Las aristas pendientes del caso Kodama, una investigación que sigue en suspenso

El caso Kodama es, básicamente, la historia de cómo una empresa constructora contratada por el Estado para realizar obras de infraestructura (el corredor de Transantiago en Pedro Aguirre Cerda), en un momento consideró que había hecho bastante más de lo que el contrato establecía y que por ello había incurrido en sobrecostos que encarecían el proyecto en miles de millones de pesos.

El ya consolidado esquema chileno de contratación de privados para el levantamiento de obras fiscales está lleno de historias como ésta.

Lo que no es usual es que el ministerio mandante, en este caso Vivienda, y su brazo operativo, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), hayan tenido una acogida tan favorable -para algunos sospechosamente ciega- frente a las demandas de Kodama.

Esa acogida se tradujo nada más y nada menos que en el pago de $17.000 millones de pesos a la empresa como compensación extra judicial por esos gastos extraordinarios. Una cifra inédita, de alto calibre, visada y formalizada expresamente por la ex ministra de Vivienda Magdalena Matte durante el verano de 2011, vía decreto exento N° 8 del 25 de enero.

Aunque el pago nunca llegó a hacerse efectivo, en parte porque la autoridad que lo suscribió (Matte) se vio obligada a suspenderlo en cuestión de días al encenderse las alarmas en el seno de su gabinete, quedaron en el aire mil interrogantes que hoy son materia de investigación por parte del fiscal jefe de la unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte José Morales, en nombre del Ministerio Público.

¿Fue razonable el cálculo de los $17.000 millones de pesos como indemnización para Kodama?, ¿quiénes promovieron y asesoraron esa negociación en nombre del ministerio con Kodama, la contraparte?, ¿significó la operación intento de fraude al Fisco?, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la ex secretaria de Estado?, ¿puede ella eximirse de responsabilidades, alegando desconocimiento de lo que autorizó a través de ese decreto?.

Otro misterio aún no resuelto: ¿por qué días antes de que la inusual negociación entre Kodama y el Serviu llegara a buen puerto viajaron a Buenos Aires, en el mismo vuelo y con el mismo itinerario, un funcionario del Serviu, uno de los socios dueños de Kodama, y sus dos abogados asesores?, ¿hubo delito de cohecho?, ¿cuál es exactamente el rol que tuvo en esta frustrada operación el asesor personal de la ex ministra, el controvertido abogado Álvaro Baeza?

Estos son algunos de los puntos que debería despejar la Fiscalía que, de acuerdo con una de las partes querellantes, hasta ahora ha seguido la tradicional línea investigativa de delitos de naturaleza económica, revisando minuciosamente la situación de los involucrados en la negociación, sus vínculos familiares, y si en virtud de ellos aparece información de movimientos financieros relevantes.

De ahí que dentro de las diligencias se haya pedido, por ejemplo, a todas las corredoras de la plaza, información asociada a los RUT de los involucrados para establecer si existe algún movimiento importante que proporcione nuevas pistas.

El foco sobre Rafael Marambio

En ese marco, hasta ahora la situación más desglosada es la del ex subdirector jurídico del Serviu, Rafael Marambio. Sus antecedentes, según quienes han tenido acceso a la carpeta investigativa, incluyen varias inconsistencias.

Entre otras cosas, la Fiscalía busca establecer el origen de los cerca de $23 millones que Marambio habría depositado en su cuenta entre 2010 y 2011, justo en el período en que él participaba en nombre del Serviu de las negociaciones para compensar a Kodama.

Según la versión entregada por Marambio, $13 millones que depositó en octubre de 2010 corresponderían a un crédito de consumo con el que adquirió una camioneta, la que sin embargo no pudo seguir pagando. Sobre los cerca de $10.000.000 depositados en diciembre de ese mismo año, justificó $5.500.000 con la venta del auto de su esposa, quien le habría entregado el dinero en efectivo.

Otros $4.616.000, según ha explicado, los habría recibido también de su cónyuge, la abogado Ximena Aguirre, quien aparentemente los recibió como pago por una asesoría realizada a la empresa Factop S.A.

La operación estaría respaldada con un contrato y una boleta de honorarios. Efectivamente, el convenio de honorarios está fechado el 1 de febrero de 2010, pero no está autorizado ante notario, por lo que según uno de los abogados querellantes no hay garantía de que esa sea la fecha cierta del documento.

