Estas licitaciones deberán efectuarse en el año calendario anterior al de su aplicación”, se precisó.

Las subastas tendrán un precio mínimo anual de 3,3% del valor de sanción. En el caso que una subasta se declare desierta, se podrá hacer un segundo llamado. Si también se declara desierta, las toneladas correspondientes no serán asignadas a ningún actor.

Durante los diez primeros años los pagos anuales por licencias transables clase B corresponderán al valor de la adjudicación multiplicado por las toneladas que le corresponda a ese año de acuerdo al coeficiente de su licencia transable de pesca. A partir del año once en lugar del valor de adjudicación, cada titular estará afecto al impuesto específico que se establece también esta ley.

El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Ernesto Silva (UDI) se mostró muy satisfecho por el resultado y resaltó que las únicas indicaciones que fueron aprobadas fueron las del Ejecutivo. Con ello, precisó, se logró restituir todos los temas que se habían perdido, como el ya citado sistema de licitaciones o el mecanismo de certificaciones.

El parlamentario destacó la voluntad de los diputados para sobreponer los intereses nacionales, a través de las políticas del Estado, por sobre los criterios netamente regionalistas, por veces tocados en esta ley.

Los diputados Alberto Robles (PRSD) y Pablo Lorenzini (DC), en contraposición, lamentaron que no fueran acogidas o aprobadas en la Comisión las indicaciones parlamentarias, muchas de las cuales estaban destinadas a fortalecer la actividad del sector artesanal.

El diputado Robles dijo que, por ejemplo, fueron rechazadas las propuestas para proteger a los caladeros históricos, así como para establecer un sistema de protección de salud para los trabajadores. Además, criticó que, por mayoría, se haya aprobado el establecimiento del pago de una patente para los pescadores artesanales cuyas naves están entre los 12 metros y 18 metros de eslora (medido de proa a popa, es decir, de un extremo a otro).