Estudiantes UC que funaron acto de la Fundación Jaime Guzmán reciben asesoría legal ante posibles expulsiones

Fue sin duda el episodio más incómodo que la dirección de la Universidad Católica vivió en la última década. El 15 de diciembre de 2011 estaba todo perfectamente dispuesto para que el Campus Oriente de la casa de Estudios recibiera al Presidente Sebastián Piñera y a las máximas autoridades de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán con motivo de la celebración de los 20 años del think tank ligado a la derecha. Todo perfecto hasta que cerca de 200 los alumnos de la Facultad de Artes rompieron la pulcritud de la ceremonia con tambores, cánticos de protestas y un par de “carapálidas” que dejaron sin habla al rector Ignacio Sánchez.

¿El resultado?  Una escena que hasta hoy se recuerda nítidamente en los pasillos de la PUC: Los estudiantes adherentes al movimiento estudiantil protestando con gritos  contra la Constitución y contra el rol de la UDI y del asesinado senador Jaime Guzmán en la dictadura. Y el titular de Hacienda,Felipe Larraín, retirandose en mitad del cóctel, al igual que su par de Educación,  Felipe Bulnes,y  el ministro de Mideplan, Joaquín Lavín, que abandonaron la cena por la cocina del lugar.

La trifulca también dejó en el estacionamiento al titular de Economía y ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, y canceló cualquier posibilidad de que el Presidente Piñera apareciera en el Campus.

La respuesta por parte de las autoridades  universitarias  no tardó en llegar y fue a través de una entrevista en El Mercurio que el rector Sánchez, anunció un  sumario contra quienes resulten responsables de los hechos . “No es posible que como rector deje impunes a personas que les tiraron huevos a invitados y autoridades”, dijo por esos días.

A 7 meses de la ‘funa’ contra el acto de la agrupación que lleva el nombre del abogado ideólogo de la Constitución de 1980 y fundador de la UDI -y que se celebraba en el mismo lugar donde el político fue asesinado en abril de 1991-, el número de inculpados por la universidad se redujo a 29 estudiantes, en su mayoría ex dirigentes estudiantiles que hoy se arriesgan a la expulsión y acusan vicios en la investigación, por lo cual han buscado asesoría legal y una estrategia de defensa común.  

Asesoría legal

La tarde del pasado viernes 20 de julio, y pese a estar en vacaciones, la casi treintena de estudiantes llegó al Campus Oriente de la UC para analizar los próximos pasos a seguir. La cita, donde también estuvo presente el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC, Rodrigo Echecopar, tenía como objetivo principal reunir por primera vez a los universitarios con un grupo de estudiantes de derecho y abogados titulados de diferentes universidades de Santiago, para trazar las primeras líneas de acción.

El grupo de abogados fue denominado Coordinadora Jurídica y pretende gestionar una estrategia conjunta para la próxima etapa del sumario, denominada de “descargos de la formalización”, para que en agosto -cuando regresan los estudiantes de sus vacaciones-, los universitarios sean un bloque cohesionado y cuenten con propósitos en común.

Así, la Coordinadora Jurídica ha revisado uno a uno los casos de los 29 alumnos sumariados,  que son de tercero, cuarto y quinto año de las carreras de Teatro, Música y Arte y quienes han manejado la información con recelo, pues temen que existan mayores represalias académicas si se conocen detalles de su articulación, al menos hasta que se entreguen las sanciones por parte de la universidad, etapa que podría postergarse hasta octubre próximo.

Sin embargo, para los estudiantes involucrados, -que pidieron mantener sus nombres bajo reserva- lo más crítico de su situación es el “oscurantismo”  con que se ha llevado todo el proceso y los “posibles conflictos de intereses” de las autoridades académicas.

Acusan  “vicios” del sumario

El proceso del sumario se inició con la investigación dirigida por el Secretario General, el abogado Mario Correa Bascuñán. Después de entrevistar a un centenar de alumnos y funcionarios, y de recibir material audiovisual de la Fundación Jaime Guzmán,  se llegó al número de 29  estudiantes formalizados, quienes después de responder a estos cargos, deben esperar la sanción, que puede ser desde una amonestación verbal hasta la expulsión.

Los alumnos acusan que el proceso en su contra “no garantiza estándares suficientes de seguridad jurídica ni, en algunos casos, normas básicas de debido proceso”, tal como reza la declaración pública emanada desde la FEUC.

En esa línea, la Consejera Superior de la federación de estudiantes, Carolina Pérez, quien ha acompañado el proceso de sumario desde que se inició, asegura que el problema radica en que “todo el proceso tiene muchas aristas políticas”.

“En la Universidad Católica la Fundación Jaime Guzmán y la UDI tienen mucho peso. Esto es lo que causa mayor temor en los estudiantes de Campus Oriente”, afirma.

Pérez explica que “uno de los problemas que tiene el proceso es que los estudiantes tienen derecho a defenderse pero no tienen garantizada la defensa, lo que significa que un estudiante que no tiene dinero no tiene acceso a una defensa. Eso es lo que nos preocupa y por eso quisimos hacernos cargo como Feuc y ayudar a los sumariados sea cual sea el caso”.

Otros problemas detectado por los universitarios es que el reglamento del proceso del sumario tiene “problemas de redacción que deja abierto a muchas interpretaciones” además de no especificar los criterios reglamentarios para sancionar. Otro punto cuestionado es que la sanción en primera instancia es dada solamente por el Secretario General y por el rector Ignacio Sánchez -el que participó como invitado al acto de la Fundación Jaime Guzmán-, y no por una comisión mixta.

Asimismo, la última instancia es la Comisión de Apelación, la que está formada, entre otros, por Pedro Morandé Court, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro del Comité Editorial de la Revista cristiana Humanitas y presidente de la Fundación de Orientación Cinematográfica Católica, y del actual Decano de la Facultad de Artes, Ramón López Cauly, donde según los estudiantes no existiría un debido proceso por existir conflictos de intereses.

Desde los estudiantes sumariados los temores aumentan y aseguran que con sanciones a ellos se pretente dar una señal ejemplificadora ante posibles nuevas manifestaciones del resto de los estudiantes, ya que aseguran que la gran mayoría de los 29 sumariados son ex dirigentes estudiantiles.

Consultados por El Dínamo, desde la Universidad Católica afirmaron que la institución no se referirá al tema hasta que el proceso haya finalizado. Tampoco hubo respuesta de la Fundación Jaime Guzmán tampoco quiso referirse al tema.