Por otra parte, la boleta de honorarios tiene fecha 28 de junio del 2011, cuando ya había estallado el caso con sus respectivas querellas.

En opinión de una de las partes querellantes lo que se aprecia hasta el momento es que si bien los ejercicios investigativos de las cuentas y dineros se han solicitado para todos los involucrados -algunos de los cuales han decidido renunciar al secreto bancario-, la investigación se ha concentrado en la situación de Marambio, quien de los ex funcionarios del ministerio de Vivienda implicados ejerció uno de los cargos de menor rango y desde esa posición pudo participar, aunque difícilmente liderar una operación que involucró $17.000 millones.

El inexplicable viaje a Buenos Aires

Marambio dejó huellas importantes de su grado de involucramiento con la empresa Kodama. Entre las 13:47 Hrs. y las 13:49 Hrs. del 11 de enero de 2011, esto es dos semanas antes de que Kodama consiguiera el decreto firmado por la ministra, se embarcaron en el mismo vuelo a Buenos Aires -y con el mismo itinerario (que incluyó el regreso para el día 13)- Marambio, Kenji Kodama, socio de la constructora, y sus abogados Matías Cortés y Rodrigo Alcaíno.

Este antecedente está acreditado. Según se deduce de la individualización de las patentes y del seguimiento que ordenó la investigación (que incluye el tránsito de vehículos por los portales de Costanera Norte), el 11 de enero cada uno de los viajeros (Marambio, Kodama, Cortés y Alcaíno) llegó en su auto al aeropuerto.

En su declaración, Kenji Kodama asegura que la razón de su viaje fue explorar posibles negocios en la capital argentina. Para tal fin, su secretaria le habría arrendado un departamento por US$ 150 diarios en Buenos Aires.

Por su parte, los abogados Alcaíno y Cortés han afirmado que viajaron para realizar unas asesorías, y Marambio ha dicho que cruzó la cordillera para visitar a un hermano. Los cuatro niegan haber tenido una agenda común en Buenos Aires.

Al ex subdirector jurídico del Serviu le pesa además haber aceptado que Rodrigo Alcaíno, abogado de Kodama, le pagara ese boleto aéreo, justo en la recta final de la negociación de los $17.000 millones. La explicación de Marambio es que le devolvió el dinero del pasaje en un café de Santiago, versión corroborada por el abogado.

Las partes querellantes son:

– El Consejo de Defensa del Estado, por fraude consumado al Fisco, en contra del ex asesor de Matte, Alvaro Baeza; del ex subdirector del Serviu, Antonio Llompart, del ex subdirector jurídico del servicio, Rafael Marambio, de Kenji Kodama, uno de los dueños de la constructora, y de sus abogados Matías Cortés y Rodrigo Alcaíno.

– El senador del MAS Alejandro Navarro, quien destapó el caso, contra Kodama por fraude al Fisco y cohecho, y por la responsabilidad penal de la firma.

– La Democracia Cristiana (DC), contra quienes reulten responsables, patrocinada por el jurista Jorge Claissacs.

– El Partido Socialista (PS), contra quienes resulten responsables por posible fraude al foisco y estafa, representado por los abogados Enrique Aldunate y Camila Cancino.

A quiénes involucra la investigación

La investigación se centra en la actuación del asesor de la ex ministra Matte, Alvaro Baeza; del es director delServiu Antonio Llompard, del ex subdirector jurídico del Serviu, Rafael Marambio; del ex subdirector de Pavimentación del mismo servicio, Franz Greve, y de los abogados de Kodama Raúl Alcaíno y Matías Cortés.

La situación de la ex ministra

La comisión de la Cámara de Diputados que tuvo como misión investigar el caso, desde que Kodama se adjudicó el polémico contrato para la edificación del corredor del Transantiago, hace seis años, hasta la fallida indemnización a la empresa constructora, eximió de responsabilidad a la ex ministra.

Ella, sin embargo, nunca llegó a prestar declaración ante los parlamentarios, pese a que fue invitada en dos ocasiones a entregar su testimonio. En la primera se excusó por estar fuera del país, y en la segunda argumentó razones familiares.

Con quien no pudo excusarse la ex secretaria de Estado (esposa del senador UDI Hernán Larraín y madre de Pablo Larraín, director de la película NO, y del asesor presidencial Hernán Larraín), fue con el fiscal Morales, ante quien declaró el 10 de junio del año pasado en calidad de testigo. El objetivo: establecer si actuó o no con “negligencia inexcusable.

En esa oportunidad Matte admitió que “firmando la transacción se comprometían los intereses del Estado” y que formalizar el acuerdo por medio de un decreto exento y una transacción extrajudicial (saltándose así el control de la Contraloría) era “completamente improcedente”.”Ahora me queda claro que se hizo una operación muy bien pensada para saltarse a la Contraloría. Me refiero a las personas que participaron en el proceso de negociación”.

Su abogado, Juan Domingo Acosta, informó que la Fiscalía no ha encargado nuevas diligencias que la involucren.

El asesor Baeza

Álvaro Baeza ha sido señalado en varias declaraciones como el artífice de las diversas etapas de la negociación del fallido decreto indemnizatorio.

Sin embargo, establecer cuál fue su rol exacto y por extensión su responsabilidad ha sido, según quienes han tenido acceso a la carpeta investigativa, uno de los puntos menos logrados en las averiguaciones.

Entre medio, y en otro caso que lo involucra, Baeza fue formalizado por el delito de prevaricación en grado consumado y en calidad de autor en el marco de la investigación por sus actuaciones como representante de la Asociación Gremial Canteros de Colina, representando al mismo tiempo a las sociedades anónimas que se hicieron de los derechos mineros que el gremio de los canteros cedió, siguiendo su consejo.

4 cálculos de indemnización

A comienzos de este año la Fiscalía recibió el peritaje solicitado por el Ministerio Público al Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Universidad Católica de Valparaíso para que determinara qué monto de supuestos sobrecostos debió pagar realmente el Serviu a Kodama por el retraso en el despeje de zonas para construir el corredor de Pedro Aguirre Cerda, considerando que este último fue uno de los argumentos de la empresa para pedir ser recompensada.

Según los cálculos del CEAL ese pago extra se ubicaría entre los $5.897 millones y los $8.087 millones. La diferencia se explica por el empleo de distintas metodologías, ambas válidas en el análisis.

Lo cierto es que el resultado de la investigación del CEAL, ($ 8.000 millones como máximo) es menos de la mitad del cálculo al que llegó en primera instancia la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (DICTUC), centro que a solicitud de Kodama cifró en $17.313 millones los sobrecostos.

Hay otros dos estudios, que miden los sobrecostos por mucho menos que el CEAL: el del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM), solicitado por la ex ministra Matte cuando se desató elescándalo, y que llegó a los $2.800 millones, y el de la Contraloría General de la República, que fijó su cálculo en $131 millones.

Según fuentes que han accedido a parte de la investigación, un antecendente clave en este ámbito sería el hecho de que Kodama, en la negociación con sus abogados, habría reconocido como monto mínimo a recuperar $4.000 millones.

En manos de los mejores bufetes de la plaza

En el caso Kodama, están involucrados prestigiados bufetes de abogados. A Álvaro Baeza lo está defendiendo el abogado Miguel Chaves, antiguo socio del bufete Bofill Mir & Alvarez Jana y actual socio del estudio Chaves Awad Contreras Schurmann.

A la ex ministra Matte la representa Juan Domingo Acosta, del estudio Espina, Zepeda y Acosta; a Rafael Marambio lo defiende Matías Balmaceda, de la oficina Balmaceda, Cox y Piña; a Franz Greve José Ignacio Escobar, de Harasic y López; a Kodama el abogado Luis Hermosilla, y a Antonio Llompard, el penalista Hugo Rivera.

Investigación en suspenso

Si bien la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, liderada por el fiscal José Morales, ha estado recargada y capturada por el caso La Polar, las partes querellantes esperan que la investigación esté formalizada antes de fin de año.

En tanto, pueden proponerse nuevas diligencias y ampliarse algunas querellas, y no pocos esperan un giro más audaz por parte del fiscal Morales, convencidos de que el delito de disponer arbitrariamente del patrimonio fiscal, está técnicamente probado a partir del momento en que la ex ministra firmóel olémico decreto.
En general, el énfasis seguirá puesto en el viaje a Buenos Aires, pero también podría apuntar a desentrañar mejor la participación de Baeza, uno de los puntos aparentemente más incompletos hasta ahora en la investigación.